Una renegociación a cuatro bandas entre Estados Unidos y España. El Ministerio de Defensa e Indra renegocian con el gigante Lockheed Martin y la administración de Joe Biden el contrato de suministro de la antena digital del radar para las cinco fragatas F-110 de la Armada Española, después de que la norteamericana haya optado por reducir el papel de la empresa semipública en los trabajos y asumirlos de manera interna. Ahora se busca una compensación económica o en nuevos proyectos. Este nuevo pacto está a la espera de la luz verde del Gobierno de Estados Unidos y debería firmarse en el primer semestre de este año.
Este contrato se firmó a finales del año 2020. Tenía una duración de ocho años y suponía unos ingresos en ese periodo de más de 150 millones de euros. Pero sobre todo implicaba un estrechamiento de los lazos comerciales entre las dos compañías especializadas en defensa. Sin embargo, tal y como avanzó La Información el pasado mes de septiembre, Lockheed Martin había decidido llevar a cabo esas antenas y el resto de trabajos de manera directa y no subcontratándolo completamente a la empresa semipública española. Esto implica, lógicamente, un incumplimiento de contrato y le obliga a poner sobre la mesa una contraprestación.
Desde hace meses se negocia esa contraprestación. Fuentes del Ministerio de Defensa aseguran a preguntas de La Información que se trata de una “modificación contractual” del suministro del radar. Se está aún conversando sobre las implicaciones jurídicas de esos cambios en el contrato y, sobre todo, cómo se hará el pago. Habría, según confirman otras fuentes conocedoras, dos formas de hacerlo: con un pago económico por los daños y perjuicios de interrumpir de manera prematura el contrato que acabaría dentro de seis años o la inclusión de Indra en otros trabajos menores del contrato. Eso es justo lo que se ha estado dilucidando hasta ahora y todo está avanzado pero falta un único trámite.
Las mismas fuentes de Defensa aseguran que parte de esta modificación sigue pendiente de la aprobación del Gobierno de Estados Unidos, presidido por Joe Biden. Hay que tener en cuenta que la compañía cotizada, valorada en bolsa en más de 102.000 millones de dólares, se ha consolidado como el mayor contratista de EEUU durante la última década. El Gobierno español y la armamentística estadounidense mantienen una intensa relación desde hace más de una década. El contrato de las fragatas F-110, por el que la proveedora iba a aportar su sistema de combate Aegis a los barcos, se firmó en plena pandemia, en abril de 2020, por 519 millones de dólares.
Plantón a Vox
El plazo que se maneja, según el Ministerio, es el primer semestre del año. Es decir, antes del próximo verano se deberá dilucidar realmente cuál es el papel de Indra para seguir adelante con el contrato y evitar retrasos importantes en las entregas. Hay un riesgo más que evidente de que el mismo sea diluido de manera significativa en un contrato cuya modificación a la baja tiene implicaciones relevantes en cuanto a desarrollos tecnológicos en Indra, debido a que todos esos trabajos de I+D los llevaría a cabo directamente Lockheed y no la española.
Ya durante el pasado mes de noviembre pasaron desapercibidas unas declaraciones de la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, durante la Comisión de Defensa del Senado. En ella insistió en que la fabricación de las fragatas debe comenzar durante el año 2022 por lo que advirtió en que hay que cumplir “gastos y plazos”. Defensa recalcó su “máximo interés” en que Indra provea la antena de las fragatas F110, pero pedía cumplir plazos -desde Lockheed justificaban la decisión de asumir como propio el desarrollo por los potenciales retrasos-. “El I+D+i está suponiendo un deslizamiento en los costes y plazos requeridos que el Ministerio de Defensa en principio no debe asumir, pero, como he dicho antes, estamos trabajando en conseguir la mejor posición de Indra en este proceso”, apuntó.
En los últimos tiempos la relación del Ministerio de Defensa con esta división en Indra, liderada por Ignacio Mataix -antigua mano derecha del expresidente, Fernando Abril-Martorell-, no está siendo especialmente fluida, aseguran fuentes conocedoras. Todo ello en un momento especialmente delicado en el que la compañía semipública sigue apostando por este segmento, con una mayor rentabilidad, de cara al futuro. En juego no sólo está este contrato de las fragatas, sino también el papel de España en el programa europeo FCAS y la producción de los carros de combate 8x8. Este último, que se centra en aportar un sistema de misión de última generación, le reportaría en una primera etapa más de 150 millones de euros de ingresos.
En este contexto, también ha habido algún 'encontronazo' político por parte de la empresa con capital público. Según apuntan fuentes conocedoras, Indra estaba invitada por el grupo parlamentario de Vox a una de las reuniones periódicas que la organización hace con la industria de defensa española. Al igual que la empresa presidida por Marc Murtra también estaban llamadas otras entidades de este sector. En el último momento, la compañía participada por la SEPI decidió no asistir y dejó plantado al partido lo que generó cierto malestar en un momento de una mayor 'politización' de la empresa.
Los cambios en la cúpula
Estos primeros seis meses del año 2022 no sólo servirán para clarificar la situación del contrato de las fragatas, sino también del reparto de poder en el máximo órgano de decisión de la compañía presidida por Marc Murtra. Éste y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que controla el 18% de las acciones, se preparan para la salida de Alberto Terol el próximo mes de junio, cuando cumple su mandato como consejero independiente. Fue clave en el proceso de sucesión de Fernando Abril-Martorell y en la definición del papel del propio Murtra como presidente sin ningún poder ejecutivo.
La salida de Terol como líder de los independientes -que le otorga un poder relevante en un consejo con más peso de estos consejeros que no representa a ninguno de los socios- será un cambio paradigmático pues tanto el directivo catalán como la Sepi han apostado por ganar más enteros en el día a día. Y mientras eso sucede, queda pendiente el nombramiento por parte de un consejero por parte de Sapa, el holding de defensa de la familia Aperribay que aterrizó con la compra del 5%, tras la dimisión del miembro que representaba los intereses de Corporación Financiera Alba al haber vendido la práctica totalidad de su participación.
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