Apple pierde su pugna con la Agencia Tributaria en España por los recargos cobrados tras sus liquidaciones ejecutadas fuera de tiempo en el marco de una inspección fiscal que acarreó una sanción millonaria. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por la matriz irlandesa del gigante fabricante del iPhone con el que pretendía evitar el pago de más de 800.000 euros entre 'sobreprecio' e intereses de demora por una liquidación fuera de plazo del Impuesto de No Residentes ejecutada por el grupo.
El caso arranca en junio de 2015. Los inspectores de Hacienda inician trabajos de comprobación respecto a los ejercicios 2011 y 2012 de Apple Distribution International Limited, compañía irlandesa que es dueña de la filial española que gestiona las once tiendas físicas -ésta compra a la firma recurrente los productos que distribuye en estos espacios- y la que ha registrado ventas de servicios digitales como la nube y otros. Como resultado, según queda reflejado en la sentencia de la Audiencia fechada el pasado 31 de mayo y consultada por La Información, se determinó la existencia de un establecimiento permanente en España de la entidad con sede en Dublín.
En palabras de la propia AEAT, se entiende que una firma opera mediante establecimiento permanente en España "cuando actúe en el territorio por medio de un agente autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del no residente". Hacienda entendió que la empresa irlandesa operaba así, "de lo que se segúía la sujeción a ciertas obligaciones y régimen en cuanto al Impuesto de No Residentes relativo a la distribución de productos y dispositivos electrónicos". Impuso un acta de liquidación millonaria en diciembre de 2016, que fue firmada con el beneplácito de la multinacional estadounidense.
Esta decisión de la Agencia Tributaria y la firma de Apple tenía implicaciones respecto a los ejercicios siguientes. Esa existencia de un establecimiento permanente hace que la factura fiscal por Impuestos de No Residentes sea mayor. A mediados de 2017, Apple presentó declaración y regularizó voluntariamente también el ejercicio 2013-2014. Pero unos meses después, Hacienda le reclama casi 200.000 euros de intereses de demora y un recargo de 666.000 al considerar que esta presentación se hizo fuera de plazo.
Apple reclamó ante el Tribunal Económico-Administrativo, que no le da la razón. Acude a la Audiencia Nacional. El argumento clave esgrimido por la empresa es que las actas de los ejercicios 2011-2012 -cuya cuantía no se hacen públicas en la sentencia- hacen las veces de requerimiento, por lo que ese dinero ingresado voluntariamente -que supera la barrera de los 3 millones de euros- correspondientes a 2013-2014 no tiene por qué ir acompañado de un recargo del 20%. Ahora, la Audiencia le quita a la razón y respalda la visión expresada durante el procedimiento judicial por la Abogacía del Estado.
La Audiencia descarta que se cumpla con los requisitos para 'parar' el reloj de los potenciales retrasos en las liquidaciones de años pasados
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso rechazan que la jurisprudencia previa a la que se agarraban los abogados de Apple sirva para justificar ese requerimiento previo y, por tanto, ese pago extemporáneo. Entiende que esta autoliquidación se presentó sin esa exigencia de la AEAT, lo que hace que el recargo liquidado sea conforme a derecho. Así acaba el primer gran litigio que mantiene la compañía con sede en Cupertino (Estados Unidos) con el Fisco español. Tradicionalmente ha ido firmando las diferentes actas de liquidación en conformidad, al contrario de lo que ha sucedido con otros gigantes tecnológicos como Oracle o Microsoft que han mantenido pulsos que se han alargado hasta una década.
La división irlandesa que ha pugnado con Hacienda por esos recargos es el socio único de Apple Retail Spain, la filial con la que el grupo gestiona todas las tiendas físicas en el país. Esa investigación sobre la dublinesa se hizo en el marco de la que se llevó a cabo sobre la española que acabó con el pago de 14 millones de euros, incluyendo intereses de demora de 2,3 millones de euros, en aquel año 2017. Se refirió, entre otros impuestos, al de No Residentes entre 2011 y 2012.
Sin nuevos 'sustos'
Desde aquella gran inspección fiscal, la compañía de la manzana ha ido presentando sus cuentas sin reportar ninguna investigación 'extra' ni actas de liquidación levantadas. En el último ejercicio fiscal que acabó en septiembre de 2022, según las cuentas presentadas en el Registro Mercantil, declaró unas ventas de 168 millones en la filial de servicios corporativos y 551 millones en la división de los establecimientos y un gasto por Impuesto de Sociedades de 16 millones y 3,3 millones, respectivamente. No hay ninguna provisión actual por gastos en tributos.
La empresa opera en España con dos filiales. Una de ellas, Apple Marketing Iberia, es similar a la que tienen otras multinacionales tecnológicas, dedicada a la prestación de servicios corporativos de soporte y promoción de productos y servicios en el mercado español. Refactura a la matriz estadounidense y a la filial de distribución irlandesa, objeto del caso resuelto ahora en la Audiencia Nacional. La otra, Apple Retail Spain, tiene por objeto registrar todas las ventas gestionadas en sus tiendas físicas. Éstas compran los productos precisamente a Apple Distribution International Limited.
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