Ribera impone la omertá al lobby verde en la negociación del hachazo renovable

El Gobierno busca sacar adelante sin interferencias su última baza para bajar la factura de la luz, a través de un ajuste a la retribución del llamado Recore (renovables y cogeneración). El sector cifra el recorte en 2.000 millones. En un primer momento, la idea del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera era aprobar la medida de forma exprés, a lo largo del pasado noviembre. Cuando el contenido de las negociaciones con las asociaciones del sector trascendió públicamente, se desató la polémica y el ministerio puso la cuestión al ralentí. Para evitar nuevas intromisiones, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha impuesto al lobby renovable una omertá, a fin de que las negociaciones sigan su curso en la más rigurosa confidencialidad.

Desde el principio, el ministerio se ha empeñado en avanzar en su propuesta  a puerta cerrada, algo que no ocurrió, por ejemplo, en el debate del hachazo a las eléctricas que, finalmente, descarriló por la férrea oposición de los gigantes del sector. El Gobierno lleva meses perfilando el ajuste a los ingresos del Recore junto a las principales asociaciones del sector. Si en noviembre fue la propia Ribera quien lideró las reuniones, ahora la vicepresidenta tercera ha pasado el testigo a Sara Aagesen. De hecho, ha sido la secretaria de Estado de Energía quién ha exigido a los grupos de interés incluidos en el debate asumir una cláusula de máxima confidencialidad a fin de evitar cualquier trascendencia pública no controlada sobre estas conversaciones.

Tal y como transcurrieron las conversaciones el pasado noviembre, el departamento que dirige Ribera no lo tendrá fácil para lograr una posición de consenso en el sector. Entonces, uno de los grandes escollos para sacar adelante el ajuste fue Acciona. La compañía presidida por José Manuel Entrecanales sería una de las más perjudicadas por la medida. El impacto se explica por la propia naturaleza de los activos verdes del grupo, pues una parte importante de su cartera la forman instalaciones verdes (sobre todo eólicas) anteriores a 2013, que están a punto de alcanzar la rentabilidad tope para salir del Recore y volver a operar a mercado.

El hecho de que buena parte de la capacidad verde de Acciona pueda salir del régimen primado a partir de 2023, cuando vence su vida regulatoria, supone que desde ese momento estas plantas estarán habilitadas para ofertar energía en el mercado libre, donde no existe la imposición de devolver la retribución extra. En el actual escenario de precios elevados, esto supone un revulsivo al que Acciona no está dispuesta a renunciar sin presentar batalla, como quedó patente en las negociaciones mantenidas hace un par de meses.

El ministerio que dirige Ribera está decidido a levantar un muro de contención contra posibles filtraciones que pudieran descarrilar las negociaciones con el lobby renovable

La medida que Transición Ecológica ha vuelto a poner sobre la mesa de los grupos de interés vinculados al negocio renovable plantea obligar a las instalaciones que operan en el citado régimen primado a subastar una parte de la energía producida para cubrir, a un precio inferior al que obtendrían con la venta en el mercado mayorista (pool en la jerga), la demanda de los consumidores acogidos a la tarifa regulada, conocida como PVPC, así como la de los grandes clientes industriales. 

Transición Ecológica alega ante el sector que la propuesta no afectaría a la rentabilidad de las instalaciones, mientras que las voces más reticentes insisten en que sí trastocaría la liquidez de las mismas, pues anticipan una merma de la capacidad de las instalaciones para hacer frente al pago de los préstamos contraídos, según fuentes conocedoras de la negociación consultadas por La Información. 

Aunque Acciona llegó a convertirse en el foco de las negociaciones de Ribera, la medida podría salir adelante sin la cooperación del grupo en manos de la familia Entrecanales. De los 90 TWh (teravatios hora) que se generan dentro del Recore, el Gobierno necesitaría 27 TWh para cubrir a los consumidores acogidos a la PVPC, así como otros 30 TWh adicionales para garantizar la demanda de los grandes clientes industriales. 

Más que una cuestión de números, el empeño de la propia Ribera en lograr un acuerdo unánime responde al interés del ministerio en aprobar el decreto sin fisuras. Entre otras cosas, para evitar nuevos cruces de acusaciones que pongan en tela de juicio ante los inversores la seguridad jurídica del territorio español, como ocurrió con las grandes eléctricas en su cruzada por librarse de un 'mordisco' a sus ingresos de 2.300 millones de euros. El antecedente de la pugna con los colosos del mercado eléctrico-encabezados por Iberdrola y Endesa- también está detrás del interés del departamento que lidera Ribera en levantar un muro de contención contra posibles filtraciones que permita al ministerio canalizar íntegramente el flujo de información sobre el desarrollo de las conversaciones, en su intento por mantener su última baza para bajar la factura de la luz apartada de miradas indiscretas y lejos del debate público.