Martes, 07.04.2020 - 20:15 h
Contrato de 5 millones

La firma americana Curtis asistirá al Frob en el arbitraje con Del Valle por el Popular

Gabriela Álvarez-Ávila, especialista mexicana en disputas internacionales, asesorará legalmente al fondo de rescate español en el conflicto.

Ángel Ron y Antonio del Valle (d) saludan al presidente de México, Enrique Peña Nieto (EFE)
Ángel Ron y Del Valle (d) saludan al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. / Efe

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, despacho de abogados con sede en Estados Unidos, asesorará legalmente al Frob, el fondo de rescate español, en el arbitraje internacional contra el Reino de España impulsado por Antonio del Valle ante las Naciones Unidas por la caída de Banco Popular. Según sostienen fuentes financieras, esta firma ha resultado adjudicataria del contrato de cinco millones de euros lanzado por la institución que preside Jaime Ponce el pasado verano.

La socia del bufete que liderará la asistencia legal al organismo público será Gabriela Álvarez-Ávila, experta mexicana en arbitraje internacional y con profundo conocimiento del Tratado Bilateral de Inversión entre México y España. Esta abogada, que con anterioridad trabajó siete años para el Ciadi en Washington, está reconocida entre las mejores del mundo en su área de especialización por el prestigioso directorio de 'Chambers Global' y 'Chambers Latin America'.

En esta ocasión, Álvarez-Ávila contribuirá a defender los intereses de España en el arbitraje iniciado por el grupo de inversores mexicanos (MIG, según sus siglas en inglés) que lidera el exconsejero de Banco Popular Antonio del Valle. El grupo está formado por más de cuarenta personas -entre las que destacan algunos de los hombres más ricos del país- que ostentaban una participación superior al 3% en el capital de la entidad financiera. Con la resolución, perdieron algo más de 450 millones de euros y buscan ser resarcidos.

Para ello, el grupo de inversores, representado por Kirkland & Ellis, inició dos arbitrajes internacionales contra España, uno ante el Ciadi y otro ante las Naciones Unidas (Uncitral), en los que culpan al Gobierno de causar la resolución de Popular por "múltiples actos y omisiones" que provocaron el "pánico" entre los depositantes. El pasado verano, no obstante, el grupo agrupó sendos procedimientos bajos las reglas de arbitraje de las Naciones Unidas. Antonio del Valle está considerado como uno de los precursores de la salida del expresidente Ángel Ron de Popular.

Para ofrecer una respuesta coordinada en todo el proceso, el Ministerio de Justicia, el de Economía, el Banco de España, la CNMV y el propio Frob firmaron el pasado 24 de mayo un convenio de colaboración. Así, la defensa de los intereses de España estará liderada por la Abogacía del Estado, independientemente de que cada una de las partes esté asistida por un despacho externo, como ocurre con el Frob y Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle.

La CNMV también está buscando asesoramiento legal externo, pero se está encontrando con serias dificultades para satisfacer sus necesidades en el proceso. En un principio, el supervisor bursátil iba a contratar a Nera Consulting Group, pero tuvo que dar marcha atrás ante el conflicto de intereses que tenía esta consultora. Ante la ausencia de más ofertas, la institución se ha visto obligada a rediseñar el concurso público y tiene previsto contratar a un perito independiente.

Crece la 'factura' del Popular

El precio de la contratación de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle por parte del Frob no ha trascendido, pero, de acuerdo a la nota publicada el pasado verano, el contrato de asesoramiento legal hasta la finalización del procedimiento arbitral está valorado en 6,05 millones de euros (IVA Incluido), aunque el presupuesto base del Frob es de 4,84 millones de euros (IVA Incluido).

De este modo, el contrato elevará el coste público que ha supuesto la resolución de Banco Popular. Según un reciente informe publicado por el Frob, ya se han gastado un total de 380.000 euros, de los cuales 300.000 se han gastado en asesores y 70.000 en procesos legales. Los 10.000 euros restantes están clasificados como 'otros'. Cabe la posibilidad, no obstante, que las costas del proceso se imputen al grupo de inversores mexicanos y el Estado no se tenga que hacer cargo de las mismas.

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