La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso presentado por Banco de Santander y rebaja la indemnización por daños morales y reputacionales a Andrea Orcel a dos millones de euros, frente a los diez millones de la sentencia de Primera Instancia. Igualmente, revoca el pronunciamiento sobre los intereses de mora, que deben entenderse aplicados únicamente a la indemnización por 17 millones de euros que estableció el juzgado. Contra esta resolución no cabe recurso alguno.
El tribunal considera que efectivamente, el banquero tiene derecho a una compensación por su fichaje fallido como consejero delegado de la entidad en 2018, pero rebaja la indemnización por daños morales puesto que "fuera del perjuicio presumible, no se ha evidenciado algo más tangible que permita apreciar una gravedad especial en la situación personal o profesional del Sr. Orcel (noticias en medios de comunicación con críticas hacia él o cuestionando su capacidad, tratamientos psicológicos, alteraciones graves de su vida familiar)", señala el Tribunal. "En función de lo expuesto, consideramos más proporcionado fijar la indemnización en la cantidad de 2.000.000 euros", concluye.
Por otro lado, la Audiencia Provincial de Madrid también recova el pronunciamiento sobre intereses de mora, los cuales han de entenderse aplicados únicamente a la indemnización por “17.000.000 de euros en concepto de 'Bonus de incorporación'", recoge el escrito.
De esta manera, el fichaje fallido de Andre Orcel, como consejero delegado de Banco Santander en 2018, para sustituir a José Antonio Álvarez, tendrá un coste en concepto de indemnización para Banco Santander en 43,42 millones de euros. Este se divide en 17 millones de euros en concepto de “Bonus de incorporación”, a lo que se suma 18,62, millones en concepto de “Asunción de incentivos a largo plazo”, más 5,8 millones de euros, en concepto de dos anualidades del salario, recogido en la Cláusula “Retribución objetivo anual” y dos millones de euros en concepto de daños morales y de reputación.
Disputa en 2019
El conflicto tiene su origen en 2019. El banco que preside Ana Botín dio marcha atrás en la contratación del que hasta la fecha era banquero en UBS. El banco acusó al ahora CEO de Unicredit de grabar conversaciones y de comportamiento poco ético. También fue determinante el 'bonus' que tenía Orcel en UBS, de 52 millones de euros, y que pretendía que el banco de inversión suizo se hiciera cargo de él, tras su fichaje por Santander.
Al no lograrlo, intentó que fuera Banco Santander quién se hiciera cargo del pago, pero Banco Santander se negó a compensar al directivo por su labor en otra entidad, alegando, además, que su naturaleza es de banca minorista y on de inverisón como UBS.
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