La carrera de las empresas por llegar a los fondos europeos empieza a ponerse al rojo vivo en España ante la cercanía del mes de abril para tener definidos todos los proyectos y la incertidumbre que todavía pesa sobre los trámites necesarios para la adjudicación. La gestión centralizada que se ha elegido para desarrollar todo el sistema y la falta de definición de los programas concretos a los que las empresas interesadas podrán adaptar sus proyectos está empezando a minar el ánimo de muchas compañías, que no ven avances a apenas dos meses del plazo para llevarlos a Bruselas. Desde algunos de los despachos y las grandes consultoras implicadas en este proceso y conocedoras al detalle de cómo ha evolucionado en los últimos cuatro meses, sienten la presión de cientos de clientes que esperan una respuesta con propuestas innovadoras y que cumplen con las líneas generales que hasta ahora se conocen, para muchos de los cuáles el acceso a esa financiación europea es fundamental para salir del atolladero económico en que nos ha metido la crisis sanitaria del virus.
Las primeras alarmas se han levantado en el sector privado a la vista de que el polémico decreto ley que regula la gestión y gobernanza de los fondos europeos, aprobado de carambola gracias a la abstención de Vox, no contempla ni una de las medidas que desde la patronal se recomendaron al Gobierno, de cara a agilizar los trámites para adjudicar ese dinero de forma transparente y eficaz a todo tipo de empresas. Desde CEOE se cuenta desde finales del año pasado con el asesoramiento de los cuatro grandes despachos del derecho de los negocios en España -Garrigues, Uría, Cuatrecasas y PWC-, que elaboraron y mandaron a Moncloa un texto normativo “cerrado y sensato”, basado en la figura de la concesión administrativa y que permitía a las empresas guardar la confidencialidad de la parte esencial de sus proyectos, para evitar trasvases de información a la competencia. Hay que recordar que la figura de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) que ha elegido el Gobierno para adjudicar las ayudas pueden utilizar la idea que plantea una empresa y acabar adjudicándole las ayudas para llevarlo a cabo a otra, un riesgo que ninguna empresa innovadora quiere correr.
Fuentes empresariales y jurídicas conocedoras del minuto y resultado de la situación se lamentan de que la opción del Gobierno haya descartado por completo lo que los empresarios y sus asesores profesionales recomendaban y se haya optado por una “ordenación por amontonamiento” de los proyectos, con serias dudas de que se llegue al mes de abril con todas las iniciativas que hay incluidas en el plan que desde Moncloa hay que enviar a Bruselas. Tras la decisión de que todas las ayudas vayan por la vía de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), distribuidas por ministerios y con el aval administrativo de las CCAA y los ayuntamientos, se ha optado por un modelo “estatalista”, que apuesta por el “Estado emprendedor”, con serias dudas de que cuente con el ejército de funcionarios bien preparados que necesita cuanto antes para desatascar la situación. Todo ello en plena pandemia y con el hándicap que puede suponer el teletrabajo para la buena comunicación y coordinación de todo el volumen de datos que hay que analizar.
El proceso se basa ahora en los llamados ‘Memorandos de Información’ (MDI), que llegan a todos los ministerios y de cuyo análisis se debieran sacar las líneas y los programas específicos que el Ejecutivo debe publicar para cabida a los proyectos de las empresas. “Lo más que se conoce ahora es lo mismo que había en octubre pasado”, señalan las fuentes consultadas, y se genera “una desconexión absoluta entre la decisión política que debe ejecutar un gasto del Estado y la realidad de las empresas. Lo que hay es un montón de directores generales que tienen que imaginar proyectos y líneas donde gastar el dinero”.
La amenaza del gran atasco
Tras rechazar las opciones de los empresarios, el Gobierno tiene abierto ahora un frente triple: reordenar la Administración y coordinarse con CCAA y ayuntamientos para aprobar los proyectos, negociar de forma paralela con Bruselas el plan de reformas pendientes para que no se bloquee el dinero y, por último, escudriñar una cantidad ingente de información que llega en forma de MDI y posibles PERTE para dar a conocer el ámbito y alcance de las convocatorias.
Los técnicos consultados entre las consultoras y los despachos aseguran que una de las ventajas de ser todo vía PGE es que el dinero va a llegar seguro, porque se adelanta con Deuda Pública, tal y como ha señalado el Estado. El problema está en que si no se llega a tiempo a analizar y ordenar toda la información, al menos las primeras partes van a ir a parar a los proyectos "viejos" que ya tenía en marcha el Gobierno en materia de infraestructuras del ámbito energético o digitalización pendientes de financiar, al reforzamiento del sector público empresarial (sin incluir el rescate a empresas zombis o en del entorno de la SEPI) y a las iniciativas de las grandes empresas, que sí están preparadas y bien asesoradas.
El propio Ejecutivo ha admitido que las pequeñas y medianas empresas pueden quedar relegadas en todo eso proceso, al menos en los primeros 27.000 millones que hay que gastar en 2021. Desde consultoras punteras de asuntos públicos, como Llorente y Cuenca (LLYC) se han movido iniciativas como la unión de empresas por sectores con proyectos comunes que pueden acceder con más facilidad a los fondos, para paliar el problema del acceso a las pymes, si bien no descartan que se establezca un canal específico para ello o un sistema que obligue a las más grandes sacar proyectos aguas abajo para que lleguen al máximo tejido empresarial posible.
Los equipos de trabajo multidisciplinar para el fondo ‘Next Generation’ que han surgido en los grandes despachos y consultoras defienden ese tipo de iniciativas amplias, como las que abarcan la regeneración urbana o la movilidad inteligente, en las que la iniciativa privada puede comprometer mucha inversión, pero lamentan que se trate de líneas generales todavía sin desarrollar, “que hacen imposible la conexión entre lo público y lo privado que tanto se predica, pero que aún no se puede articular”, insisten. “Las empresas se están moviendo mucho, pero no conocen partidas concretas, porcentajes de inversión y ayuda, régimen administrativo a seguir y un montón de detalles necesarios cuando vas a arriesgar también tu dinero para generar economía para todos”, insisten.
El problema más grave que se está detectando ahora es que hay muchos proyectos que, a la vista de que es imposible crear sociedades mixtas de inversión en las que no haya mayoría de capital público y estén controladas por el Estado, desisten y prefieren esperar a ir por su cuenta cuando las cosas vayan mejor. “Ni siquiera las consultas preliminares de mercado, los llamados MDI, están reguladas en España, y hay empresas que participan y otras que desisten. Ante tanta incertidumbre y el cuello de botella que se puede generar si todo lo decide Moncloa, muchas ya se están echando para atrás”, aseguran.
