En pocas ocasiones un duelo suscita tanta expectación como el relato sobre la caída del Popular que Ángel Ron, el que fuera su presidente durante 12 años, y Emilio Saracho, quien le relevó y vivió su últimos 108 días, han dejado en el Congreso. Casi en un careo, sus discursos pronto tornaron en duros y puzantes reproches sobre la responsabilidad del otro. Sorprendieron las formas, no tanto el fondo. Lo que se presumía menos (o sí; el tiempo dirá si es parte de la estrategia jurídica de defensa) es la única coincidencia en las versiones: fallaron los controles, la caja de herramientas del supervisor mostró graves deficiencias y, sobre todo, la primera resolución del euro precipitó la caída y fue dañina.
El organismo dirigido por Elke König, que en agosto escuchará a los afectados de la resolución porque en septiembre debe decidir si merecen ser resarcidos, afloró como culpable de frustrar las vías privadas de salvamento con las que trabajaba la entidad y abaratar con su actuación la adjudicación al Santander, como alegan gran parte de los escritos presentados en el Tribunal de Luxemburgo en contra de su decisión y el visado que le expidió la Comisión Europea para actuar.
En un relato cronológico y minucioso de los acontecimientos Emilio Saracho insistió en que el banco estaba "condenado" y era inviable que sobreviviese solo, pero apuntó a la JUR como la "puntilla" que acelera la sangría. Según detalla, la reexpresión de las cuentas y una información sobre el arranque de la venta exprés ante una errónea supuesta quiebra desatan la huida de fondos, pero manejable. "La salida de 5.000 millones en abril no era cosa que al Banco de España ni a mí nos quitase el sueño. Lo de abril y mayo era preocupante, pero perfectamente manejable y lo manejamos. Lo que no podemos manejar es que la persona de supervisión salga y diga que nos está mirando cuando llevamos quince días intentando vender el banco en público. Eso no lo resiste nadie. Si mañana vuelve a decir eso de cualquiera de los bancos de este país le puedo asegurar que tiene una corrida de depósitos instantánea".
En otro momento de su explicación deslizaba otro dardo: “No se puede vender un banco si no hay un enorme interés cuando existe una posibilidad inminente de conseguirlo más barato”, en alusión velada a esa misma filtración. En la intervención previa Ángel Ron había exigido que se investigue a “fondo” el colapso del banco y el “atropello” tan flagrante cometido por la Junta Única de Resolución (JUR) por aplicar un procedimiento “inadecuado”, que causó un “vaciamiento patrimonial de los accionistas” facilitando al Santander un negocio “excelente”.
Saracho, quien vivió en primera línea la agónica caída, derivaba así responsabilidades apuntando a las “desafortunadas” declaraciones en las que König revelaba a Bloomberg que la JUR monitorizaba la situación como la mecha que provocó que “una dificultad en liquidez pasase a una corrida”. Sucedió un 31 de mayo y el colapso por asfixia se certificó seis días después. En tres días salieron 5.000 millones de la estampida de 17.000 millones sufrida en el semestre. “Con una corrida de depósitos no íbamos a existir y con lo otro -la fuga de 5.000 millones al mes de abril o mayo- existiríamos dos meses y seguramente podríamos haber existido otros dos meses o tres más. Luego las declaraciones de König o de quien quiera que se las inventó fueron absolutamente la puntilla”, refirió.
El banquero defendió que el Popular no tenía ninguna opción de salir solo de la crisis porque era un banco zombi con un problema inmobiliario atascado desde una década que necesitaba una solución urgente, pero existía interés del Santander en adquirirlo tras abandonar la carrera el Sabadell, Bankia y BBVA por temor a ampliaciones de capital gigantescas para encarar el déficit de provisiones que sospechaban arrastraba.
La operación interesó inicialmente a todos ya que garantizaba sinergias mínimas de 3.000 millones aunque el apetito decae al no salirles los números por miedo, también, a tener que enfrentar costes judiciales de entre 2.000 y 3.000 millones de los inversores que acudieron a la ampliación de 2016. Aún así desveló que el 18 de mayo albergaba altas "expectativas" de venderlo y el Santander estaba dispuesto a pujar pero “por un precio negativo”, algo que reconoció inalcanzable ante la imposibilidad de contar con avales o ayudas públicas por lo que se estaban buscado fórmulas para cubrir ese riesgo. Su pretendido plan ‘B’ era ampliar capital en 4.000 millones el 12 de julio, si fracasaba la venta, para encarar el agujero que cifró en 5.500 millones y vender a la vez WiZink y la filial de EEUU Totalbank. Bajo ese escenario dejó caer que la simple posibilidad de que la JUR pudiese entrar, como se había aireado, implicaba un incentivo a esperar para pujar con un menor cheque.
¿Por qué no actuó antes? ¿Y por qué no lo hizo el supervisor? Su justificación es que trabajaba a máxima velocidad en ambas estrategias, pero necesitaba retasar más de 80.000 de inmuebles antes por la imposibilidad de activar la venta o la ampliación sin conocer -y enseñar- el estado real de la entidad. El banquero excusó que retrasó el recurso al Banco de España de la línea de liquidez de emergencia porque “el ELA era la muerte” e impedía ampliar capital si la accionaba. Pese a que la entidad se desangraba, jugó esta carta la víspera del colapso recibiendo apenas 3.500 millones de los 5.000 millones solicitados porque los avales de los que disponía eran “de muy malos a horrorosos”.
Saracho validó la versión del Banco de España: estaba maniatado porque si prestaba sin avales corría el riesgo de causar quebrantos al contribuyente de irse el banco a una liquidación. Sin embargo, cargó contra los reguladores por montar una herramienta de resolución sin proveerla del necesario fondo de liquidez cuando su capacidad de expropiación es máxima y dejó en evidencia a los supervisores -español y europeo- por permitir al Popular con su “pastoreo” sobrevivir una década parcheando balances. “El Popular era una bomba de relojería, en riesgo de estallar” que fue salvando el trance gracias a “una década de prestidigitación regulatoria”.
La resolución, reconoció, fue un "milagro jurídico y legal" que permitió vender la entidad en negativo porque lo hizo "en el mundo de los muertos" -algo que no puede hacer un consejo de administración- y evitó un "desastre bíblico". Pero, a ¿qué precio?: "ha sido a un coste altísimo. Los accionistas no tenían mucho valor, pero creo que no era cero, y desde luego los bonistas tengo mis dudas de si es justificable" (amortizar toda su inversión).
Esa, junto a gran parte de sus explicaciones, cuestionaban a la vez la gestión de Ángel Ron, quien en una intervención previa había acusado a Saracho de hundir pretendidamente la cotización para garantizarse la venta a bajo precio, desafiando incluso al supervisor con la amenaza de hacerlo estallar a su puerta ante su convicción de que no lo dejarían caer. Pero Ron también puso en la diana a la JUR y supervisor.
Al ceder la presidencia la contabilidad del sexto banco nacional cifraba en 10.700 millones un patrimonio que el ‘rescate’ de la JUR tornó en negativo. Ron, que se presentó como un afectado más con un quebranto de un millón de euros por la resolución, enfrentó a ambas autoridades con afirmaciones como que “no había visto jamás una situación donde, de la noche a la mañana, más de 300.000 personas, accionistas de un banco cotizado, nacido en 1926, que ha estado cotizado y sometido a la supervisión y al mercado, que jamás ha incumplido ni una sola vez los requerimientos legales, de repente son desposeído de su propiedad”. Su tesis es que la JUR aplicó la fórmula y medicina equivocada porque formuló los ajustes bajo el supuesto de un banco en liquidación o, lo que es lo mismo, donde hay que contabilizar a cero partidas que sí tienen valor si la actividad continúa como carteras de renta fija o los activos fiscales acumulados para su descuento en la Agencia Tributaria.
¿Benefició al Santander?
A preguntas directas de los diputados excusó en un primer momento que no le tocaba valorar si eso benefició al Santander, pero acabó deslizando que ha hecho una operación “excelente” porque hereda, por ejemplo, 5.000 millones en dicho cheque fiscal o ingresó 5.500 millones con la venta de ladrillo gracias a la limpieza realizada por la JUR, muy superior a lo exigible por ley porque se planteó para que pudiese vender el bloque con los descuentos que exigen los fondos oportunistas.
Uno y otro hicieron del reproche mutuo de responsabilidades su defensa. Frente a la acusación de Ron, Saracho llegó a sostener que no le sorprendió el final porque el Popular era el “mayor problema” de la banca europea -si se exceptúa Deutsche Bank- y jamás habría tenido una crisis de liquidez de contar con suficiente solvencia, devolviendo a Ron la pelota con la denuncia de que bajo su dirección se cometieron “trampas” para ocultar riesgos problemáticos. Ron excusó la voracidad en la que se embargó el Popular en el mundo del ladrillo en que se unía a un negocio del que había estado ausente mientras otras entidades llevaban años financiando, y en la necesidad de ganar tamaño como táctica de defensa porque varias cajas habían intentado comprar el banco. Como aval de su gestión echó mano de la falta de enmiendas por parte de auditores o supervisores y la validación de que el sistema de gestión de riesgos era conforme a la ley por parte de varias firmas consultoras y auditoras.
La pelota lanzada sobre el tejado de la JUR carece de réplica. Sólo el organismo sabe si los documentos que guarda con tanto celo en secreto sobre lo que rodeó al hundimiento del banco -y ha prohibido explicar a todas las autoridades involucradas pese al interés del Frob o el Banco de España en despejar dudas- diluirían las sospechas. A falta de datos, la simple situación sí pone en cuestión los controles y las herramientas en manos de las autoridades para detectar, lidiar y gestionar la situación en el banco. Con el Popular se estrenó un mecanismo de resolución europeo que la misma JUR ha reconocido arrastra deficiencias para proveer liquidez o, incluso, estaba viciado por una burocracia que retrasaba la capacidad de actuar. Queda en el aire cómo encajan esa falta de previsión -se liquidó un banco solvente- los más de 300.000 afectados.
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