La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación contra las petroleras Repsol, Cepsa y BP por posibles prácticas anticompetitivas a raíz de la denuncia de dos asociaciones independientes de los operadores petrolíferos. En ellas consideran abusivos los descuentos que realizan en el combustible.
Fuentes de Cepsa han indicado que han puesto a disposición del organismo supervisor toda la información requerida con el "pleno convencimiento de la correcta actuación" de la compañía en materia de competencia. También BP ha señalado que la CNMC ha realizado una inspección en sus oficinas de Madrid y que han colaborado con el organismo de competencia a lo largo de todo el proceso. Repsol también ha indicado, por su parte, que ha colaborado plenamente con la CNMC y ha negado "rotundamente" los hechos denunciados, al tiempo que ha señalado que cumple "de manera estricta" con la regulación en materia de competencia.
La CNMC, según recoge Efe, ha dado a conocer este miércoles por la mañana que ha abierto una investigación por posibles prácticas anticompetitivas a diversos operadores del sector energético español, aunque no concretaba cuáles eran, en "el marco de una información reservada abierta tras la presentación de varias denuncias", que tampoco especificaban.
Entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2022, la CNMC llevó a cabo inspecciones en la sede de varios operadores del sector energético español. Las inspecciones son un mecanismo ordinario de investigación y se pueden producir sin que haya una expediente sancionador. Al parecer en este caso, la investigación se ha abierto a partir de las denuncias de dos asociaciones de operadores petrolíferos independientes, una de la cuales sería la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae).
En concreto, denuncian que la política de descuentos en el carburante de estos tres operadores (los mayores de España), que además del descuento de 20 céntimos del Gobierno aplican otros adicionales ligados a programas de fidelización, es de carácter abusivo. La investigación se produce en un momento en que la vigencia de ese descuento de 20 céntimos que se aplica con carácter general desde abril a los carburantes en España (15 céntimos a cargo del Gobierno y 5 céntimos por las gasolineras) está a punto de finalizar.
El Ejecutivo tiene que decidir si prorroga para 2023 o parte de ese año ese descuento, y si será para todos los que reposten carburante, como hasta ahora, o sólo para determinados colectivos. La CNMC ha dicho que si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incoará formalmente un expediente sancionador.
Además, ha recordado que las prácticas anticompetitivas y los abusos de posición de dominio constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.
El Gobierno estará "pendiente"
La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha hecho este miércoles un llamamiento a las empresas energéticas para que actúen "acorde con la legislación" vigente, al tiempo que ha afirmado que el Gobierno estará "pendiente" de la investigación iniciada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) en este sentido.
Así ha respondido, a preguntas de los medios -y recoge Europa Press- en un acto en Santiago de Compostela después de conocerse que la CNMC ha abierto una investigación a diversos operadores activos en el sector energético español por posibles prácticas anticompetitivas. A tenor de esta cuestión, de "ultimísima hora", ha dicho Aagesen, la secretaria de Estado ha mostrado su respeto por la labor del CNMC, que está "ejerciendo su labor" con esta investigación, de la que ha dicho que el Gobierno "estará pendiente" para "ver cómo se resuelve".
A renglón seguido, ha hecho un llamamiento a las empresas energéticas para que "su comportamiento sea acorde con la legislación" y que no sea necesario abrir "este tipo de expedientes de información que distorsionan, al final, el mensaje que llega a la población".
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