El mismo día en que se han aprobado las ayudas europeas a España desde la UE, el nuevo Consejo de Ministros de Sánchez daba el visto bueno al primero de los grandes PERTE, el que debe resucitar al sector de la automoción, clave para sostener la industria del país, con un pequeño “milagro” que debe multiplicar los 4.300 millones de euros públicos en proyectos por valor de 24.000 millones, una cuenta sobre la que se muestran escépticos los principales empresarios implicados en este macroproyecto, sobre todo los fabricantes de automóviles y las grandes empresas energéticas que deben facilitar las redes de electrificación al parque móvil. Tanto desde el ámbito jurídico administrativo como desde las propias compañías advierten que la automoción va a ser el campo de pruebas del entendimiento público entre ministerios implicados (Industria, Transición Ecológica y Economía, sobre todo), CCAA y empresarios, con la incertidumbre que genera la burocracia que se ha generado en torno a los PERTE.
El propio director general de la patronal Anfac, José López-Tafall, advertía en la presentación de resultados del sector este martes que hay que tener cautela antes de lanzar las campanas al vuelo, ante la pérdida de un 12,8% de facturación de los fabricantes de coches en 2020 y la necesidad de más medidas fiscales y de otro tipo, además del PERTE, si se quiere revitalizar el negocio. Del lado de las empresas energéticas, sus servicios de estudios advierten que el cambio hacia la electrificación del sector no pasa solo por los fabricantes, sino por la red de recarga que hay que instalar para que circulen los coches eléctricos y, no menos importante, el papel que en toda esa reconversión debe jugar la tecnología del hidrógeno, que necesita ahora mas investigación que nunca para convertirse en una alternativa real a la combustión a medio plazo.
Una de las claves que van a definir la viabilidad de este proyecto y, por ende, la del resto de los que se están preparando, que tendrán un modelo similar de gobernanza, será el funcionamiento de las dos mesas por las que tiene que pasar la decisión sobre todos los “negocios jurídicos (contratos, proyectos, concesiones, planes de investigación, formación, etc…) que se planteen ahora con cargo al cajón de fondos que ha preparado el Gobierno”, señalan fuentes jurídicas. La principal de ellas será solo pública (Grupo de Trabajo Interministerial) y estará presidida por la ministra de Industria, Reyes Maroto, con miembros de hasta siete ministerios, mientras que en la segunda estarán las patronales del sector automoción, los sindicatos y las CCAA. Todo ello conforma un proceso de toma de decisiones complicado donde la llave siempre la tendrá el Ejecutivo.
Desde el Ministerio de Industria se ha asegurado siempre que se seguirán criterios técnicos para desbloquear cualquier situación, pero las empresas recelan de cuestiones en las que en un lado estén los ministros del PSOE y en otro alguna autonomía del PP, dado el enconamiento político que existe entre las dos formaciones a todos los niveles. Patronal y sindicatos serían un mero acompañamiento en esa batalla. Desde el ámbito de partidos como el PP, Ciudadanos o Vox se toman este reto como una prueba de fuego para la propia Reyes Maroto, que “ha sorprendido por no ser objeto de ajuste en la crisis de Gobierno” recién pasada. La lupa política estará puesta en los engranajes entre ministerios económicos, bajo la batuta de la empoderada Nadia Calviño como vicepresidenta primera, pero con intereses muy contrapuestos hasta ahora, como Industria y Transición Ecológica.
El engranaje jurídico y empresarial
Por otro lado, si bien la figura jurídica para adjudicar los contratos se verá en cada caso con todos los vericuetos que marca la Ley de Contratos del Estado, los condicionantes previos para que los proyectos sean aptos tampoco dejan tranquilos a los empresarios del sector, ni en la automoción ni en la energía: un mínimo de cinco empresas en cada caso, un 40% de pymes, un organismo investigador y dos comunidades autónomas. “Con ese corsé, va a ser muy complicado que no haya enfrentamientos y malestar por los criterios que se marquen para elegir proyectos y para determinar sus componentes”, aseguran fuentes jurídicas conocedoras de este tipo de procesos.
Tanto desde la oposición política como desde algunos de los grandes despachos de derecho de los negocios se ha advertido de las complicaciones administrativas y de competencia que pueden darse a la hora de decidir sobre los contratos concretos a los que lleguen las ayudas del PERTE. Incluso en el seno de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se mira con recelo este tipo de adjudicaciones, a sabiendas de que es muy posible que algunas de ellas les lleguen por entender que ha podido haber una vulneración de la normativa básica sobre libre competencia.
Del lado de las consultoras y los lobbies que se dedican a organizar y promover proyectos susceptibles de recibir fondos UE han sido muchos los empresarios que, ante la tesitura de compartir por obligación con otros competidores del sector su ‘know how’, han preferido no optar a las ayudas a fondo perdido que ahora llegan y esperar a lograr su propia financiación o a que se articule la adjudicación de créditos, donde podrían preservar mejor su capacidad de innovación.
