Jarro de agua fría para las distribuidoras eléctricas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado una propuesta de resolución de la retribución correspondiente a 2020 que no va a gustar, ya que es "globalmente menor", según sus propias palabras, de la que se viene liquidando hasta ahora. En concreto, plantea el reparto de 5.174 millones de euros entre las empresas del sector.
La propuesta de Competencia era esperada como agua de mayo por las empresas porque pese a ser del año 2020, reconoce las inversiones de 2018, es decir, va con dos años de decalaje. Además, llega en un momento en el que las compañías están presionando al regulador para que aumente la tasa de retribución financiera para el próximo periodo regulatorio, que abarcará de 2026 a 2031. También piden que se cambien los valores unitarios -los costes que se les reconoce por sus inversiones-.
En concreto, la menor retribución viene determinada por la reducción de la tasa de retribución financiera, que bajó del 6,5033% al 6,0033% en 2020. En caso de que se hubiera mantenido la tasa del anterior periodo regulatorio, la retribución del ejercicio estaría en torno a 5.273 millones de euros. Las fuentes consultadas señalan que cuando salga la retribución de 2021, correspondiente a las inversiones de 2019, y se aplique la tasa actual del 5,58%, el pago a las distribuidoras puede caer en más de 100 millones de euros. El siguiente gráfico muestra la comparativa desde 2016 sin incentivos.
De este modo, las distribuidoras eléctricas se ponen en armas y denuncian que la retribución de actuaciones en casos de poca longitud no alcanza muchas veces ni a cubrir los costes mínimos (transporte, implantación, permisos, proyectos, etc.), lo que implica incurrir en déficit. Al respecto, solicitan al regulador el establecimiento de unos umbrales mínimos para alta y baja tensión (aéreo y subterráneo), que permitan una retribución adecuada, de forma que los costes incurridos "sean efectivamente recuperados".
Así lo recoge el organismo que preside Cani Fernández en el segundo trámite de información pública sobre la propuesta de resolución. El sector espera que este sea el último, pero no se descarta que haya lío con las inversiones que se le reconocen y los gastos que se le recortan. Asimismo, las compañías solicitan que la revisión de los valores unitarios tenga en consideración la introducción de criterios que reflejen determinadas circunstancias orográficas que condicionan la construcción y la operación y mantenimiento de las instalaciones.
Las empresas también se quejan de que la propuesta se ha remitido cinco años después de la presentación de los planes de inversiones correspondientes a las inversiones de 2018, indicando que la "mayor justificación" de las inversiones debería haberse exigido, por parte de la CNMC, en el momento de análisis de los citados planes de inversión.
Denuncian costes que externos a sus propias decisiones
Por otro lado, algunos agentes han manifestado al regulador que la actividad de distribución se caracteriza por tener una alta variabilidad en los costes de expropiación y servidumbres en función del área de distribución en el que se distribuya. Además, destacan que dichos costes son externos a las empresas, que no tienen margen alguno de gestión (Juntas de Compensación, Tribunales, etc.). Por ello, proponen que los costes unitarios consideren esta singularidad y se modifiquen para dar un tratamiento especial a dicha tipología de costes.
La CNMC responde que, según la metodología establecida en la Circular 6/2019, a partir de la retribución del ejercicio 2021 el valor de inversión retribuible se determinará en base a los costes auditados, es decir, los costes realmente incurridos por las empresas, realizándose el ajuste respecto a los valores unitarios de referencia únicamente al final de cada semiperiodo regulatorio y para el conjunto de cada tipología, otorgando con ello mayor flexibilidad a las empresas en la ejecución de sus inversiones.
El sector viene reclamando que el proceso de aprobación de las retribuciones se agilice con el fin de evitarles inseguridad jurídica e incertidumbre regulatoria. Competencia señala que, si bien es cierto que existe un retraso en la aprobación de las retribuciones, este se deriva, entre otras cuestiones, de la resolución de distintos recursos en el ámbito contencioso-administrativo en los últimos años. Para la actual propuesta de resolución, la CNMC realizó 20 inspecciones a distribuidoras de menos de 100.000 clientes y a todas las distribuidoras de más de 100.000 clientes. Adicionalmente a los ajustes derivados del proceso de inspección, el regulador ha detectado que algunos de los importes declarados por las empresas no han sido correctamente justificados en la documentación enviada.
Varios de los sujetos que han alegado a la propuesta de resolución han destacado que el proceso de inspección realizado por la CNMC se caracteriza por una "ausencia e indeterminación de criterios fijados 'ex-ante', falta de comunicación y, en ocasiones, falta de transparencia, con tratamientos asimétricos, causando a los distribuidores eléctricos graves impactos económicos". De hecho, indican que la CNMC rechaza gastos e inversiones realizados en el año 2018 "en base a unos criterios que no están recogidos en la normativa" y que, por tanto, eran desconocidos para las empresas en el momento en que se realizaron.
Así, subrayan que si hubiesen conocido 'ex-ante' dichos criterios habrían adoptado otras decisiones empresariales, adecuándolas a los mismos. "Es preciso recordar que la retribución de la actividad de distribución debe cumplir con los principios establecidos en la LSE y, concretamente, se deben considerar los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada, aspecto que ha sido trasladado a los criterios establecidos en la Circular 6/2019", argumenta la CNMC.
Las empresas reclaman mayor interlocución con el regulador
Otra de las grandes peticiones del sector es que se adopten foros de debate y de intercambio de información entre el regulador y las empresas, con el fin de que se dé "la necesaria estabilidad y certidumbre regulatoria". El regulador considera, por el contrario, que durante los últimos meses se han intensificado las reuniones. También asegura que se trata de una dinámica que se mantendrá de cara a la revisión de la metodología retributiva para el nuevo periodo regulatorio.
En España, la actividad de distribución eléctrica cuenta con una rentabilidad garantizada y el valor actual es del 5,58% como se citó anteriormente. Según el calendario de Competencia, no será hasta diciembre de este año cuando se lance a trámite de audiencia pública la modificación de la Circular 2/2019. El regulador ya ha avanzado que realizará determinados ajustes en la metodología de cálculo para adaptarla a los retos de la transición energética, y posibilitar la inversión eficiente en redes. La fecha prevista de adopción se va finales de octubre de 2025, mientras que las compañías tienen que definir ya su estrategia.
Las grandes distribuidoras eléctricas del país son Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa (Naturgy) y EDP, mientras que hay centenares de menor tamaño integradas en asociaciones como CIDE o la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME).
