El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley con el que se inicia la tramitación para la vuelta de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) como regulador independiente para un mayor control sobre el sector, tal y como figuraba en el pacto entre el PSOE y Sumar para formar un nuevo Gobierno de coalición.
El objetivo que persigue el Ejecutivo es el de devolverlo a la vida como organismo regulador especializado que cuente con los recursos adecuados para abordar la necesaria modernización de la regulación para preparar el sistema energético para el objetivo de neutralidad climática. También pretende reforzar las capacidades de inspección y seguimiento del cumplimiento de la normativa energética por parte del conjunto de actores, bajo un escenario en el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está totalmente desbordada.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que el texto irá por la vía de urgencia y que la 'nueva' CNE tendrá funciones de supervisión y control de los mercados eléctrico, de hidrocarburos líquidos, de gas natural, y de hidrógeno verde y otros gases renovables. También ejercerá las funciones de inspección y sanción, así como de arbitraje, información, atención y tramitación de las reclamaciones planteadas por agentes y consumidores. Igualmente, liquidará los peajes, cargos, precios, cánones y retribuciones reguladas de los sectores a su cargo.
Entidad de derecho público con personalidad jurídica propia
Por su parte, en el caso de la supervisión de las tomas de participaciones empresariales en el sector energético, se encargará de instruir el expediente y de hacer una propuesta al Ministerio para la Transición Ecológica, mientras que este resolverá y fijará las condiciones que considere oportunas. La entidad actuará como órgano consultivo en las materias de su ámbito de actuación; participará, mediante informe preceptivo y no vinculante, en el proceso de elaboración de normas que afecten a sus competencias y podrá participar en los procedimientos de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos, relativos a los mercados y sectores productivos cuando afecten de manera directa y principal al ejercicio de sus funciones.
"La CNE se constituirá como entidad de derecho público de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, con funciones de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, con autonomía orgánica y funcional, y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y del mercado. Asimismo, estará sometida al control parlamentario y judicial", ha explicado el Ministerio en un comunicado.
Además, el anteproyecto de ley prevé también la creación del Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas (FGLSEG), para gestionar los ingresos y pagos correspondientes a las liquidaciones de peajes, cargos, cánones, precios y retribuciones reguladas de los sectores eléctrico y gasista, así como las transferencias previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para estos sectores.
Tres direcciones de instrucción y siete consejeros
El ente regulador nació en 1995 con el nombre de Comisión del Sistema Eléctrico Nacional y en 2013 el Partido Popular lo integró en la actual CNMC con los demás reguladores sectoriales. Los cambios en el regulador llevan coleando desde hace tiempo. La 'lucha' por separar Competencia lleva tiempo comandada por Ribera, pero se ha topado durante todo este tiempo con la negativa de Nadia Calviño, quien hasta diciembre ejercía como vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos.
Según ha detallado Transición Ecológica, la CNE estará adscrita al ministerio y ejercerá sus funciones a través de dos figuras principales, el consejo y el presidente, que también lo será del consejo. De ellos dependerán, además de la Secretaría General y la Secretaría del Consejo, tres direcciones de instrucción: la de Electricidad, la de Hidrocarburos y Nuevos combustibles y la de Inspección, de nuevo cuño, para reforzar su labor supervisora.
El consejo será el órgano colegiado de decisión –nombra al vicepresidente, aprueba el anteproyecto de presupuestos internos, la memoria anual y los planes de actuación, el reglamento de funcionamiento interno…– y estará integrado por siete miembros: el presidente, el vicepresidente y cinco consejeros, que tendrán un mandato de seis años sin posibilidad de reelección.
El Gobierno aprobará mediante Real Decreto el estatuto orgánico de la CNE, que definirá las funciones y estructura interna de la Secretaría del Consejo, las direcciones y demás áreas de responsabilidad. Según los plazos previstos en el Anteproyecto, la nueva entidad debe haberse constituido y estar plenamente operativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la ley de creación. Ribera ha afirmado que la mayoría de los grupos parlamentarios es proclive a recuperar el organismo, aunque fuentes políticas aseguran que hay cierto malestar entre partidos como ERC al enterarse por la prensa que el anteproyecto de ley iría este martes al Consejo de Ministros.
Comercio de derechos de emisión de CO2
Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha dado luz verde anteproyecto de ley que tiene por finalidad incorporar a la legislación española las modificaciones del Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se aplica en la Unión Europea. Las modificaciones consisten en actualizar la senda de reducción de emisiones para el conjunto de los sectores implicados. Así, Ribera ha precisado que se introducen algunos cambios "frente a una premisa como la que marcó el inicio de este sistema, que era la asignación gratuita de derechos de emisión para incentivar la reducción y la posible venta de los sobrantes".
Las directivas europeas prevén que se eliminen gradualmente los derechos de emisión gratuitos para las empresas desde 2026 hasta 2034. Asimismo, se creará un nuevo régimen separado para el combustible para el transporte por carretera y los edificios que pondrá un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero de estos sectores en 2027 (o 2028 si los precios de la energía son excepcionalmente altos).
También se incluirán por primera vez en el sistema de comercio de derechos de emisión el transporte marítimo, con obligaciones para las empresas navieras de entregar derechos de emisión que se introducirán gradualmente: 40% para las emisiones verificadas a partir de 2024, 70% a partir de 2025 y 100% a partir de 2026. De igual modo, los derechos de emisión gratuitos para el sector de la aviación se eliminarán gradualmente y se implementará la subasta completa a partir de 2026. Hasta el 31 de diciembre de 2030, se reservarán 20 millones de derechos de emisión para incentivar la transición de los operadores de aeronaves desde el uso de combustibles fósiles.
