Moncloa trata de ganar tiempo para que el mecanismo del tope al gas llegue al Congreso tras obtener la luz verde de Bruselas. El Gobierno valoró someter este jueves a la convalidación del Congreso el Real Decreto-ley 10/2022. Se trata de la norma que recoge el mecanismo ideado por España y Portugal para capar temporalmente el precio del gas a 50 euros/MWh, un plan que aún está pendiente del 'sí' definitivo del Ejecutivo comunitario. Las dudas sobre este último trámite han llevado a Moncloa a retirar este asunto del orden del día del próximo Pleno en el último momento.
El pasado lunes 9 de mayo, las autoridades portuguesas anticiparon que el plan ibérico para imponer un cap price al gas había obtenido el respaldo de Bruselas. El Gobierno español lo confirmó horas después. Pero Bruselas no tardó en diluir la euforia ibérica. Desde la Comisión Europea matizaron que únicamente habían acordado una "evaluación preliminar" y que la decisión formal estaba supeditada al análisis de un sinfín de detalles técnicos.
El visto bueno provisional por parte de Bruselas fue suficiente para que el Gobierno se decidiera a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario ese mismo viernes, con el único propósito de desatascar un nuevo paquete de medidas de ajuste a la producción eléctrica para bajar el recibo eléctrico. Al finalizar del encuentro, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera aclaró que el grueso del real decreto, incluida la medida estrella del tope al gas, no se pondría en marcha hasta contar con la "aprobación formal" de la Comisión Europea.
El organismo que preside Ursula von der Leyen se comprometió a actuar con rapidez, pero han pasado diez días desde que el real decreto entró en vigor y el mecanismo para limitar las ofertas de gas sigue sin obtener el aval definitivo de Bruselas. En estas circunstancias, el Gobierno se resiste a someter al examen del Congreso una medida que ha entroncado las suspicacias de partidos de todo el espectro ideológico.
El calendario aprieta. El Gobierno tiene 30 días de margen desde la aprobación de un real decreto para someter la norma en cuestión a la convalidación del Congreso. En el caso del decreto del tope al gas, el plazo expira en poco más de quince días. Es por ello que Moncloa ha decidido 'darse mus' esta semana, a la espera de que Bruselas decida aprobar el plan ibérico. Por su parte, Ribera ha aprovechado este compás de espera para sumarse a la comitiva que ha acompañado a Pedro Sánchez a Suiza para asistir al Foro Económico Mundial de Davos.
El Gobierno tiene poco más de 15 días para someter a la convalidación del Congreso el decreto del tope al gas
Uno de los detalles que han alargado el debate sobre la 'excepción ibérica' era el precio de referencia al que se ajustarían las ofertas de gas durante los doce meses -a contar desde que Bruselas dé su visto bueno- de vigencia de la medida. Tras una negociación de alto voltaje, la Comisión fijó este umbral en 48,8 euros/MWh de media para el conjunto del periodo, frente a los 30 euros que propuso España.
Pero todavía existen cuestiones que levantan recelos en Europa. Una de ellas es la autorización por parte de la Comisión Europea para que España pueda compensar a las empresas forzadas a ceñirse al nuevo tope, abonando la diferencia entre el límite regulado de 50 euros y el precio que hubieran obtenido al vender libremente en el mercado mayorista. El sector estima el coste total de estas compensaciones en alrededor de 4.000 millones de euros. Bruselas debe aprobar el mecanismo compensatorio que Portugal y España han notificado como 'ayuda de estado'.
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