Un pacto aún por firmar

Microsoft negocia para sellar la paz con Hacienda en otro pleito de 21,5 millones

La Agencia Tributaria exigió 12,9 millones en impuestos e intereses y 8,59 millones en Impuesto sobre Sociedades por los precios de transferencia fijados para las transacciones con otras empresas del grupo.

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Microsoft negocia para sellar la paz con Hacienda en un pleito de 21,5 millones.
Noelia Murillo - Europa Press

Microsoft quiere llegar a un acuerdo con Hacienda para zanjar definitivamente el último gran pleito fiscal que mantiene en España. La compañía ha iniciado un procedimiento amistoso con la Agencia Tributaria respecto a un acuerdo de liquidación y una sanción que suman más de 21,5 millones de euros. Está referido íntegramente al Impuesto sobre Sociedades en concepto de precios de transferencia, es decir, la ‘tarifa’ que se fija por parte del gigante dueño de Windows y Office para las transacciones con otras empresas del grupo. En la pugna histórica arrancada en la primera parte de la década pasada logró una reducción de más del 40% en la factura final.

El caso arranca antes de la Navidad de 2020. Hacienda inicia una investigación sobre el impuesto que grava los beneficios y otros tributos como el IVA o retenciones profesionales declarados tanto por Microsoft Ibérica, la filial principal, como Microsoft International Holdings Spain, que en el pasado englobaba multitud de filiales europeas y se aprovechaba los beneficios fiscales de su estructura de ETVE. Respecto al primero, que es el más relevante en el caso de la multinacional, se recibió un acuerdo de liquidación en febrero de 2023 de 12,99 millones, incluidos los intereses de demora, tal y como queda reflejado en la documentación de la compañía consultada. Dos meses después recibió un expediente sancionador de 8,5 millones que deriva del mismo procedimiento -esta cifra no se conocía aún-.

La empresa ha decidido resolver por la ‘vía pacífica’ este procedimiento, que primero debería agotar todas las vías administrativas para luego iniciar la fase de la Audiencia Nacional y, posteriormente, el Tribunal Supremo. En el pasado, estos pleitos necesitaron casi una década para resolverse definitivamente. Ante este contexto, la empresa optó pagar los 12,99 millones de euros del acuerdo de liquidación e impugnarlo mediante reclamación económico-administrativa. Es el paso previo para iniciar un procedimiento amistoso que fue aceptado por las autoridades en el verano de ese año 2023. La compañía no ha determinado, ni en la memoria anual ni en los hechos posteriores al cierre, si ha habido una resolución del caso.

El precedente de este procedimiento hay que encontrarlo en uno de los dos pleitos históricos que mantenía el gigante tecnológico dirigido por Satya Nadella con la Agencia Tributaria. Unos años después de que le reclamara 18,6 millones de euros en Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios entre 2007 y 2009, ambas partes suspendieron el procedimiento al haberse iniciado esa negociación. Eso fue en septiembre de 2018. Tres años y medio más tarde, en abril de 2022, se firmó la paz después de que se aceptara la propuesta planteada por Hacienda, reduciendo el importe inicial hasta los 10,6 millones de euros. El pago efectivo se ejecutó en el mes de  diciembre.

Tiene otro procedimiento amistoso abierto en España derivado de la inspección iniciada en julio de 2017 por el periodo entre 2012 y 2014 y para otros impuestos entre 2013 y 2015. Se recibieron dos actas de liquidación que sumaban 12 millones de euros y fueron abonadas. En julio se impuso una sanción de 5 millones. El grupo impugnó el primero de los acuerdos que alcanzaba casi 9 millones. Tanto este pago como la multa están a la espera de esas conversaciones. En todos los casos, la filial no ha provisionado ninguna cantidad por “no poder estimar con fiabilidad los resultados del procedimiento amistoso”. Además, entiende que el riesgo de pérdida “no se considera probable”.

¿En qué consiste un procedimiento amistoso? Está regulado por ley. Se suele solicitar por la empresa y el objetivo principal es tratar de resolver el conflicto derivado de la interpretación o aplicación de los convenios de doble imposición. En el caso del Impuesto sobre Sociedades, lo que suele vigilarse muy de cerca por la inspección en grandes multinacionales como es Microsoft es el pago de los precios de transferencia. Es la ‘tarifa’ que se fija por parte del grupo para poder explotar la propiedad intelectual de algunos de sus servicios digitales abonados a otras empresas extranjeras. Si esos precios se elevan de manera relevante, se reducen los beneficios y, por ende, esos tributos en España. El plazo inicial de resolución es de dos años, aunque se puede ampliar teniendo en cuenta que otros procesos se han resuelto en mucho más tiempo.

Más allá de esta acta vinculada al Impuesto de Sociedades, la inspección que arrancó en 2020 implicó el pago de más impuestos pero que no se han impugnado. En concreto, tal y como ya apuntó La Información, se suscribió un acta de conformidad relativa al IVA por importe de 4,19 millones de euros -incluidos los intereses de demora-. el grupo se dedujo una parte de ese importe de IVA soportado. En marzo de 2023 firmó el acuerdo relativo a retenciones profesionales por 2,3 millones, procediendo al pago del mismo en marzo. En principio, en ninguno de los dos casos se ha presentado impugnación y, por tanto, no hay pleito abierto.

¿Cómo funciona Microsoft España?

Desde hace más de seis años, Microsoft opera en España también como una filial distribuidora directa y no sólo como una comisionista de su matriz irlandesa. En ese momento cambió el modelo para gestionar de manera directa desde la compañía local el negocio de distribución de software y hardware a través de licencias. Lo factura directamente desde Microsoft Ibérica, junto con el de soporte y consultoría a clientes corporativos. Sigue manteniendo una parte de esas comisiones con el grupo en Dublín en distribución y soporte -y también con la matriz estadounidense-, aunque ya representa una minoría en la cuenta de resultados.

En el año fiscal 2023, que acabó en el mes de junio, el holding del grupo en España disparó los ingresos hasta alcanzar los 1.390 millones de euros. De ellos, unos 824 millones corresponden a los ingresos generados por software y servicios basados en la nube (frente a los apenas 488 millones del año anterior); 54 millones a servicios de soporte y consultoría, y 210 millones en las comisiones cobradas al resto de compañías del grupo. Esa subida del 40% en la facturación se atribuye a ese cambio de modelo con un fuerte crecimiento de Azure, su plataforma para ‘cloud’. Con todos los ajustes, el gasto por Impuesto sobre Sociedades fue de 21 millones de euros (14 millones en el ejercicio anterior).

Ante esta subida de las ganancias -y de la facturación- el grupo ha elevado el dividendo extraordinario que entrega al socio único del holding, en Estados Unidos. En el ejercicio 2023, se ha repartido un total de 10,5 millones de euros con cargo a reservas de libre disposición. Esto supone multiplicar por más de tres lo que desembolsó un año antes. Pero está muy lejos de los 344 millones de euros que enviaron en 2021, procedentes en buena parte de la venta de una filial al Irlanda. Esto se produjo después de la ley fiscal impulsada por el anterior presidente estadounidense Donald Trump, que allanaba el camino a la repatriación de dinero ‘extramuros’ de las multinacionales de aquel país.

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