El Tribunal Constitucional ha retrasado el estudio del recurso que presentó el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas aprobado en diciembre de 2022.
El Gobierno suma así los 174 votos que confirman su aprobación en el Congreso por mayoría simple para su paso al Senado. El resto de apoyos vendrán del PNV, Coalición Canaria, Más País, Compromís y PRC.
El órgano jurídico ha desestimado la petición del ex diputado de Unidas Podemos ya que "no procede", y recuerda que se le ha imputado una pena de 1 mes y 15 días de prisión.
Además de los votos de PSOE y UP, el Ejecutivo cuenta también con los de Nueva Canarias y el PRC, y la disposición de Cs, UPN y CC si no se toca el texto cerrado con sindicatos y CEOE.
En esta misma resolución se indica que la extinción de la responsabilidad debe se comunicada al Registro Central de Penados y Rebeldes a través del Punto Neutro Judicial.
El Supremo le condenó el 6 de octubre a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014.
En el escrito de dos folios firmado ayer martes, Rodríguez ha alegado que su pena "ha quedado ya extinguida", una vez que "la pena impuesta finaliza el día 5 de diciembre de 2021".
Estas son las votaciones decisivas de los Presupuestos, ya que el rechazo de la Cámara Baja a una sola de las secciones implicaría el fracaso de todas las cuentas.
Ya cuenta con 182 votos confirmados: PSOE (120), UP (34), ERC (13) EH Bildu (5), PdeCat (4), Más País-Equo (2), Compromís (1), y Nueva Canarias (1), Teruel Existe (1) y el Partido Regionalista Cántabro (1).
Le condenó a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014 con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Isabel Elbal, que permanecía como administradora única del bufete desde principios de 2020, solicitó el concurso de acreedores el pasado 29 de septiembre argumentando una situación de insolvencia.
El ex diputado de Unidas Podemos tiene derecho a cobrar una indemnización que supera esta cantidad, tras la retirada de su escaño en cumplimiento con la condena que dictaminó el Tribunal Supremo.
La candidata militante de Izquierda Unida, que ya abandonó la política institucional anteriormente, explica que le "resulta muy difícil poder ocupar el puesto" de su compañero "en las circunstancias actuales".
La Junta Electoral Central ha expedido la credencial de la número dos de Unidas Podemos en las lista por Santa Cruz de Tenerife. Ahora es la integrante de IU quién debe decidir si acepta o no el acta de diputada.
Es la líder mejor valorada por encima de Sánchez y Casado y más de la mitad de los propios votantes socialistas consideran que está capacitada para gobernar, aunque no creen que gane a corto plazo.
Felipe Sicilia respondía así a la petición de dimisión que han hecho esta mañana los portavoces de Podemos, Isa Serra y Pablo Fernández.
Desde la formación morada califican como una "tropelía" y una "vergüenza" la postura adoptada por la presidenta del Congreso de los Diputados.
Jorge Buxadé sentencia que la presidenta del Congreso ofreció un "espectáculo penoso" al mantener el escaño de Alberto Rodríguez en contra de la sentencia del Tribunal Supremo y luego retirárselo.
La mesa de seguimiento del Acuerdo gubernamental buscará este lunes reconducir la crisis abierta por la reforma laboral y la reacción airada de Podemos a la inhabilitación de su ya exdiputado Alberto Rodríguez.
Los diputados perciben una asignación mensual (sueldo base) de 3.050,62 euros, a los que se suman una indemnización mensual para "afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara".
El exdiputado de la formación morada ha contratado a los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye Rodríguez, quien ha representado, entre otros, al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
El diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha anunciado este sábado que abandona Podemos y que hará todo lo que esté en su mano jurídicamente para defender su inocencia tras perder el escaño.
Entienden que la presidenta del Congreso actúa en contra de la opinión de los letrados y juristas de la Cámara, que entendían que no era necesario retirar el acta al diputado por haber sido condenado.
El órgano de gobierno de los jueces afirma que el comentario de la ministra en Twitter "excede de los límites de la libertad de expresión". Critica que "genere una sospecha inaceptable" sobre el Alto Tribunal.
El Supremo condenó a Rodríguez por un delito de atentado a un agente a una pena de un mes y medio de prisión, sustituida por una multa y otra accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio.
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