España, entre los países más laxos del entorno en cuanto a penas por robar luz

La única pena prevista para el delito de defraudación de suministro eléctrico en España es la multa de hasta 12 meses. Es una condena reducida si se compara con los países del entorno e, incluso, con el resto de delitos patrimoniales contemplados en el código penal (hurto, robo, estafa, apropiación indebida…) que sí prevén penas de cárcel. El hecho de que el marco legal sea más laxo provoca que muchas mafias europeas de la marihuana se estén asentando aquí, con la proliferación de los enganches ilegales de luz.

Hay que tener en cuenta que en el caso del fraude confluyen además razones de seguridad ante el riesgo de incendio y electrocuciones asociadas a las manipulaciones fraudulentas, que pueden afectar a las cosas y a las personas. Además, afecta a la colectividad, dado que el fraude masivo impacta sobre la red de distribución y, por tanto, sobre el resto de consumidores.

En este sentido, el reproche penal para quienes roban luz es sustancialmente menor en nuestro país respecto a países de nuestro entorno como Portugal, Francia o Italia, así como Alemania. España es el único de estos países en los que no se establece pena de cárcel, mientras que en el resto sí se prevén penas de prisión incluso en el tipo delictivo más básico.

Los enganches ilegales tienen consecuencias graves: incendios; interrupciones constantes de suministros cuando las temperaturas (muy bajas o muy altas) hacen necesario un mayor consumo eléctrico por parte de los vecinos con contrato, que se suma al consumo ilegal; daños en las estructuras de los edificios para pincharse ilegalmente a la red; violencia creciente y armada por parte de las mafias que operan en estos entornos; violencia e intimidación contra los operarios que actúan contra los cortes, necesitando el apoyo de la policía. 

Entre enero y agosto de este año, e-distribución, distribuidora de luz de Endesa, ha detectado 30.728 fraudes con un volumen de energía recuperada de 442,8 millones de kilovatios hora (KWh). En el caso de la marihuana, se han detectado 1.446 fraudes para alimentar plantaciones, con un volumen de energía recuperada de 173,6 millones de KWh, lo que supone el 40% sobre el total de casos. Entre 2020 y 2022 se dieron 190.000 casos de fraude eléctrico (150 al día tan solo en 2022). La energía recuperada por fraude en pequeños consumidores domésticos (potencia contratada menor o igual a 3,5 KW) representa únicamente el 14% del total.

Total de pérdidas para el sistema por enganches ilegales de luz

La valoración económica de las pérdidas no técnicas en el sistema eléctrico español al precio medio del mercado del pasado año se sitúa en 3.138 millones de euros, según cálculos del sector. El año pasado se registraron precios excepcionales por la invasión de Rusia a Ucrania, pero si se toma la media del precio de los últimos cuatro serían de 2.097 millones de euros. Las plantaciones de marihuana indoor (en pisos o en naves) han crecido de forma exponencial porque permiten hasta cuatro cosechas al año y resultan mucho más rentables. Con la primera cosecha pagan la instalación eléctrica y se enganchan directamente a la red para obtener la luz con los riesgos para la seguridad que eso supone.

De este modo, el problema de los enganches ilegales asociados a plantaciones tiene múltiples aristas como son la sociosanitaria, la de seguridad y habitabilidad en los barrios afectados, la legal y policial, la fiscal y, también, la económica vinculada al encarecimiento del recibo de la luz de todos los consumidores. Desde Endesa trabajan así con administraciones de todos los niveles y responsabilidades (Gobierno central, autonómico, alcaldías, Defensor del Pueblo, grupos parlamentarios), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, instituciones sanitarias y expertos legales al considerar que problema de esta magnitud solo puede abordarse con la colaboración y empuje conjunto de toda la sociedad.

Cuántos expedientes por enganches ilegales tiene Endesa al año

"Nuestra disposición es la de colaborar con administraciones, asociaciones y ONGs que trabajen en los barrios afectados, fuerzas policiales, expertos legales y profesionales sanitarios y psicosociales para encauzar adecuadamente un asunto realmente serio y complejo", señalan desde la compañía. El volumen de electricidad que se roba para alimentar la industria ilegal de la marihuana en España equivale ya al consumo anual de la ciudad de Sevilla, es decir, 2,2 teravatios hora (TWh), según estimaciones de Endesa para todo 2022.

La eléctrica cerró el curso pasado cerca de 1.800 expedientes por fraudes eléctricos para alimentar plantaciones de marihuana, cinco al día. El refuerzo de la red de distribución, que Endesa viene acometiendo con una inversión de millones de euros en los barrios afectados desde que este problema comenzó su crecimiento exponencial hace un lustro, no ha permitido solucionar el problema. A modo de ejemplo, en la Zona Norte de Granada, la potencia disponible ha crecido un 226% de 2017 a 2022, pero el número de incidencias en el suministro se ha triplicado hasta 155 en ese último año. A más potencia, más cultivos.