Cataluña retoma la senda de crecimiento en energías renovables. Naturgy ha puesto en operación los dos primeros parques eólicos en la región tras diez (largos) años de parón. En concreto, las instalaciones, Els Barrancs y Punta Redona, que suman una potencia conjunta de casi 50 megavatios (MW) y han supuesto una inversión para la gasista de 58 millones de euros, ya están vertiendo energía a la red eléctrica tras recibir los últimos permisos de Red Eléctrica, según ha podido saber La Información en fuentes del sector.
En concreto, Els Barrancs, de 22,98 MW de potencia, está ubicado en el municipio de Vilalba dels Arcs y consta de seis aerogeneradores de 3,83 MW de potencia cada uno. Aquí Naturgy ha gastado 27 millones de euros y la producción anual de la instalación es la equivalente al consumo de 21.000 hogares, lo que evita unas emisiones a la atmósfera de 46.000 toneladas de CO2. Por su parte, Punta Redonda suma una potencia instalada de 26,81 MW y consta de siete aerogeneradores de 3,83 MW cada uno. Este se sitúa en los municipios de Batea, Vilalba dels Arcs y La Pobla de Massaluca. La compañía le ha destinado 31 millones de euros y podría abastecer a más de 23.000 hogares (51.000 toneladas de CO2 al año). La producción conjunta es de más de 150 gigavatios hora (GWh) por ejercicio.
arreón 'verde'
- Naturgy prevé invertir 14.000 millones hasta 2025, de los que aproximadamente dos tercios se dedicarán al impulso de la generación renovable. Aspira a triplicar su capacidad instalada para pasar alcanzar los 14.000 MW. El mayor crecimiento lo experimentará en Europa, seguido de Australia y de otras geografías como Estados Unidos y Chile.
Los dos parques proceden de la época de las llamadas zonas de desarrollo prioritario establecidas por el tripartito en el año 2010. Además, a finales de septiembre del año pasado, la compañía informó de que había iniciado la construcción de casi una treintena de parques eólicos y plantas fotovoltaicas en España, que supondrán la incorporación de 683 MW de nueva potencia al parque renovable nacional, con una inversión de 528 millones de euros. Estarán ubicadas principalmente en Extremadura (310,3 MW), Andalucía (150 MW) y Canarias (71,9 MW). El resto se distribuyen entre Cataluña (49,4 MW), Galicia (46,2 MW), Murcia (34 MW) y Castilla-La Mancha (21,7 MW).
Ocupación de terrenos
En Cataluña, Naturgy tenía ya en marcha los parques de Trucafort (29,85 MW) y Les Forques (12 MW), también en la provincia de Tarragona, donde asimismo está desarrollando el proyecto de Tres Termes, con 30 MW. En relación con este último, Cataluña ha iniciado la ocupación de terrenos al ser considerado de utilidad pública, pese a que la instalación también fue incluida hace 13 años en la zona de desarrollo prioritario por el Ejecutivo catalán de entonces. En concreto, la Generalitat ha convocado a los propietarios de las fincas afectadas para el levantamiento de las actas previas a la ocupación, y si fuera necesario, a las actas de ocupación, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El parque se encuentra en los términos de Batea, Vilalba dels Arcs y La Pobla de Massaluca, también en la comarca de la Terra Alta. Según explican desde RZS Abogados, el acta previa a la ocupación es el documento administrativo en el cual se describe, con la participación de todos los interesados, el bien que va a ser objeto de la expropiación, total o parcial, al efecto de determinar los derechos afectados, sus titulares, el valor de los mismos o los perjuicios determinantes de la rápida ocupación.
Por su parte, el acta de ocupación implica ya el traspaso del derecho o bien expropiado a partir del día siguiente a su firma y una vez se haya procedido al abono de la indemnización al afectado. En estos casos no será procedente recurso alguno, pero los interesados, una vez publicada la relación y hasta el momento del levantamiento del acta previa, podrán formular por escrito ante el organismo expropiante alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación, según el artículo 56 del Reglamento de 26 de abril de 1957 de la Ley de Expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Cataluña está despertando de su letargo en el desarrollo de energías renovables, pero le queda mucho camino por delante. La legislación autonómica y las trabas políticas han dificultado el impulso de plantas tanto fotovoltaicas como eólicas. A partir del Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, tomó algo de impulso. El texto modificó la Ley de urbanismo con el fin de facilitar la instalación de paneles solares sobre las cubiertas de las construcciones y otros espacios urbanos y también acabó con las limitaciones de superficie y distancia establecidas en el caso de instalaciones fotovoltaicas ubicadas sobre suelo no urbanizable, de tal forma que se eliminó así uno de los principales obstáculos en la implantación de esta tecnología.
Bajo un escenario en el que día sí y otro también se conocen nuevos proyectos renovables, la región también quiere aprovechar la fiebre por las energías 'verdes' y tiene solicitudes de proyectos eólicos que suman 1.232 MW, lo que supondría levantar 215 aerogeneradores. Ha rechazado 309 MW (53 aerogeneradores) y todavía no hay ninguna solicitud autorizada, según los datos que ofrece la propia Generalitat. A finales de octubre de 2021, el Govern volvió a intentarlo con el Decreto-ley 24/2021. La idea era introducir medidas para lograr una mayor aceptación social al despliegue de plantas renovables, aunque provocó el efecto contrario en los promotores.
Los promotores de proyectos de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas de potencia superior a 5 MW, situados en suelo no urbanizable, deben demostrar la disponibilidad, o compromiso de disponibilidad, de más del 50% de los terrenos agrícolas privados sobre los que se proyecta la instalación. Además, para solicitar la declaración de utilidad pública junto con la autorización administrativa previa y de construcción, y la declaración de impacto ambiental, tienen que acreditar que disponen, como mínimo, de acuerdos con los propietarios del 85% de la superficie privada que se pretenda ocupar con el proyecto.
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