Miércoles, 15.08.2018 - 07:09 h
Un empresario, en la diana

La vida en el filo de Trinitario Casanova, entre 'pelotazos' y problemas judiciales

Tras ser condenado por difundir noticias falsas para 'salvar' sus acciones del Popular, un caso de fraude fiscal amenaza con sentarlo en el banquillo

Fotografía de Trinitario Casanova
Trinitario Casanova, presidente del Grupo Baraka.

Cuando se presentó como imprevisto comprador del emblemático Edificio Españaponiendo por delante los 272 millones de euros que pedía el Grupo Wanda para compensar al menos en parte el fiasco que le supuso esa operación inmobiliaria, sorprendió casi tanto por el músculo financiero que demostró su plataforma de inversión - el Grupo Baraka - como por la intensa actividad inmobiliaria previa que afloró ese movimiento. 

Entre sus adquisiciones, una de las propiedades más codiciadas de Bankia en pleno corazón de la Gran Vía madrileña o la mayor superficie de suelo industrial en Valdebebas, operaciones por cierto que le rindieron importantes beneficios a posteriori tras cerrar sus ventas a otros fondos compradores. Una operativa similar, aunque menos inmediata, que la que dio con el Edificio España en manos del Grupo Riu. Una operativa esa de comprar de forma espectacular y vender rápido para asegurar la plusvalía que emparenta el proceder de Baraka con el concepto tradicional de 'pelotazo' inmobiliario y que le ha reportado importantes beneficios.

La plataforma que ha sustentado estas operaciones ha sido el Grupo Baraka. Un holding empresarial que tiene como campo de actuación todo el espectro del sector inmobiliario - la constructora Trabis se ha encargado, por ejemplo, de habilitar el despliegue logístico de Amazon en España en los últimos meses- y que extiende sus tentáculos a otros ámbitos como la inversión bursátil, la promoción de conciertos o la explotación agrícola.

Problemas con la Justicia

Pero el éxito en los negocios del empresario alicantino, uno de los contados supervivientes del sector inmobiliario de los años de la burbuja en que fue presidente del Grupo Hispania, ha tenido un reverso tenebroso por sus recurrentes problemas con la Justicia. De la última fase de esos años de vino y rosas viene, precisamente, el proceso judicial que amenaza con sentarlo en el banquillo a cuenta de un presunto fraude fiscal de más de 10 millones de euros de la época en que presidía el Grupo Hispania. La continuación por los trámites de procedimiento abreviado de las diligencias augura más problemas para el empresario, ya que implica la existencia, en opinión del juez, de indicios de delito en la actuación de los encausados.

No es su primer problema judicial. Hace menos de un año la Audiencia Provincial de Madrid condenó al empresario al considerar probado que difundió noticias falsas sobre una presunta operación de compra del banco por parte de inversores mexicanos en junio de 2008, con el objetivo más o menos velado de mejorar la valoración de mercado de las acciones de la entidad. El empresario había adquirido 42 millones de acciones del banco, haciéndose con el control del 3,5% del capital y la evolución a la baja de las mismas amenaza con meterle en un grave problema financiero, ya que había financiado su adquisición mediante un crédito con una entidad financiera. No salió del todo mal parado del asunto, ya que finalmente se revocó la amenaza inicial de un año de cárcel.

El nombre de Trinitario Casanova apareció también vinculado al Caso La Zerrichera, una megacausa inmobiliaria conocida como 'el Malaya murciano', por la que están encausados una veintena de altos cargos y funcionarios de la Administración murciana, y en la que el empresario apareció como imputado, para que luego se retiraran los cargos contra él. No obstante, no se libró de testificar el pasado mes de noviembre en su condición de comprador y principal promotor de los terrenos recalificados irregularmente en un paraje protegido de la Sierra de Almenara para la construcción de un complejo de 4.000 viviendas, hoteles y campo de golf. Resulta que los terrenos estaban bajo especial protección por estar propuestos como zona de protección de aves y lugar de interés comunitario, y no podían ser recalificados para su urbanización como en efecto se hizo. En el inicio de la causa se imputó al consejero murciano de Medio Ambiente, al alcalde de Águilas (termino municipal donde se hallaba el paraje) y al promotor, aunque posteriormente se archivaron las diligencias contra ellos.

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