El verano de 2018 fue uno de los más duros de la llamada 'guerra del taxi' con duras manifestaciones y huelgas. Eso desembocó en lo que se vino a denominar 'Decreto Ábalos' que ponía fecha de caducidad a las autorizaciones VTC, utilizadas por Uber y Cabify. Cuatro años después, a esa caducidad le quedan apenas tres semanas sin que el Gobierno esté por la labor de extenderlo. En este tiempo, la regulación no ha hecho más que enmarañarse con diferentes reglas para cada una de las comunidades autónomas y con el Tribunal Supremo y la justicia europea poniendo en solfa algunas de esas limitaciones aprobadas por las regiones.
Ese decreto ley trasladaba en la práctica el problema de la regulación del sector a las comunidades autónomas. Establecía dos medidas claras: trasladaba esa responsabilidad a los gobiernos autonómicos y además daba cuatro años para establecerla. Pasado ese tiempo, las autorizaciones se convertían en papel mojado, pues sólo servían para trayectos interurbanos, lo que supone una parte ínfima de su actividad. Ese 'periodo de gracia' que se fijaba como una indemnización en tiempo y no en dinero acaba ya y en el sector reina un 'caos' regulatorio.
En estos cuatro años se ha ido dejando pasar el tiempo, sin que las comunidades hayan movido ficha hasta el último momento. Cataluña hizo un primer paso en 2019, con un primer decreto que obligó a Cabify y a Uber a salir de Barcelona -la primera volvió con un 'truco' legal unos meses después-. El estallido de la pandemia global del coronavirus en marzo de 2020 sacudió el sector el transporte, también el de la VTC. Y los cambios normativos se fueron posponiendo. Ante la cercanía de la temida fecha del 30 de septiembre, algunas comunidades pidieron al Gobierno que hubiera un retraso para ganar tiempo. Esto se iba a plantear en una reunión el pasado mes de junio, que fue suspendida por el Ministerio de Fomento 'in extremis' ante la presión del sector del taxi en Cataluña, que amenazó con duras movilizaciones.
Una semana antes de esa reunión frustrada en el Ministerio de Fomento en junio la Comunidad de Madrid aprobó una regulación que no era precisamente restrictiva con la VTC, sino que mantenía una convivencia similar a la actual sin condiciones extra. Cataluña movió ficha y ante la presión del sector del taxi, con Élite Taxi a la cabeza, dio carta de naturaleza definitiva en julio a aquel primer decreto de 2019, consolidando exigencias como el tiempo de precontratación (entre que se contrata un servicio y se hace efectivo el mismo) o la prohibición de la geolocalización. Introdujo nuevas como la longitud mínima de 4,90 metros de los vehículos (lo que reduce el parque potencial) o la exigencia de que cada licencia tenga un coche y que haya hecho al menos cien servicios en el último año. Otras como Aragón o Baleares han anunciado su intención de regular con decreto ley siendo también restrictivos, pero aún no han dado luz verde.
Como telón de fondo se encuentra el 'tira y afloja' judicial que es ha mantenido en este sector. Después de recursos de Cabify y otros grandes tenedores de licencias, el Supremo ha decidido abrir varios frentes regulatorios que parecían superados. Uno de ellos es el de la ratio 1-30. Ésta fue respaldada por el Alto Tribunal en una sentencia histórica en 2018. Recientemente, como avanzó la Información, admitió a trámite y estudia si lo tumba. Ha pedido para ello una cuestión prejudicial. También analiza qué hacer con la precontratación y si ésta incumple la libertad de empresa o si supone una 'ayuda de estado' al taxi. Para ambos casos no se espera una resolución inminente, pero sí que puede afectar a las comunidades que ahora tengan que plantear esas limitaciones en sus regulaciones.
Algunos territorios como Andalucía o Comunidad Valenciana aguardan antes de dar el paso ante la inseguridad jurídica de la regulación
El Gobierno no está por la labor de llevar a cabo esa moratoria exigida por las comunidades entretanto la justicia dictamina sobre algunas de esas restricciones. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha confirmado este lunes que la intención es no ejecutar una "prórroga generalizada" al sector y que se analizará caso por caso ante las reclamaciones de las diferentes compañías. "Ha habido cuatro años y es tiempo suficiente", ha apuntado. El pasado mes de abril ya prometió al sector del taxi que se mantendría en octubre la fecha tope.
En caso de que no haya moratoria, algunos de los grandes grupos de VTC aseguran que irán adelante con reclamaciones patrimoniales al Estado. Hay que tener en cuenta que justo tras la aprobación del decreto hubo un aluvión de peticiones en los tribunales ante el más que esperado rechazo por parte de Fomento. Un estudio de EY estimaba que el daño económico para las empresas seria de unos 4.000 millones de euros. Sin embargo, ese cálculo fue previo al estallido de la Covid, que hundió la actividad, por lo que entienden que esas cifras son diferentes.
El mercado de las VTC
Hoy por hoy existen registradas en el Ministerio de Fomento algo más de 17.300 autorizaciones, de las cuales casi la mitad corresponden a Madrid, frente a 59.400 licencias de taxi. Esta cifra lógicamente no respeta la ratio 1-30 debido al 'agujero' legal que se abrió a mediados de la década pasada con la aprobación de la 'Ley Ómnibus' y que llevó al Tribunal Supremo a dar luz verde a miles de estas autorizaciones explotadas por plataformas como Uber o Cabify. En caso de que el Tribunal Supremo concluya que ese límite no es válido se aprobarían 'de facto' decenas de miles de autorizaciones reclamadas por compañías como la propia Cabify.
Una parte significativa del sector está controlada por grandes gestores de flotas. Entre ellas están la propia Cabify, que absorbió más de 2.000 autorizaciones de Vector Ronda Teleport (que compartía con Rosauro Varo); Moove Cars (que se hizo con las más de 3.000 tarjetas en manos de los hermanos Ortigüela), cuyo 30% fue adquirido por Uber en un rescate tras el estallido de la pandemia, y Auro New Transport, liderado por varios accionistas de internet y del exjefe del taxi José Antonio Parrondo.
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