Choque entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo regulador ha reprochado que el departamento que dirige Teresa Ribera haya difundido información confidencial sobre las subastas de capacidad renovable que se celebraron en los meses de enero y octubre del año pasado. Al cierre de ambas convocatorias, el ministerio publicó ciertos datos que, a ojos del supervisor que preside Cani Fernández, son susceptibles de alterar el grado de competencia y el nivel de agresividad de las ofertas presentadas por los grupos energéticos participantes en este tipo de procesos competitivos.
La 'reprimenda' de Competencia se centra en el contenido de las notas de prensa que el ministerio divulgó una vez concluidas las dos últimas subastas de capacidad. En concreto, el regulador señala que el departamento no debió hacer público el desfase entre el total de la capacidad ofertada por los candidatos y el total adjudicado, algo que podría condicionar la actitud de los inversores de cara a las convocatorias sucesivas. La próxima tendrá lugar este mes de abril y pondrá en juego 500 MW destinados, en su mayoría, a renovables alternativas (termosolar y fotovoltaicas más pequeñas).
Así se desprende de un reciente informe, fechado el pasado 20 de enero, que ha elaborado la sala de Supervisión Regulatoria del organismo regulador al que ha tenido acceso La Información. Se da la circunstancia de que el marido de la vicepresidenta tercera, Mariano Bacigalupo, es uno de los miembros del consejo de dicha sala por lo que figura como autor del citado informe. En sus años como consejero de la CNMC, Bacigalupo se ha consagrado como uno de los mayores especialistas del panorama nacional en cuanto a la naturaleza regulatoria del sistema eléctrico español. Esto no ha impedido que su posición en el organismo se haya convertido en frente de polémica para el Gobierno, así como en un motivo de fricción puertas adentro de la CNMC, dado su vínculo personal con la ministra energética.
La cuestión que ha puesto de relevancia el citado informe se remonta a la megasubasta del 26 de enero de 2021, la primera convocada en España desde julio de 2017. La puja tuvo lugar en un momento calve para la política energética del ministerio, en un escenario de precios instalados en niveles máximos desde la tormenta Filomena, reflejando un incremento del entorno del 21% respecto a los niveles de enero de 2020. Además, el sector empezaba a digerir la perspectiva del primer giro normativo del Gobierno, la aprobación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que anticipaba un traslado de costes fijos de la factura de la luz a operadores de carburantes y gas.
La CNMC ha advertido al ministerio de que la divulgación de un exceso de información sensible puede desincentivar el interés de los inversores por participar en futuras subastas
El éxito de la subasta de enero fue rotundo, con Capital Energy, Naturgy y X-Elio (KKR y Brookfield) como principales adjudicatarios. El departamento que dirige Ribera sacó pecho tras adjudicar 3.034 MW a un precio por debajo de mercado, "lo que se traducirá en ahorros directos en la factura de la luz", incidió el ministerio. Transición Ecológica fue un paso más allá y detalló que a la subasta habían concurrido 84 agentes que presentaron ofertas por 9.700 MW ("más de tres veces la potencia subastada"), lo que el ministerio destacó como "un reflejo del gran interés por las renovables en España y lo atractivo del nuevo marco normativo". La cartera volvió a difundir esta información en la subasta de octubre. La minuciosidad de estas publicaciones, que por su propia naturaleza juegan un importante papel divulgativo, es lo que ha motivado el toque de atención del regulador. Consultado por este diario, el ministerio ha declinado hacer comentarios al respecto.
Los técnicos de la CNMC han considerado que "la publicación de información adicional de detalle sobre el desarrollo de la subasta, tales como los datos referidos a la potencia ofertada y no adjudicada tras la primera y segunda subastas renovables, que se hicieron públicos a través de notas de prensa del ministerio, proporciona información valiosa sobre la potencia susceptible de concurrir en próximas subastas". La CNMC alerta de que esta información relativa a la presión competitiva de las pujas puede condicionar la participación de los inversores en dichos procesos competitivos.
En profundidad, el organismo que dirige Cani Fernández alerta de que el apetito de los potenciales candidatos podría desinflarse, si estos son conscientes de que el volumen de ofertas no adjudicatarias es significativo en relación al volumen de megavatios en liza. En este escenario, los inversores podrían desistir antes de tiempo al prever un elevado nivel de competencia y, por tanto, la exigencia de ofertar precios bajos, lo que se traduce en márgenes ajustados que no todos los operadores pueden asumir.
Podría darse el caso contrario, si el volumen de ofertas no adjudicatarias es mínimo respecto al cupo a subastar. En tal caso los aspirantes podrían relajar la agresividad de sus ofertas, esto llevaría a cerrar la subasta a precios elevados y, en última instancia, implicaría un menor ahorro para el consumidor. En su lista de conclusiones, el regulador insta a Transición Ecológica a modificar su estrategia de comunicación de cara a futuras subastas, a fin de ajustar sus divulgaciones al umbral mínimo de transparencia que exige la ley sin entrar en detalles que puedan distorsionar el adecuado nivel de concurrencia.
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