Glovo logra algo de oxígeno en un momento muy complicado en lo económico con la Seguridad Social estrechando el cerco. La compañía ha conseguido que los jueces de la Audiencia Nacional confirmen la suspensión del pago de 64 millones de euros por dos actas de liquidación y sanción por su modelo laboral con los riders. Lo hace alegando que el desembolso generaría una "situación extrema". Alega pérdidas de más de 209 millones de euros para el ejercicio 2023, junto con "problemas de liquidez en el corto plazo". Además insiste en que el desplome en la cotización de su dueño, Delivery Hero, "pone en riesgo las aportaciones que pueda hacer a la compañía". Y, por último, señala que las entidades financieras españolas "han disminuido o eliminado el crédito ofrecido".
La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional dio la razón a Glovo en un primer recurso que se refería a unas actas de liquidación y sanción que sumaban algo más de 900.000 euros. En un primer momento, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 había rechazado la suspensión del pago. Los magistrados de la AN le dan luz verde. En otro procedimiento muy similar, pero esta vez referidos a un pago de más de 63 millones de euros, la misma Sala esgrimen los mismos argumentos para frenarla cautelarmente a la espera de resolver definitivamente el fondo de la cuestión sobre su controvertido modelo laboral de repartidores autónomos, según queda reflejado en sendas resoluciones a las que ha tenido acceso La Información.
Para tratar de convencer a los magistrados la empresa con sede en Barcelona ha alertado en las dos ocasiones de una situación muy complicada en lo económico que podría implicar incluso un concurso de acreedores y un "posible cierre" en caso de tener que desembolsar ahora ese dinero. En primer lugar habla de su incapacidad para generar flujos positivos. La previsión para 2023 era de unas pérdidas de 209 millones de euros. "Todavía no se prevé que consigan obtener un flujo monetario positivo", apuntan. Hay que recordar que en el año 2022 la compañía española perdió un total de 412 millones de euros.
Por otro lado, señala también su situación patrimonial que también es muy delicada. En este sentido insisten en que los pasivos corrientes son superiores a los activos y, por tanto, el fondo de maniobra de la compañía es negativo en 20 millones. Esto "indica problemas de liquidez en el corto plazo". En este contexto, habla de la dificultad para obtener financiación externa ante un escenario de tipos de interés elevados. Así apunta a que las entidades financieras españolas "han disminuido o eliminado el crédito ofrecido".
Por último hace referencia a algo que también impactó de lleno en las decenas de inversores de la compañía que en la venta recibieron acciones de su nuevo dueño, Delivery Hero. El desplome de los alemanes en bolsa, con descensos muy pronunciados en el último año y medio, también pasa factura. "Pone en riesgo las aportaciones que pueda hacer a la compañía".
Los jueces admiten que el pago por parte de Glovo produciría "perjuicios de especial importancia y difícil reparación"
Los dos procedimientos
El primero de los procedimientos tiene que ver con el pago de unos 930.000 euros (231.900 en liquidación y 703.000 de sanción). La empresa pidió la suspensión cautelar y el Juzgado Central de lo Contencioso número 11 lo denegó en mayo. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia tumba esa decisión. Insiste en que existen "excepciones específicas y acreditadas por las especiales circunstancias que rodean el acto que pueden hacer procedente la suspensión". Y en este caso entiende que el pago produciría a Glovo "perjuicios de especial importancia y difícil reparación" en base al informe pericial presentado por la compañía en el que se relata esa "situación extrema".
El caso más relevante es el segundo pero se basa exactamente en esos mismos argumentos. El Juzgado Central de lo Contencioso número 5 había aceptado la suspensión cautelar. Pero tanto la Tesorería General de la Seguridad Social como la propia empresa lo habían recurrido. La primera para tumbarlo y exigir el pago inmediato. Y la segunda para evitar tener que presentar una garantía bancaria para lograr ese freno temporal. La conclusión es que rechaza ambas peticiones, pero mantiene esas medidas cautelares.
Glovo acumula decenas de casos judicializados que suman varios cientos de millones de euros en sanciones y liquidaciones exigidas por la Seguridad Social en cotizaciones sociales por sus riders. Hace unos días se conoció la primera acta levantada por la Inspección de Trabajo basándose en el nuevo modelo de la empresa y en la llamada 'ley rider'.
45 millones al trimestre
A mediados del año pasado, Delivery Hero elevó a 400 millones de euros el pago máximo en multas ejecutadas por la Inspección de Trabajo. En 2022 asumió una provisión de la española de 258 millones de euros después de resistirse durante un primer momento a afrontar esa medida. Por tanto esperaba que la subida sería especialmente relevante por los procedimientos iniciados.
Estos pagos sólo se referían a la normativa previa a la 'ley rider'. Esta implicará aún mayores pagos por parte de Delivery Hero y Glovo. La primera aseguró a sus inversores el pasado mes de noviembre en la presentación de resultados que provisionará hasta 45 millones de euros al trimestre en multas después de recibir la primera acta con la legislación actual. "Teniendo en cuenta el panorama político, Delivery Hero espera que la autoridad continúe con su procedimiento; Glovo no está de acuerdo con la propuesta enviada por las autoridades y la disputará una vez finalizada", apuntaba.
En esa ocasión, el grupo con sede en Berlín insistían en que están "abiertos al diálogo y a encontrar una solución a largo plazo con el Gobierno y las partes interesadas en España". Defendió que Glovo continuará "revisando su modelo y ajustando cuanto sea necesario para abordar cualquier inquietud de 'compliance' de la autoridad laboral".
