El Gobierno ha pedido auxilio a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para resolver los "detalles técnicos" del tope al gas. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que son estos pormenores los que están retrasando la presentación ante los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario del mecanismo final con el que España y Portugal limitarán a 50 euros por megavatio (MW) el precio del gas que se emplea en producir electricidad. Bruselas empieza a impacientarse y Ribera ha optado por llamar a la puerta del supervisor ante la complejidad técnica que implica el desarrollo de la excepción ibérica.
Dentro de los muros de la CNMC esta labor de asesoramiento se está desarrollando con la máxima confidencialidad. Los técnicos volcados en esta tarea se cuentan con los dedos de una mano. La cuestión se limita a la Dirección de Energía que encabeza María Jesús Martín Martínez, con más de dos décadas de experiencia en la autoridad reguladora. Ribera ha impuesto a los técnicos de la CNMC silencio absoluto en todo lo referente al citado borrador, la misma política que están siguiendo en el ministerio, que ha preferido no hacer comentarios ante las preguntas de este medio.
Este martes, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quitó hierro al retraso en la cruzada ibérica por intervenir las ofertas de gas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando estaba prevista la aprobación del citado mecanismo de intervención para aliviar la escalada de la luz. "Vamos a lograr no sólo la tranquilidad en los próximos seis meses, sino en el próximo año", aseveró la portavoz. Bruselas no lo tiene tan claro.
La Agencia de Cooperación de Reguladores de la Energía (ACER), que aglutina a los supervisores sectoriales de los Estados miembros, publicó el pasado viernes su informe definitivo sobre el diseño actual del mercado mayorista de electricidad de la Unión Europea, un análisis elaborado a instancias del propio Ejecutivo comunitario. Las conclusiones de ACER han caído como un jarro de agua fría sobre la vicepresidenta tercera, pues el regulador ha vuelto a defender la conveniencia de mantener el actual sistema de formación de precios en el mercado interior de electricidad.
La Comisión Europea tenía previsto esperar al informe del regulador para analizar con toda las cartas sobre la mesa la excepción ibérica. Según distintas fuentes del sector, el documento de ACER ha puesto palos en las ruedas del Gobierno a la hora de aprobar el tope al gas, lo que ha forzado a Moncloa a asumir que el Consejo de Ministros deberá esperar, como poco, hasta la semana que viene para aprobar su plan de choque.
El informe del regulador comunitario ACER ha caído como un jarro de agua fría pues defiende el actual sistema de formación de precios frente a eventuales reformas intervencionistas
El regulador comunitario defendió con contundencia la necesidad de mantener las actuales señales de precios "libremente determinadas y competitivas" en el pool. La posibilidad de que el plan ibérico perturbe el correcto funcionamiento del mercado europeo sigue despertando dudas en Bruselas. Muestra de ello es que la última prueba de fuego que tuvo que pasar Ribera antes de que Europa accediese al tope de 50 euros fue un cara a cara con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, y no con la máxima responsable de Energía, Kadri Simson.
En su carrera por atajar la crisis eléctrica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera se han topado con un foco de resistencia adicional. Se trata de la Autoridad da Concorrência (AdC), la CNMC portuguesa, que ha trasladado a ACER su oposición al tope al gas, a pesar de que el Ejecutivo luso de Antonio Costa se alineó con Moncloa para sacar adelante la 'excepción ibérica'. Según las fuentes consultadas, Costa se sumó a la cruzada de Sánchez en Europa "por pura solidaridad ideológica y geográfica", más que por convencimiento. Ante este escenario, no sorprende que el Gobierno haya optado por recurrir a la CNMC para 'atar' la propuesta definitiva con el asesoramiento del organismo que preside Cani Fernández.
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