El ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dejado en herencia a su sucesora, María Jesús Montero, un novedoso cauce legal que sitúa a la nueva ministra ante su primera decisión de alto voltaje: ordenar o no a los servicios de la Agencia Tributaria la fiscalización del deterioro contable declarado por el Santander a cuenta de la operación de liquidación y posterior adquisición por un euro del Banco Popular, a efectos de verificar si la cuantía de los créditos fiscales que la entidad solicita ingresar de la Hacienda Pública se corresponden o no con las pérdidas reales en que éste incurrió.
El asunto está lejos de ser poca cosa. El Santander, como cualquier otra entidad en su situación, tiene el derecho legal a solicitar la devolución de los activos fiscales generados con las abultadas dotaciones sobre inmuebles e impagos efectuadas por el Popular, al igual que ante otras contingencias como la financiación de planes de previsión social o programas de prejubilación, y en una cuantía tasada de los fondos propios perdidos en el proceso.
En el caso concreto del Popular, Santander reclamó el pasado año a la Hacienda Pública el cobro de unos 400 millones de euros a cuenta de las pérdidas del ejercicio de 2016; y este año la cifra podría incrementarse hasta los 1.600 millones de euros, según la estimación realizada en sede parlamentaria por el portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre, y ratificada por el presidente del FROB en el mismo ámbito.
La diferencia es que el año pasado Hacienda abonó la factura que le correspondía sin rechistar, mientras que este año... Desde este jueves la Inspección de Hacienda dispone por primera vez del soporte legal necesario para solicitar a las empresas la información sobre sus balances que considere oportuna para verificar que los créditos fiscales que éstas pretendan convertir en derechos de ingreso contra la Hacienda Pública se correspondan de manera fidedigna con su realidad contable.
La entrada en vigor de los Presupuestos del Estado, publicados ayer en el BOE, ha activado una disposición, impulsada por Ciudadanos e incluida dentro del acuerdo con el Gobierno del PP para sacar adelante el proyecto presupuestario, por la que se faculta a la Administración Tributaria para "comprobar cualquiera de las circunstancias determinantes de la conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración, en particular las pérdidas contables".
El retoque introducido en la redacción del artículo 131 de la Ley del Impuesto de Sociedades tiene como objetivo impedir que ninguna entidad pueda 'monetizar' los activos fiscales puestos de manifiesto por alguna de las causas que establece la ley sin que antes la Agencia Tributaria tenga la posibilidad de verificar la fiabilidad de los asientos contables que generan ese derecho, según explica uno de sus autores intelectuales, el diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre.
De la Torre también aclara que lo que hace la nueva normativa es dar la posibilidad a la Administración Tributaria de comprobar esa información, lo cual no quiere decir que se tenga que hacer de forma obligatoria. Hacienda podría entender que la información proporcionada es rigurosa y que, por tanto, no procede efectuar actuación de inspección alguna sobre el particular. Es decir, verificar o no es una decisión potestativa de la Administración Tributaria.
Lo que ocurre es que en el caso de los créditos fiscales del Santander a cuenta de la operación del Popular el diputado de la formación naranja entiende que esta revisión no estaría de más, toda vez que ya se dispone del soporte legal para hacerlo. "Debería poderse comprobar, porque podría haber discrepancias en esas pérdidas", asegura, argumentando que la singular fórmula de resolución del Banco Popular ha hecho que la pérdidas declaradas por el Santander sean "pérdidas contables casi secretas", ya que ni el Banco de España ni el FROB han aportado información oficial sobre el particular.
El Santander deberá presentar de aquí al 25 de julio su Declaración del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2017 y en ella deberá reflejar los créditos fiscales reclamados a cuenta del deterioro generado en su balance por las pérdidas del Popular. Su presentación activará el periodo para que Hacienda decida si quiere meterse o no a escudriñar las cuentas de la liquidación del Popular aprovechando el cauce abierto en los Presupuestos de 2018.
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