El Gobierno ya tiene lista la maquinaria para comenzar a repartir los fondos europeos. Una vez aprobado el Plan de Recuperación por el Ecofin y validado el primer PERTE, el del automóvil eléctrico, en Consejo de Ministros, el siguiente hito va a ser la publicación de una página web específica donde se centralizarán todos los procesos de concesión del maná comunitario. Todo está preparado en Moncloa y los ministerios para arrancar las convocatorias, una labor que será centalizada a través de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 y del Ministerio de Hacienda.
Será una especie de 'Plataforma de Contratación' donde administraciones y particulares podrán acceder a todo el proceso, como ya ocurre con las convocatorias de contratación en el sector público. El portal, que se está ultimando, dependerá de la Secretaría de Estado de Comunicación, que se encuentra, precisamente, en pleno proceso de cambio con la salida de su hasta ahora responsable, Miguel Ángel Oliver, y la llegada del exdiputado del PSC, Frances Vallés. En esa web se publicarán todas las convocatorias de ayudas, tanto las estatales como las autonómicas, y se podrá conocer el procedimiento para presentar los proyectos.
El proceso de adjudicación de los fondos europeos será el mismo que el de cualquier contrato público. Es decir, se crearán diferentes mesas de contratación o, en su caso, se conformarán comités de expertos, explican fuentes del área económica del Gobierno. El Ejecutivo quiere, por tanto, evitar posibles reclamaciones administraciones y judiciales por disparidad de criterios en las adjudicaciones. Serán, en consecuencia, funcionarios especializados quienes, a través de dichas mesas de contratación, decidan cómo y a quién van destinadas las diferentes partidas en juego. El Gobierno descarta adjudicaciones a dedo o sin publicidad.
Las empresas que hagan saber a la administración su interés por alguna partida de los fondos europeos tendrán que cumplir con toda la regulación en materia de contratos públicos o subvenciones y, por supuesto, de competencia. Todo ello se valorará en las diferentes mesas de contratación, que primarán los criterios técnicos de los proyectos candidatos, como a ocurre en cualquier proceso de la administración. En general, el criterio será que los fondos europeos se repartan vía mesa de contratación salvo en los casos contemplados en el artículo 146.2 de la Ley de Contratos del Sector Público: cuando "la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas". En ese caso se constituirán comités de expertos.
Todas las empresas tendrán, en definitiva, que cumplir con la legislación precisa para cualquier convocatoria pública. No habrá distinciones por ser Fondos Next Generation, avisan desde el Gobierno. Y eso afecta también a las empresas morosas. Las compañías que acumulen deudas con la Seguridad Social o con Hacienda quedarán automáticamente excluidas del proceso. En efecto, en el artículo 71 de la citada Ley 9/2017 se establece la prohibición para contratar con la Administración Pública, y de acceder a los fondos europeos, de aquellas personas que hayan solicitado la declaración de concurso voluntario de acreedores, que hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, que se hallen declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, y que estén sujetos a intervención judicial o hayan sido inhabilitados.
Las compañías que acumulen deudas con la Seguridad Social o con Hacienda quedarán excluidas de los fondos europeos
El Gobierno también fijó en el Decreto de Fondos Europeos, el que pudo sacar adelante in extremis gracias a la inesperada abstención de Vox en el Congreso, un mecanismo de control, véase unas directrices que son comunes a todos los países de la Unión Europea. Será, en concreto, la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, la encargada de ejercer de autoridad de control de los fondos. Incluso se reforzará el organismo independiente con el objetivo de vigilar todo el proceso. Se contempla la posibilidad de que pueda recurrir a firmas privadas de auditoría si los recursos propios de los que dispone no fueran suficientes.
Una veintena de funcionarios de élite para el Comité técnico
Para que las convocatorias de ayudas se aterricen sobre el terreno el Gobierno recurrió a una veinena de trabajadores públicos de élite, la mayoría de ellos funcionarios, expertos destacados en diferentes materias, para conformar el Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este equipo aprobará las orientaciones, los manuales de procedimiento o los modelos tipo de pliegos de licitación, bases para convocatorias. Sus componentes son Mercedes Caballero, secretaria general de Fondos Europeos; y Manuel de la Rocha, también secretario general de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno; José Santamaría, subdirector general de Secretaría de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Javier Font, auditor nacional y director de área de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA).
La Vicepresidencia primera de Nadia Calviño cuenta en este comité técnico con Pilar Sancho, subdirectora de Presupuestos y Contratación; y Manuel Abeijón, vocal asesor de la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Representando a Transición Ecológica se sientan Santiago Santillán, jefe de la Oficina Presupuestaria, y Marta Martínez, jefe de gabinete del Subsecretario. El Ministerio de Trabajo, por su parte, aporta a Ángel García, subdirector general de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE).
También se integran en el Comité Javier Ponce, director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); Susana Climent, subdirector de Fondos Europeos de Ciencia; Pascual Villate, subdirector general de Planificación, Infraestructuras y Transportes; María Muñoz, subdirectora general de Apoyo a la Pyme del Ministerio de Industria; Aitor Cubo, director general de Transformación Digital del Ministerios de Justicia; Diego Fernández, director general de Planificación y Gestión Educativa; Isabel Aguilar, subdirectora de Programación y Coordinación del Ministerio de Agricultura; José Ángel Alonso, vicesecretario general técnico del Ministerio de Inclusión; Joseba Miren García, subsecretario del Ministerio de Derechos Sociales; Débora Heredia, vocal asesora del Ministerio de Exteriores; y Patricia Fernández, directora de gabinete del Ministerio de Igualdad.
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