El Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el ente que finalmente avalará las fianzas que reclama el Constitucional a los exaltos cargos del Govern, es una entidad financiera pública, propiedad de la Generalitat, que aspira a obtener ficha bancaria.
Su consejero delegado, cargo que ejerce actualmente Víctor Guardiola, es elegido por el gobierno catalán. El nuevo consejero delegado del ICF acumula una amplia experiencia en el sector bancario, ya que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en CaixaBank, donde fue director del área de empresas, entre otras responsabilidades.
Fundado en 1985, el ICF tiene como misión impulsar y facilitar el acceso a la financiación al tejido económico de Cataluña y es miembro de la European Bank Association of Public Banks.
A finales de mayo, el ICF dio a conocer que había presentado al Banco de España la solicitud de licencia bancaria y que se preparaba para poder operar como banco público en Cataluña, al obtener el aval del Govern para crear la sociedad ICF Banc.
El ICF reveló entonces que a finales de marzo ya había solicitado formalmente la petición de licencia bancaria al Banco de España, que debe validar la petición y emitir el informe correspondiente al Banco Central Europeo para su aprobación, y estimó que la obtención de la licencia como entidad de crédito podría alargarse hasta 12 meses.
La obtención de la ficha bancaria es un objetivo histórico de los partidos que conforman el gobierno catalán. De hecho, el ejecutivo autonómico se había marcado 2015 como fecha para que el ICF tuviera ficha bancaria y pudiera convertirse así en un banco público catalán, una de las "estructuras de Estado" contemplada en los acuerdos de estabilidad sellados entre CiU y ERC a finales de 2012.
El año pasado, y debido a la crisis de la covid-19, el ICF facilitó financiación -en forma de avales o préstamos- a pymes y a autónomos por valor de 1.328,9 millones de euros, el doble que en 2019. El grupo ICF registró en 2020 un beneficio de 5,4 millones de euros.
A pesar que a lo largo de su historia el ICF ha facilitado financiación a grandes empresas como La Seda o Spanair, ya desde hace una década decidió reducir su exposición a grandes compañías y centrarse en la financiación a pymes y autónomos.
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