Los debates han sido intensos. En palabras de uno de los 14 expertos de la comisión sobre transición energética creada hace seis meses por el Gobierno, "han saltado chispas". Pero los choques no han trascendido. La comisión tiene previsto presentar en unas semanas el resultado de sus trabajos, con los escenarios y propuestas que deben dar forma a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Hay una fundamental. La comisión propone reordenar toda la fiscalidad que afecta al sector de la energía.
Entre presiones e intereses, la comisión ha acordado recoger en sus propuestas un profundo cambio en el sistema de impuestos que rige en el sector energético. Se trata, sostienen fuentes del grupo. de "internalizar los costes ambientales, cambiando la fiscalidad actual por una fiscalidad basada en las emisiones que afectará a todos los consumos". En suma, una vuelta más al lema "quien contamina, paga".
La clave es reordenar. Las propuestas de la comisión tienen que ser financiables. Por ello, si hay propuesta para suprimir determinadas cargas fiscales en una actividad, habrá otra propuesta de reasignación en otra. No habrá oportunidad para que, como sucedió en el pasado, los desajustes de ingresos y gastos engorden una bola de deuda -déficit tarifario- que llegó a rondar el 3% del producto interior bruto (PIB).
El debate sobre la fiscalidad está especialmente vivo en el sector eléctrico. En enero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo planteó ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 15/2012 de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. Con esa ley, el Gobierno de Mariano Rajoy creó un impuesto del 7% sobre cualquier tipo de generación de electricidad para parchear el agujero del déficit tarifario.
Iberdrola se lanzó en tromba contra el nuevo impuesto casi inmediatamente. La compañía sostuvo en su recurso que la norma era inconstitucional y contraria al ordenamiento jurídico de la UE. Más aún: en su opinión, el impuesto era -y es- un tributo extrafiscal que implica una doble imposición con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Y eso es lo que el Supremo pide al Constitucional que aclare: ¿el recargo del 7% se solapa con el IAE o es compatible?
Como bien saben los expertos de la comisión, lo de los impuestos no es un asunto menor. Hay muchos intereses en juego y saltan intereses y tensiones en cuanto se toca el sistema. Sólo por el recargo del 7%, el Tesoro recauda anualmente más de 2.700 millones de euros, que trasvasa después al sistema eléctrico. Desde su implantación, se habrían recaudado en torno a 13.000 millones. Cosa seria.
Cambios en el recibo eléctrico
Lo que es menos serio es la estructura del recibo eléctrico que pagan los 11,5 millones de clientes acogidos al mercado regulado. Más de la mitad de la factura nada tiene que ver con el consumo o el precio de la energía. Son peajes -transporte, distribución, renovables, etc.- e impuestos a la electricidad más un 21% de IVA. Es una cesta que hay que revisar.
El final de los trabajos de los comisionados no es el final de la polémica que acompaña al ministro del ramo, Álvaro Nadal, prácticamente desde su nombramiento. Sin esperar a las recomendaciones de los expertos, el responsable de Energía ha apostado por el mantenimiento de las centrales de carbón y de las nucleares; ha diseñado un borrador de decreto para impedir el cierre de instalaciones y ha adelantado que serán las empresas propietarias las que tendrán que hacerse cargo del desmantelamiento de las nucleares cuando se produzca su cierre.
La comisión se creó en julio de 2017 con el encargo de "analizar posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico y que permitan cumplir con los objetivos establecidos de la forma más eficiente posible", según recogía el comunicado oficial.
Las alternativas, en marzo
En marzo, el informe de los expertos debería recoger alternativas que analicen la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) para lograr una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono. Lo hará. Habrá argumentos para todos.
Pero a la vista de las últimas decisiones del Gobierno, con Nadal al frente, el terreno para debatir se ha achicado mucho. La comisión lo sabía y lo sabe. Quizá por ello, su presidente Jorge Sanz -exdirector general de Política Energética- recomendaba al Ejecutivo a finales del pasado año que fuera"neutral" y no tomara partido por ninguna tecnología energética para "evitar errores" porque "siempre los paga el consumidor". Eso sí. Lo hizo "a título personal".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios