La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de México ha autorizado la venta de los activos mexicanos de Iberdrola y desbloquea una operación por la que la eléctrica española percibirá unos 6.000 millones millones de dórales (casi 5.500 millones de euros). No obstante, establece una serie de condiciones para fortalecer el gobierno corporativo del vehículo de inversión, para asegurar que las centrales operen en el mercado eléctrico en condiciones de competencia, en beneficio de los consumidores, al mismo tiempo que el Estado mexicano recupera el liderazgo en la generación de energía eléctrica, meta que se fijó en la iniciativa de reforma constitucional.
Fue en abril del año pasado cuando Iberdrola y Mexico Infrastructure Partners (MIP) informaron de un acuerdo por el que el fideicomiso liderado y gestionado por la compañía estatal azteca adquiere 8.539 megavatios (MW) de capacidad instalada: 8.436 MW de ciclos combinados de gas y 103 MW eólicos. Meses más tarde, en junio, comunicaron los términos del acuerdo por el que MIP se queda con el 55% del beneficio bruto de explotación (Ebitda) de Iberdrola en el país, incluyendo los contratos asociados y los más de 410 empleos relacionados.
La Cofece ha resaltado que las cláusulas obligan a los compradores, MIF y Fonadin, a operar las plantas de manera independiente y evitar intercambios de información sensible o estratégica entre competidores. En este sentido, ha impuesto a los compradores reducir y mantener su inversión en un máximo de 51%, a concretarse en no más de dos años. También deben designar a un administrador profesional independiente para la toma de decisiones relativas a la operación de las 12 plantas de ciclo combinado y una eólica compradas a Iberdrola.
Controles y mecanismos de control
Asimismo, el regulador mexicano ha pedido establecer controles y mecanismos para que su administración se base en decisiones tomadas mediante votaciones calificadas o con intervención obligatoria de inversionistas institucionales o miembros independientes. Y para obligar a que la operación de dichas centrales de generación se dé con independencia y sin conflicto de interés.
Por su parte, para evitar que exista intercambio de información sensible, ha demandado designar a un oficial de cumplimiento totalmente independiente a las partes que verifique y garantice esta situación. Además, ha exigido a los directivos y personas encargadas de la operación de las plantas abstenerse de tener cargos en alguna otra empresa competidora, sumado a que no podrán ser designados aquellos que fueron servidores públicos en los últimos 4 años.
"De tal manera (…) las plantas de generación eléctrica operarán de manera autónoma e independiente en el mercado; sin injerencia o comunicación con sus competidores", reza el comunicado. El organismo ha precisado que estas condiciones tienen una vigencia de 10 años y serán constantemente verificadas por la Cofece.
Por su parte, el Gobierno mexicano ha subrayado que la "autorización establece compromisos para fortalecer el gobierno corporativo del vehículo de inversión, para asegurar que las centrales operen en el mercado eléctrico en condiciones de competencia". Así como “en beneficio de los consumidores, al mismo tiempo que el Estado mexicano recupera el liderazgo en la generación de energía eléctrica, meta que se fijó en la iniciativa de reforma constitucional”. Además, ha celebrado que con esta decisión se alcanza el objetivo del Gobierno mexicano de contar con el 54 % en la generación eléctrica del país, “recuperando presencia de mercado en áreas estratégicas para la relocalización de empresas que hoy vive México”.
11.000 millones de euros libres para inversión
Iberdrola sorprendió a principios de año con la renuncia a la fusión de su filial estadounidense Avangrid y PNM Resources, dejando libres 11.000 millones de euros para otras inversiones. La compañía optó por escindir el acuerdo que se firmó en octubre 2020 "al no haberse cumplido en el plazo contemplado al efecto las condiciones previstas en el mismo para el cierre de la operación". La operación valoraba a la empresa en unos 8.300 millones de dólares (7.500 millones de euros al cambio actual) y era uno de los pilares estratégicos para el crecimiento de Iberdrola en Estados Unidos.
