“Será absolutamente ingestionable”. El director general en España y Sur de Europa de Homeaway, rival de Airbnb en el alquiler de viviendas vacacionales, asegura que el decreto aprobado por el Ministerio de Hacienda bloqueará su actividad en España. Entienden que recabar todos los datos referidos a la referencia catastral de las viviendas o al número de viajeros complicará mucho su actividad. Sobre otros datos vinculados a la transacción económica para las reservas, la tecnológica se mantiene abierta a facilitarlos a la Agencia Tributaria.
El decreto aprobado el pasado mes de diciembre obliga a plataformas como Homeaway, Airbnb o Niumba a remitir información sobre clientes y propietarios. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la patronal del sector digital, Adigital, que entienden que las obligaciones “exceden lo necesario y proporcional”, imponiendo una carga administrativa y operativa a ciertos modelos de negocio que “también resulta contraria a la normativa existente”.
En una entrevista con La Información, Juan Carlos Fernández defiende que este decreto “nos atribuye funciones que no son nuestras”. Además obliga a proveer datos “que no tenemos”, entre los que incluye, por ejemplo, la referencia catastral o el número de viajeros que llegan a la vivienda. Y va a generar unos problemas operativos importantes. “La complicación va a ser tremenda”, lamenta.
Desde la compañía están dispuestos a entregar datos relacionados con la transacción, el montante económico o la persona que ha efectuado el pago. Hoy por hoy no lo hacen, pero abren la puerta a facilitarlos.
Recaudador de la tasa… ¿y sus impuestos?
Al margen de los datos que se deberán aportar a Hacienda, la compañía tiene hoy un papel de recaudador de la tasa turística en otros países europeos como Francia. En España, esa tasa está aprobada en Cataluña y Baleares. ¿Implantará algo así? “Las tasas allí son voluntarias, no existe la obligación; estamos abiertos a realizar la recogida de la tasa turística aquí”, apunta el directivo.
En materia fiscal, Homeaway también tiene unas obligaciones por sus operaciones en España. Su estructura corporativa es muy similar a la de otras empresas tecnológicas, con la sede de la matriz en Holanda. En sus cuentas no queda claro si la facturación -donde incluyen una parte destacada de servicios a una compañía en Luxemburgo- desde la filial española es la de las comisiones cobradas por las contrataciones de los alquileres. En 2015, último año disponible en el Registro Mercantil, sumó 16 millones de euros de ingresos -algo más de 4 millones en servicios a la luxemburguesa-.
Lo llamativo es que entre los dos últimos ejercicios apenas sumó 280.000 euros de impuesto de sociedades. ¿Creen desde la cúpula de la compañía que es suficiente? “Es acorde a la actividad de la compañía; nosotros nos adaptamos a lo que las condiciones de mercado y las regulaciones europeas nos permiten siempre maximizando el retorno para la compañía dentro de los márgenes de la ley”, apunta Fernández, quien esgrime, al igual que sus homólogos en otras compañías del sector, la inversión en personal como una ‘contraprestación’ a tener en cuenta.
El problema de los anuncios ilegales
Hoy Homeaway cuenta con más de 100.000 anuncios en España (arrancó en 2011 con 15.000). En este tiempo ha recibido, al igual que otros competidores, críticas por incluir pisos turísticos ilegales. ¿Cuántos han retirado en este tiempo? “No te puedo decir exactamente; hemos recibido solicitudes de Andalucía, Cataluña, Asturias… pero nos reservamos el número total por no dar información a la competencia”, alegan desde la empresa.
En este sentido ya tiene, según el directivo, un campo de registro para que se incluya el número de la ‘licencia’ para piso de alquiler turístico en las comunidades donde es obligatorio (todas excepto Murcia, Castilla La Mancha y Extremadura), junto con campañas activas de información a propietarios. Sin embargo, descartan entrar en el cotejo de todos esos datos.
Respecto a este trabajo de cotejo, se lavan las manos. ¿Cómo? Alegan que su actividad es la de una plataforma digital, regida por la Ley de la Sociedad de la Información (LSSI). “No ostentamos la gestión directa ni la propiedad o titularidad de las propiedades, por lo que no tenemos la obligación de hacer esa labor previa de control y verificación de los contenidos que hay en la plataforma”, apuntan.
La responsabilidad en la subida de precios y del boom
Al margen de los pisos ilegales, la compañía ha sido objeto de crítica acusándole de ser corresponsable de la subida de precios y del boom del turismo descontrolado en el centro de las ciudades. Respecto a lo primero, alega que en ciudades como Madrid estas viviendas vacacionales representa un 1% del parque total. “Es muy difícil que, aunque pueda haber una subida de precios en el alquiler vacacional, este impacte con un crecimiento en toda la ciudad; otra cosa es en un punto muy concreto, de un barrio del centro, donde la cuota de alquiler vacacional sea mayor”, explica el director general.
Sobre su papel en la explosión de este turismo de alquiler en las grandes ciudades, que ha acarreado numerosas manifestaciones en ciudades como Madrid o Barcelona, Fernández afirma: “Nos sentimos corresponsables respecto a la expansión del alquiler vacacional como modelo escalable”. ¿Y los casos de masificación? “Esos casos son muy localizados; cuando hablamos de expansión del modelo, pongámoslo en perspectiva: España ni siquiera es el mercado más grande”, explica. Y señala a Francia e Italia con 700.000 y 400.000 pisos turísticos como los mercados con más parque. En España, según PhocusWright, suma 440.000. En esa comparativa no se tiene en cuenta una población muy diferente en número.
Con todo, las plataformas como Homeaway se enfrentan ahora a otra batalla: la del Supremo por eliminar la petición de información exigida por Hacienda. Queda por ver si logran una complicada victoria.
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