El marco de entendimiento entre las aerolíneas y Aena para los próximos cinco años, comúnmente conocido como DORA, ha terminado en los juzgados. La asociación empresarial por los servicios de navegación aérea (APCTA) ha llevado ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado 28 de septiembre de aprobar el último plan quinquenal, en el que quedaban fijadas las inversiones e ingresos regulados del gestor aeroportuario hasta 2026. Esta asociación, cuyos representantes son las empresas privadas que manejan las torres de navegación aérea, ha solicitado las actas de las reuniones que dieron lugar a este documento.
En un auto del alto tribunal del 11 de abril en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la asociación empresarial solicitó que el Ministerio de Transportes aportase al completo el expediente administrativo relativo al último DORA: las nueve actas de reuniones que mantuvieron los agentes involucrados (administración, Ejecutivo, aerolíneas y Aena) y el documento de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sin ningún tipo de restricción - APCTA alegó que se habían suprimido algunas partes en la información recibida-.
Para fijar posición, el Supremo atendió también a las alegaciones del Gobierno. A través de la Abogacía del Estado, el Ejecutivo se negó a entregar esta documentación para poder "mantener la confidencialidad" de la misma, escudándose en la normativa que regula el propio DORA (Ley 18/2014). La administración también esgrimió como motivo para mantener bajo llave el contenido del DORA que existe una clara "falta de legitimación de la interesada en el procedimiento de propuesta, elaboración y tramitación".
APCTA quería conocer al detalle cuáles son los costes de los servicios de navegación de seguridad aérea que asume Aena y fija más tarde en el DORA. El nuevo documento de ordenación aeroportuaria enmarca estos servicios dentro de las "inversiones relevantes" y contempla para ellos una dotación de 28,01 millones de euros. Es una partida poco significativa si se compara con el resto de inversiones que el gestor aeroportuario debe llevar a cabo en materia de seguridad (451,43 millones de euros), mantenimiento y conservación (787 millones) o tareas en los campos de vuelo (118 millones) desde este año hasta 2026.
El Supremo ha optado por atender en un primer momento las alegaciones de la Abogacía del Estado y no entregar la documentación solicitada
De momento, el Supremo ha optado por no ceder ante la asociación empresarial. "El juicio de proporcionalidad entre los intereses concurrentes debe tener presente que la documentación solicitada no arrojaría información sobre los servicios de navegación aérea, servicios estos que defiende la asociación recurrente", afirma la sala. Preguntada por los siguientes pasos a emprender tras este revés, la organización optó por no atender a La Información.
APCTA, que responde a las siglas de Asociación Empresarial de Proveedores Civiles de Tránsito Aéreo del Mercado Liberalizado, es un lobby del sector aéreo como así reconoce ella misma en el registro oficial de los grupos de presión en España. Su perfil es muy discreto, ya que apenas puede consultarse su ficha en el registro de asociaciones empresariales -no tiene página web ni redes sociales- y los únicos datos de contacto son los de su secretario general, el abogado Francisco Singüenza, y su despacho de abogados.
La organización empresarial representa a empresas como Saerco o Ferronats (anteriormente Ferrovial), que gestionan buena parte de las torres de control en aeropuertos españoles. Estas empresas han emprendido en los últimos meses una ofensiva contra Enaire, el dueño de Aena, por asumir la gestión de estos emplazamientos y arrebatarles un negocio que se ha ido liberalizando en los últimos años. Uno de estos últimos recursos administrativos lo emprendió Ferronats, ahora en manos de Serveo (Portobello), para paralizar esta operación porque, a su juicio, limitaba "la competencia efectiva en los 21 aeropuertos".
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