El futuro de Francisco González como presidente de honor y de la Fundación del BBVA será abordado en el consejo de administración que la entidad bancaria tiene inicialmente previsto celebrar la próxima semana con el fin también de aprobar las cuentas anuales de 2018. Algunos consejeros del BBVA se sienten confusos ante la crisis desatada tras hacerse públicas las escuchas telefónicas que durante años ha venido realizando el excomisario Villarejo a instancias del banco. El nuevo presidente, Carlos Torres, ha reconocido la gravedad de los hechos, pero no ha tomado ninguna decisión efectiva hasta conocer el criterio que pueda adoptar el consejo de administración en calidad de máximo órgano de gobierno del banco.
En instancias bancarias existe la convicción de que el anterior presidente tampoco está por la labor de presentar voluntariamente su dimisión en los dos cargos institucionales que ostenta desde primeros de año tras ceder las plenas funciones ejecutivas. La posición de Carlos Torres tampoco induce a pensar que quiera establecer de entrada una línea divisoria con la antigua etapa encabezada por su mentor en el banco. El recién nombrado presidente no desea actuar en solitario con medidas drásticas que, por otra parte, están siendo sugeridas desde diferentes estamentos y organismos del mercado financiero.
Los términos empleados por Carlos Torres en su comunicado a los trabajadores han sido bien claros, admitiendo la sensación de escándalo que se vive dentro de la entidad, lo que se ha interpretado en el seno del consejo de administración como la garantía de una inminente depuración de responsabilidades. De lo contrario, el presidente del BBVA tendría que negar unos hechos que parecen evidentes y que han generado también seria inquietud en los organismos supervisores, especialmente en la CNMV pero también en instituciones supranacionales como el Banco Central Europeo (BCE).
El papel de la Comisión de Valores adquiere especial relevancia a la hora de analizar los acontecimientos, sobre todo después de que el banco haya admitido que viene investigando desde junio de 2018 la contratación y los servicios del Grupo Cenyt, propiedad del citado Villarejo, actualmente en prisión preventiva. Hasta el momento nadie ha podido demostrar que dicha investigación fuera comunicada en su día a la CNMV ni tampoco existe constancia de ningún hecho relevante al mercado sobre unas actuaciones que afectan claramente a la reputación del banco y, por tanto, pueden incidir en la confianza de los inversores y la consiguiente cotización en bolsa.
Se da la circunstancia de que la CNMV suele mostrarse especialmente celosa con este tipo de hechos que tienen una repercusión pública. Un precedente claro fue la presión mantenida en su día sobre el actual Banco Santander cuando la entidad y su entonces presidente, Emilio Botín, fueron ‘azotados’ repetidamente en los tribunales por el antiguo consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar. En esta ocasión la Comisión de Valores sólo ha salido al paso de la crisis cuando la situación creada era de dominio público, lo que evidencia que hasta entonces el supervisor bursátil estaba totalmente al margen de las investigaciones del BBVA.
Desde el Banco Central Europeo también se siguen de cerca las novedades relacionadas con el presunto espionaje masivo que encargó a Villarejo el BBVA, pero Fráncfort tiene las manos parcialmente atadas en este asunto. El supervisor comunitario está facultado para destituir en cualquier momento a los miembros directivos de una entidad financiera, pero Francisco González dejó de tener funciones ejecutivas en el banco una vez se consumó el relevo de Torres con la entrada del ejercicio 2019. Fuentes oficiales del BCE rechazaron hacer comentarios al respecto.
Relevos al frente de la investigación
Las tres áreas a cargo de investigación interna que está realizando BBVA -Auditoría Interna, Servicios Jurídicos y Cumplimiento- experimentaron cambios de calado a finales de 2018, apenas seis meses después de que diesen comienzo las pesquisas, cuyo alcance se ha ampliado a raíz de las últimas informaciones publicadas por Moncloa.com y El Confidencial. Llama especialmente la atención que al frente de Auditoría Interna se haya nombrado a Joaquín Gortari, director del gabinete de Francisco González durante los últimos ocho años y de la máxima confianza del banquero de Chantada.
Por su parte, José Luis de los Santos, responsable de Auditoría Interna del banco entre 2002 y 2018, abandonó la entidad sin haber concluido la investigación que le había sido encomendada. Los otros responsables de indagar el rastro de Villarejo en el banco son Eduardo Arbizu, que ha sido nombrado director de la nueva división de Cumplimiento después de haber liderado el área legal del banco durante los últimos siete años. Los servicios jurídicos ahora están a cargo de María Jesús Arribas, que también participa en la inspección.
Curiosamente, tras la remodelación de la cúpula de BBVA anunciada en diciembre, Auditoría Interna y Cumplimiento dejaron de reportar directamente al presidente del banco. Desde principios de año, estas dos áreas tienen que rendir cuentas ante todo el consejo de administración, lo que otorga más importancia si cabe al encuentro previsto para los próximos días. Los actuales administradores de la entidad son los más interesados en encontrar una solución rápida que sirva para cerrar la crisis o, en su caso, evitar que los daños colaterales puedan salpicar de manera indiscriminada.
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