La mejora del negocio bancario al calor de la escalada de los tipos de interés ha dado un empujón a la rentabilidad del sector, que cerró 2023 en el 12,4%, con una alza interanual de 2,3 puntos porcentuales. Si bien esta cifra ha tocado máximos desde 2015 sin tener en cuenta la fusión entre Bankia y CaixaBank, se encuentra medio punto por debajo de lo que las entidades habrían ganado sin la existencia del impuesto extraordinario. De no haber tenido que hacer frente a este gravamen, el ROE habría alcanzado al término del ejercicio pasado el 12,9%, lo que se traduce en un efecto negativo de medio punto, según se desprende del último informe semestral de Estabilidad Financiera publicado por el Banco de España (BdE).
La posibilidad de que esta tasa, que supuso el 3,9% de los beneficios netos consolidados en España, se convierta en permanente, ha caldeado el debate sobre esta figura, tanto por su diseño como por los efectos a medio y largo plazo que podría ocasionar. Desde el organismo liderado por Pablo Hernández de Cos aseguran que debe ser replanteado e instan a una revisión de la figura, que carga con un 4,8% los intereses y las comisiones generadas en España por aquellas entidades que hubieran facturado más de 800 millones en 2019, el año previo a la pandemia. El argumento esgrimido por el director general de Estabilidad Financiera, Ángel Estrada, se encuentra en el hecho de que una entidad puede verse obligada a realizar este desembolso aunque haya registrado pérdidas, razón por la que insiste en “mejorarlo”.
Su recomendación va en línea con la lanzada por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aunque es reticente a este tipo de tributos, ha pedido reducir sus potenciales efectos distorsionadores y modificarlo para que se ajuste a una definición más clara de beneficios extraordinarios. Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que tantea adaptarlo a la evolución de los tipos de interés, que previsiblemente empezarán a bajar el próximo semestre, o al objetivo de fomentar el crédito a las pymes. Con ello abre la puerta a una fórmula que contribuya a aliviar su carga, como ya se comprometió con las energéticas, aunque no será hasta que lo pacte con sus socios parlamentarios cuando expondrá los cambios a las entidades.
El sector ha recibido con malestar la propuesta sobre el impuesto extraordinario, cuya conversión a ‘indefinido’ acabará desembocando en una pérdida de competitividad frente a otros bancos de la eurozona, según alertan desde la Asociación Española de Banca (AEB), ya que a partir de 2024 solamente estará en vigor en este país. En un momento en el que la rentabilidad de la banca se encamina al coste del capital, las advertencias de parte de la organización que engloba a Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell o Bankinter, entre otras, también han estado dirigidas a la necesidad de que la rentabilidad sea sostenida en el tiempo, factor que se ve lastrado por la falta de previsibilidad regulatoria tanto de parte de Bruselas como de los gobiernos locales.
Precisamente, la falta de "certidumbre legal y fiscal" de España, además de la extensión del impuesto son los principales hándicaps que detectan los analistas como los factores que restan atractivo inversor a la banca, al considerar que limita el reparto de dividendos y, por tanto, frenará la entrada de capital a medio plazo. Partiendo de que el mercado ya ha puesto en precio que se va a prorrogar más allá de este ejercicio, Renta 4 ha estimado que el coste potencial en bolsa de tener que lidiar con una carga tributaria adicional mermará en casi 7.900 millones la valoración que los bancos del Ibex 35 (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Sabadell y Unicaja) podrían alcanzar este 2024 en el parqué.
Según adelantaron en la presentación de los resultados anuales, los pesos pesados del sector abonarán más de 1.400 millones en este concepto, siendo CaixaBank el más perjudicado con el pago de 500 millones. El importe restante se reparte entre Banco Santander (338), BBVA (285), Banco Sabadell (190), Bankinter (100) y Unicaja (77). Importes que previsiblemente habrán cargado a las cuentas correspondientes al primer trimestre, como ya hicieron el año pasado, cuando la cantidad ascendió a más de 1.000 millones, 1.263 millones si se incluye el conjunto de entidades afectadas.
