Revisión inédita

El ICO vigila la 'huella ambiental' de más de 18.000 millones en préstamos

A la vista de los requerimientos regulatorios a las entidades financieras relativos a la descarbonización de la economía, el banco público ha decidido calcular las emisiones de CO2 ligadas a su actividad. 

El presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo
El presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo
Europa Press

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) da un paso más en su compromiso con la descarbonización de la economía en vista de los requerimientos de los supervisores nacionales y europeos a las entidades financieras, que urgen a establecer un plan de acción claro para hacer frente al cambio climático. El banco público revisará por primera vez las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) financiadas en su cartera de préstamos e inversión del ejercicio 2021, que aglutinan un saldo de unos 18.436 millones de euros, correspondientes a 11.669 operaciones y 9.089 clientes. 

Un asesor externo, cuya contratación aún está pendiente, deberá realizar un análisis e identificar las necesidades de información para implementar de la forma más correcta posible la metodología de cálculo, que será el estándar desarrollado por PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials), una asociación global de instituciones financieras que trabaja unida en la implementación de un enfoque armonizado para evaluar y divulgar la 'huella ambiental' de sus actividades. 

Dispondrá de un informe detallado que desagregará las emisiones generadas, evitadas y capturadas por clase de activo, sector y zona geográfica

Posteriormente se calcularán las emisiones financiadas, haciendo una clara distinción entre las emisiones generadas, las evitadas y las capturadas. El ICO quiere contar después con un informe muy detallado, por lo que exige que se muestren desglosadas las GEI, al menos, por clase de activo, sectores y zona geográfica. El asesor externo deberá elaborar un manual y enseñar al ICO a realizar este estudio, puesto que su intención es continuar llevando a cabo estas mediciones sobre sus carteras cada año pero de forma independiente. 

En esta inédita prueba quedarán bajo escrutinio varias carteras, según la documentación consultada por La Información. Por un lado, la financiación directa del ICO, con un saldo de 11.329 millones de euros, compuesta por aproximadamente unas 700 operaciones y 420 clientes. La mayoría son grandes empresas y vehículos de propósito especial (SPV, en inglés), que son un tipo de entidad independiente con sus propios activos y pasivos y personalidad jurídica que pertenecen a una organización mayor. Se crean con un objetivo concreto, normalmente para aislarlas del riesgo financiero.

Analizará la financiación directa a grandes empresas y SPV, FondICO Infraestructuras II (Axis) y las líneas de mediación

En este caso, la financiación corresponde fundamentalmente a financiaciones corporativas, project finance, financiación institucional y compra de bonos y pagarés emitidos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). En estas operaciones se dispone de la posición de deuda a 31 de diciembre de 2021. Por otro lado, se incluirá la cartera de FondICO Infraestructuras II, que consta de seis proyectos con un importe aproximado de participación del banco público en la inversión de unos 45 millones de euros. Este portafolio en realidad está gestionado por Axis, la filial de capital riesgo del grupo ICO.

También se incluirá en la revisión la financiación de mediación de este organismo adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta cartera consta de un saldo de 7.062 millones de euros y está compuesta por alrededor de 10.936 operaciones correspondientes a 8.659 clientes. Se trata de una de las líneas más importantes del ICO, concebida bajo un esquema de colaboración público-privada con la banca para financiar las actividades empresariales y proyectos de inversión de autónomos, emprendedores y empresas. 

El área de sostenibilidad del ICO será la encargada de ejecutar este plan. Su política establece la obligación de contribuir activamente a la descarbonización de la economía española a través de la descarbonización de su propia cartera. No obstante, pretende capturar también beneficios propios. Esta revisión le permitirá ir poco a poco limitando sus riesgos y aprovechar plenamente las oportunidades del proceso de transición ecológica. Espera que con este paso anime a hacer lo mismo al resto del sector financiero y de la sociedad. 

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