La travesía de Boye-Elbal & Asociados ha tocado a su fin. Un desenlace inesperado para el bufete, famoso por sus mediáticos casos, fundado en 2012 por el abogado Gonzalo Boye junto a su pareja, la también letrada Isabel Elbal, y que ha sido forzado por los propios administradores de la sociedad. Más concretamente, con su decisión de solicitar el concurso de acreedores exprés el pasado 29 de septiembre. Este mecanismo permite a las empresas en situación de insolvencia patrimonial instar a la conclusión de su actividad.
Según la documentación del Registro Mercantil consultada, el titular del juzgado de lo Mercantil número dieciséis de Madrid, Carlos Nieto Delgado, ha ordenado la extinción de la sociedad Boye-Elbal & Asociados SLP. El juez ha declarado el cierre de la misma y la cancelación de todos los asientos registrales tras constatar la insuficiencia de masa activa. Esto es, que la firma de abogados carecía de bienes de ningún tipo para afrontar sus deudas con los acreedores.
A preguntas de este medio, Elbal ha declinado exponer las razones que han motivado la solicitud del concurso de acreedores, así como su extinción, al tratarse de datos de carácter privado. No obstante, ha remarcado que los profesionales que trabajaban en el bufete penalista continúan ejerciendo por su cuenta la representación y defensa legal de sus clientes. Entre ellos se encuentra el exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, que ha contratado los servicios de Elbal y Boye para preparar "eventuales acciones judiciales", que se deben adoptar ante la decisión de Meritxell Batet de retirarle su acta de parlamentario.
La tramitación del concurso "exprés" evita el nombramiento de un administrador concursal. Y, más importante todavía, obvia la apertura de la denominada "fase de calificación del concurso", que tiene el objetivo de determinar el grado de responsabilidad que ha tenido el administrador en la situación de insolvencia de la empresa. No obstante, esta resolución es apelable ante una instancia judicial superior.
En este caso, el cargo de administradora única recaía sobre Isabel Elbal desde el 28 de febrero de 2020, cuando Gonzalo Boye se desvinculó de la gestión de su propia firma en su mujer. Renunció al cargo de administrador solidario apenas tres semanas después de que la Audiencia Nacional dictara el embargo de todos los bienes del abogado para hacer frente a los 1,2 millones de euros que adeuda por su implicación en el secuestro del industrial Emiliano Revilla.
En su dictamen, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solicitaba "profundizar en la investigación patrimonial del abogado" tras atender la petición realizada por el propio Revilla en 2018, cuando el empresario decidió personarse en la causa para que el abogado cumpliera con la sentencia. Con su salida del órgano de administración de Boye-Elbal, Boye establecía un cordón sanitario entre su situación patrimonial y la del despacho, que en 2020 declaró unos ingresos de 294.095 euros y unas pérdidas económicas de 109.341 euros. Al cierre del ejercicio contaba con un fondo de maniobra negativo de 6.542 euros.
Aunque siempre ha llevado causas mediáticas, el despacho saltó a la primera línea en 2017, cuando asumió la representación de los expresidentes de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y Quim Torra. Trabajos que alimentaron la campaña de "demonización" contra sus fundadores. A lo largo de 2020 Boye denunció hasta en dos ocasiones que unos desconocidos habían allanado las instalaciones de la firma.
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