Iberdrola renuncia a la fusión de su filial estadounidense Avangrid y PNM Resources. La compañía ha optado por escindir el acuerdo que se firmó en octubre 2020 "al no haberse cumplido en el plazo contemplado al efecto las condiciones previstas en el mismo para el cierre de la operación", según explica en una comunicación remitida este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación valoraba a la empresa en unos 8.300 millones de dólares (7.500 millones de euros al cambio actual) y era uno de los pilares estratégicos para el crecimiento de Iberdrola en Estados Unidos. El plazo finalizaba el 31 de diciembre tras varias prórrogas.
"Desde 2020, Avangrid, líder nacional en energía limpia, ha luchado para obtener la aprobación de su fusión con PNM, una fusión que aportaría más de 300 millones de dólares (2.719 millones de euros) en beneficios a los consumidores y comunidades de PNM", ha señalado Avangrid en un comunicado.
Los deseos de la española, que libera 11.000 millones de euros previstos para la compra, se complicaron por el rechazo de algunas autoridades. En diciembre de 2021, el regulador de Nuevo México se opuso por unanimidad a la compra de PNM Resources por parte de Avangrid alegando la fuerte concentración de poder del presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán y la implicación de la compañía en España en el 'caso Villarejo'. Iberdrola presentó un recurso de apelación frente a la resolución por la que se rechazaba el acuerdo de compra ante el Tribunal Supremo de Nuevo México.
El propio presidente de Iberdrola se mostró convencido de que el recurso contra la decisión del regulador sería positivo y que la operación se cerraría en los meses posteriores. "Es muy beneficiosa para los accionistas de las compañías y los ciudadanos", dijo en su día. Además, para clamar las críticas de concentración de poder, la compañía nombró a un consejero delegado, Armando Martínez Martínez, aunque Sánchez Galán sigue con los poderes ejecutivos. En mayo de 2023, la Corte Suprema del estado de Nuevo México rechazó una solicitud para someter a una nueva audiencia la fusión y su posterior reconsideración. La fusión sí que recibió luz verde por parte de la Comisión Reguladora de Energía estadounidense (FERC) en abril de 2021.
Adiós a un gigante eléctrico en el país norteamericano
Por el contrario, el regulador de Nuevo México aseguró que la operación supondría más riesgos que beneficios para los ciudadanos. Iberdrola, que controla un 81,5% de Avangrid, confiaba en crear con esta fusión una de las mayores compañías del sector norteamericano con 10 eléctricas reguladas en seis estados (Nueva York, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo México y Texas) y el tercer operador de renovables de Estados Unidos con una presencia total en 24 estados.
La operación, que se anunció en octubre de 2020, valoraba a la eléctrica de Nuevo México y Texas en unos 8.300 millones de dólares (unos 7.520 millones de euros) entre capitalización y deuda neta. La compañía combinada contaría con activos superiores a los 40.000 millones de dólares (36.263 millones de euros) y tendría un Ebita de unos 2.500 millones de dólares (2.266 millones de euros) y un beneficio neto de 850 millones de dólares (770 millones de euros). PNM Resources, compañía cotizada en el New York Stock Exchange, tiene domicilio social en Albuquerque, Nuevo México. En 2019, a través de sus filiales reguladas PNM y TNMP, tenía 2,8 gigavatios (GW) de capacidad instalada.
Más de 168.000 kilómetros de redes eléctricas
Avangrid realizó en mayo de 2021 una ampliación de capital en 4.000 millones de dólares (3.286 millones de euros) para financiar su plan de inversiones y la adquisición de PNM Resources. Iberdrola suscribió el 81,5%, mientras que Qatar Investment Authority (QIA) cubrió la parte restante tomando un 4% de la empresa. Iberdrola lleva presente en Estados Unidos 15 años y cuenta con activos que hoy superan los 40.000 millones de dólares en 24 estados, dando servicio a una población de más de siete millones de personas.
La combinación de Avangrid y PNM aspiraba a gestionar más de 4,1 millones de puntos de suministro, una base de activos regulados (RAB) de 14.400 millones de dólares, más de 168.000 kilómetros de redes y aproximadamente 10,9 GW de capacidad instalada.
Carpetazo al caso Villarejo para Sánchez Galán
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, quedó desimputado del caso Villarejo tras que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón archivara la causa contra él al considerar prescritos los delitos por los que se le investigaba por la contratación del excomisario. García Castellón basó su decisión en el auto de la Sección Tercera de la Sala Penal 266/2022, del pasado 3 de junio, en el que los magistrados resolvían el recurso de apelación de otro investigado por delitos de cohecho activo, contra la intimidad y continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular por hechos que tuvieron lugar hasta el mes de marzo de 2009.
Pendientes del traspaso de activos en México
Iberdrola tiene que firmar el acuerdo suscrito con Mexico Infrastructure Partners (MIP) en abril por el que el fideicomiso liderado y gestionado por la compañía estatal azteca adquirirá 8.539 megavatios (MW) de capacidad instalada: 8.436 MW de ciclos combinados de gas y 103 MW eólicos. Meses más tarde, en junio, informaron de los términos del acuerdo por el que MIP se hará con el 55% del beneficio bruto de explotación (Ebitda) de Iberdrola en el país, incluyendo los contratos asociados y los más de 410 empleos relacionados. La eléctrica percibirá unos 6.000 millones de dólares (unos 5.580 millones de euros).
La eléctrica conservará 13 plantas, toda su actividad con clientes privados y su cartera de proyectos renovables para seguir incrementando sus activos eólicos y solares en México en los próximos años. La operación cuenta con el apoyo financiero del Fondo Nacional de Infraestructura de México (Fonadin) y otras entidades financieras públicas vinculadas al Gobierno de México y es una operación pactada con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a Iberdrola de hacer 'lobby' contra su reforma eléctrica, a través de la cual pretendía que el sector público generara al menos el 54% de la energía y que el resto se repartiera entre empresas privadas. No obstante, fue rechazada.
