Casi dos años después de la firma

Golpe bajo a Indra: el contrato para las antenas de la fragata F-110 se tambalea

El gigante Lockheed Martin se plantea cancelar el contrato, que suponía pedidos por valor de 150 millones de euros y la creación de más de un centenar de puestos de trabajo.

De izquierda a derecha: Cristina Ruiz, consejera delegada de Minsait, Mar Murtra, presidente no ejecutivo del grupo, e Ignacio Mataix, consejero delegado de la rama de Transporte y Defensa en la junta de accionistas del grupo, celebrada este miércoles.
INDRA
30/6/2021
Ignacio Mataix, consejero delegado de Indra Sistemas, junto a Murtra y Ruiz.
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Indra sufre un primer varapalo importante en el negocio tras la sonada salida de Fernando Abril-Martorell de la presidencia ejecutiva. El gigante Lockheed Martin se plantea cancelar definitivamente el contrato con la empresa española, participada por el Estado español en un 18%, para fabricar la antena digital del radar de las cinco fragatas F110 de la Armada Española. La firma estadounidense pretende ejecutarlo de manera directa y no subcontratar. El proyecto implicaba más de 150 millones de euros en pedidos y la creación de más de un centenar de puestos de trabajo.

Esta decisión sería un importante jarro de agua fría para la compañía presidida desde hace varios meses por Marc Murtra y cuya división de Defensa y Transporte está liderada por Ignacio Mataix, una persona especialmente cercana a Abril-Martorell. El proyecto fue firmado con Lockheed Martin a finales del pasado año. Tenía una duración, tal y como reconocía la empresa en un hecho relevante, de ocho años, hasta 2027. Su firma supuso un incremento importante en la contratación, pues acarreaba unos ingresos de más de 150 millones de euros durante toda la vida del contrato. De hecho, en ese año este volumen contratado creció un 41% impulsado precisamente por este acuerdo. Ahora, según explican diferentes fuentes conocedoras a La Información, Lockheed Martin se plantea rescindir el contrato y abonar la indemnización correspondiente para ejecutar el proyecto de manera interna y no subcontratándola.

La decisión no ha sido tomada formalmente. Quedaría un último cartucho para el equipo de Ignacio Mataix en Indra: que el Gobierno de Pedro Sánchez intercediera para frenar esa cancelación. La relación entre el Ministerio de Defensa -el mayor cliente en España- y la división de Sistemas de Indra no pasa por su mejor momento, según explican varias de las fuentes. Existe un cierto descontento desde el Ejecutivo por la interlocución con la compañía española. En caso de que no se moviera ficha y cayera este proyecto, se perdería un contrato clave dentro del proyecto de las fragatas en el que Indra se juega también otros 150 millones de varios acuerdos con Navantia -encargada de la construcción- para dotarlas con sus sistemas de defensa electrónica y el radar de superficie en banda X.

Indra acumula más de una década de relación con Lockheed Martin, el mayor contratista de defensa del mundo, para este proyecto. Desde el año 2009 venían colaborando para desarrollar ese nuevo radar para las fragatas F-110. En 2017 ambas estamparon la firma en una ampliación de esa relación de exclusividad con el objetivo de poder comercializar esta infraestructura entre las Armadas de otros países. Ahora, la estadounidense afrontaría el fin de este contrato que, con toda probabilidad, implicaría el abono de una indemnización a la española, que ya ha llevado a cabo inversión en instalaciones y en capacidad tecnológica para abordarlo.

El mar de fondo en el que sucede todo viene marcado por los cambios importantes vividos en la compañía en los últimos seis meses. La Sepi decidió en mayo no renovar el contrato de Abril-Martorell como presidente ejecutivo de la compañía, lo que desencadenó su cese después de más de una semana de dura batalla en el consejo de administración en lo que se vino a denominar la 'rebelión de los independientes'. Ese tira y afloja con el Gobierno, cuya apuesta clara era Marc Murtra con plenos poderes, obligó a quitarle éstos al directivo catalán y mantener una bicefalia ejecutiva formada por Cristina Ruiz (Minsait) e Ignacio Mataix (Sistemas) que no ha facilitado la gobernanza, según explican las mismas fuentes. Éste último es el interlocutor directo con el Ministerio de Defensa.

Indra tiene una cantidad significativa de proyectos estratégicos en el área de Defensa, la más rentable de todo el grupo. Además de los diferentes contratos de las fragatas F-110, hay que sumar el vehículo de combate sobre ruedas (VCR 8x8), para cuya fabricación se ha creado una unión temporal de empresas (UTE) de la que Indra forma parte junto a Santa Bárbara Sistemas, Sapa y Escribano. Además hay que tener en cuenta su papel como coordinador nacional del programa FCAS, el futuro avión de combate europeo, con el objetivo de facilitar el máximo retorno para toda la industria de defensa española.

Un gigante español de defensa

Tanto las fragatas F-110, como los 348 vehículos de combate son proyectos impulsados por Defensa con los que intentó impulsar la ya histórica ambición de crear un gigante contratista español como han hecho otros países europeos como Francia, Alemania o Italia. A través de los contratos públicos se intentó fomentar la constitución de la UTE de empresas españolas de un sector relativamente atomizado. También se intentó con un primer capítulo de venta de ITP Aero por parte de Rolls-Royce a Indra, que fracasó. Ahora se está trabajando en una nueva operación de venta del fabricante vasco de motores, para la que la británica ya ha elegido a Bain Capital como socio financiero en torno al cual se debe crear un consorcio español en el que podrían estar nombres como Sidenor o Sener.

El área de Defensa de Indra logró cerrar un primer semestre con incrementos del 22% en moneda local, por encima de las previsiones. Bien es cierto que la contratación se redujo un 34% debido a que la comparación era con un periodo en 2020 excepcionalmente bueno con los proyectos de las fragatas F-110, radares en Reino Unido y Corea del Sur. A finales del año pasado se retiró un ERE que se presentó para reducir costes y aprobó 135 prejubilaciones y 85 salidas voluntarias.

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