Las patronales discuten la letra pequeña del impuesto a la banca con Hacienda

Segundo encuentro entre la banca y el Gobierno desde que Pedro Sánchez anunciara por sorpresa la aplicación de una tasa extraordinaria al sector financiero. Esta vez la reunión será de menor nivel, puesto que no han sido invitados los primeros espadas de las entidades. No obstante, si de la anterior cita no se sacó nada en claro, ni siquiera una pista de las opciones que se estaban barajando, en esta ocasión se prevé profundizar en los detalles más técnicos con especialistas en la materia. 

La cita se celebrará este viernes y a ella está previsto que acudan directores generales del Ministerio de Hacienda, así como los directores de asesoría fiscal de la Asociación Española Bancaria (AEB), que representa a entidades como Banco Santander, BBVA o Bankinter, y de la CECA, que aglutina a otras como CaixaBank, Unicaja Banco o Ibercaja. La proposición de ley acaba de ser registrada en el Congreso de los Diputados por parte del PSOE y Unidas Podemos (UP). La idea es aplicar una tasa del 4,8% sobre la diferencia entre comisiones e intereses cobrados y pagados, si bien hasta ahora no existían detalles. 

Se da la circunstancia de que el Gobierno ha elegido presentar este novedoso gravamen en plena oleada de presentación de resultados. Uno de sus principales argumentos para justificar la medida son los beneficios extraordinarios que está previsto que generen los bancos debido a la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). Esto no es visto con buenos ojos por las entidades, ya que en realidad obtener ganancias a través de los intereses y las comisiones es la forma en la que funciona su negocio. A diferencia, no preocupó la situación del sector durante todos los años en los que la política monetaria era totalmente extraordinaria y anormal.

Posible pleno en la última semana de agosto

Pero pese a la batería de razonamientos que la banca ha trasladado en contra de su aplicación, lo cierto es que el Ejecutivo tiene claro que quiere sacar adelante esta tasa. Una vez registrada la proposición de ley en el Congreso de los Diputados por parte de la coalición, el siguiente paso es debatir el texto y hacer la toma en consideración ante el Pleno de la Cámara Baja. Fuentes parlamentarias no descartan que esto pueda ocurrir la última semana de agosto aunque habitualmente este mes sea inhábil. Después deberá dirigirse a la Comisión de Hacienda y posteriormente se abriría a todos los grupos parlamentarios. 

Una vez aquí podrá tramitarse por lectura única, como ocurrió recientemente con la ley del Poder Judicial. Si no es de esta forma, deberá abrirse a enmiendas. Finalmente se emite un dictamen, se vota y, en caso de aprobarse, se trasladaría al Senado. Frente a todo este embrollo legislativo, está previsto que la proposición de ley llegue al Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de final de año. Aunque el PP ha manifestado su oposición al respecto, PSOE y Unidas Podemos cuentan con apoyos suficientes para alcanzar el éxito. 

Mira también

Santander calcula que el impuesto resta capacidad de prestar en 50.000 millones

Las entidades actualmente asumen la tasa de depósitos, las aportaciones al Fondo Único de Resolución (FUR) y al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), así como un Impuesto de Sociedades del 30%, frente al 25% que se aplica en general en España. También asumen el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD). El ROE de los bancos, sin contar el negocio internacional, se sitúa en el 6%, inferior al coste de capital. La banca ya ha advertido de que el impuesto extraordinario con el que se pretende recaudar 3.000 millones de euros en dos años resta capacidad al sector financiero para dar crédito en unos 50.000 millones de euros. 

Los despachos de las entidades acogieron la noticia inicialmente con estupor, pero ese sentimiento se convirtió poco a poco en enfado e indignación. El momento ha sido también crucial. La banca y el Gobierno han establecido una relación público-privada extraordinaria desde que estalló la pandemia. Los lazos no solo se limitan a las moratorias aplicadas junto al Instituto de Crédito Oficial (ICO) sobre hipotecas o la inyección de más de 140.000 millones de euros al tejido productivo para sostener su liquidez y, en algunos casos, hasta su solvencia. Actualmente ambas partes incluso están trabajando estrechamente para atajar la exclusión financiera.