El Gobierno abre la puerta a reducciones masivas de jornada en la empresa pública

  • Abogacía del Estado reconoce el derecho de los trabajadores de las sociedades mercantiles estatales a disfrutar de la jornada de 37,5 horas.
Fotografía Meritxell Batet, en la tribuna del Congreso / EFE
Fotografía Meritxell Batet, en la tribuna del Congreso / EFE

Un informe de la Abogacía del Estado tiene revuelto el patio en las empresas públicas. El dictamen jurídico en cuestión viene a dar respuesta a una consulta elevada hace meses (aún con el Gobierno del Partido Popular) por la Dirección del hólding estatal al área de Función Pública - entonces enclavada en el Ministerio de Hacienda y hoy en el Ministerio de Política Territorial de Meritxell Batet - en relación a la obligatoriedad o no de aplicar en el ámbito de las empresas públicas la jornada de 37,5 horas acordada para los trabajadores de la Administración, en el marco del Acuerdo para la Mejora del Empleo público y las condiciones de trabajo, rubricado el pasado mes de marzo.

La consulta buscaba aclarar el panorama después de que las representaciones sindicales de varias empresas públicas hubieran incluido en su plataforma de negociación la implantación de la jornada de 37,5 horas en línea con lo acordado para los funcionarios. Ha habido que esperar varios meses para tener la respuesta de la Abogacía del Estado, pero según varias fuentes del ámbito de las empresas públicas ésta llegó al fin hace unos días y su dictamen avala la procedencia de extender la jornada de 37,5 horas a la plantilla de las empresas públicas. Los sindicatos ya han tomado nota y se disponen a 'atacar' el asunto.

Para algunas sociedades estatales, como Correos, esta resolución no tendrá incidencia alguna ya que la jornada de 37,5 horas es una realidad, pero otras como ADIF, Navantia, Tragsa o Paradores tienen jornada de 40 horas y ven abrirse un nuevo horizonte de posibilidades.

De hecho, según fuentes sindicales, la ofensiva para reducir la jornada de trabajo a los empleados de las empresas públicas ya ha comenzado. Ineco, la empresa estatal de ingeniería dependiente del Ministerio de Fomento, cerró un acuerdo laboral hace unas semanas por el que se implantaba la jornada de 37,5 horas y se compensaba con una bolsa de días libres las horas de más trabajadas por encima de ese umbral en este ejercicio.

Según confirman a La Información fuentes sindicales, en Isdefe - la empresa de ingeniería del Ministerio de Defensa - ya se negocia el modo de adaptar los cuadrantes de trabajo a la nueva jornada de 37,5 horas y ese mismo proceso se ha abierto ya también en Tragsa, el gigante público de los servicios con más de 11.000 trabajadores.

SEPI maniobra para controlar la situación

Con una nómina total de más de 73.000 empleados, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha comenzado a maniobrar para evitar que este dictamen se convierta en un problema laboral en el ámbito de las empresas públicas.

Según fuentes cercanas al hólding estatal, SEPI ha trasladado a los responsables de las diferentes empresas públicas su intención de permitir la implantación de las 37,5 horas, pero únicamente en las empresas que presenten un balance contable más saneado, es decir, en aquellas que den beneficios o que al menos no se sitúen sistemáticamente en pérdidas.

El criterio dejaría fuera de la potencial aplicación de esta reducción de jornada a grandes empresas como Navantia, que está a punto de rubricar su Plan Estratégico 2018-2022, Hunosa o la Agencia EFE. También dejaría fuera a Correos, pero el operador postal ya tiene implantada la jornada de 37,5 horas desde hace algún tiempo.

Fuentes sindicales consultadas por La Información cuestionan ese criterio, que, entienden, generaría diferencias laborales difíciles de explicar entre empresas públicas y dotaría de mayores derechos a unos empleados sobre otros por la simple cuestión de tener un balance contable más saneado. 

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