Jueves, 27.02.2020 - 09:43 h
Alegaciones a la última circular de Competencia

Las gasistas cargan contra la CNMC por usar datos 'contaminados' en los recortes

Las espadas siguen el alto a pesar de que Comptencia ha rebajado a la mitad la propuesta de recortes al sector entre 2021 y 2026.

La CNMC plantea recortes de hasta el 21,8% en la retribución de las empresas de gas. /EFE
La CNMC plantea recortes del 9,6% en la retribución de las empresas de gas. / EFE

La guerra del gas no ha acabado. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) rebajó en diciembre los recortes propuestos para las empresas del sector -transportistas y distribuidoras- y redactó una nueva circular que aplazó el hachazo. Las empresas y la asociación del sector, Sedigas, han presentado sus alegaciones en la consulta pública convocada el mes pasado. Emplean artillería gruesa. Entre otros argumentos, el sector sostiene que Competencia utiliza datos antiguos y "contaminados" por información de otros sectores.

La nueva propuesta de la circular del gas, la más polémica de las 14 tramitadas en la CNMC, suaviza el recorte a la retribución regulada de gas natural desde el 17,8% para el periodo 2021-2026 que planteaba inicialmente el 9,6%. Pero las aguas no vuelven a su cauce. El sector rechaza de plano los cálculos realizados por Competencia y, sobre todo, los datos en los que se apoyan.

La pelea es intensa porque hay mucho dinero en juego y algunas compañías, especialmente las más pequeñas, se juegan el grueso del beneficio. En términos de retribución media para el periodo 2021-2026,  con la última propuesta de Competencia, la actividad de distribución pasaría de ingresar en torno a 1.420 millones de euros con la metodología vigente a los 1.283 millones con la nueva propuesta.

Cálculo de rentabilidad

Las alegaciones, según coinciden fuentes del sector y de la CNMC, cuestionan el análisis de los técnicos de la Comisión porque a la hora de calcular ratios de rentabilidad -la madre del cordero que justifica los recortes-consideran al sector gasista como un  todo, sin tener en cuenta que engloba no sólo la actividad de distribución -la más afectada por el hachazo-, sino también otros combustibles gaseosos, desde el butano a los gases que emplean los aparatos de aire acondicionado. Todo ello habría llevado a la CNMC a utilizar datos "contaminados" con los de otros sectores.

Los números, alegan las empresas, son además antiguos. Ponen ejemplos. Como los utilizados a la hora de calcular el ROE (Return of Equity) -rentabilidad financiera- por sectores. Según consta en las alegaciones, la CNMC ha utilizado datos de la Associació Catalana de Comptabilitat y Direcció (ACCID) que no son comparables, según la propia asociación citada. Y todo, señalan fuentes de las empresas, aderezado con datos de Eurostat de 2016.

La polémica que dura ya meses ha afectado a las inversiones en el sector, según la información que maneja Sedigas. Su presidenta, Rosa María Sanz, lo destacó en un encuentro reciente con los medios. Los analistas también se han hecho eco en sus informes del impacto negativo en el sector de los anuncios de recortes. Los expertos del Banco Santander, por ejemplo, han cuestionado la metodología aplicada para justificar la propuesta de recortes -"el recorte de 239 millones [media anual] no está suficientemente justificado" sostienen.

Escenario de certidumbre

La polémica y los recortes están es un escenario que está muy alejado de la certidumbre a la que se habían acostumbrado los grandes inversores institucionales. En los últimos años y solo en el sector del gas, los fondos han invertido en torno a 10.000 millones en redes de distribución de energía. Fondos de EE UU (Black Rock), de Reino Unido (CVC), de Qatar, Kuwait (KIA) o Noruega (Norges Bank) participan en el negocio.

Las empresas afectadas por la circular de Competencia no sólo manejan argumentos técnicos en su defensa. Se mueven en un doble frente: el técnico jurídico, en el que cuestionan las justificaciones de la CNMC para aplicar la tijera, y el "político", que critica la aprobación de medidas duras para las empresas por un consejo en el que la mitad de los consejeros han cumplido ya su mandato y está en funciones. Este último punto ha sido considerado -y desestimado-por el Consejo de Estado. El organismo, que tiene carácter consultivo, ha avalado las circulares de Competencia aunque hayan sido aprobadas por un pleno en la que la mitad de sus miembros han sobrepasado los seis años de mandato.

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