La gestión de los residuos radiactivos

El plan de Enresa para el apagón nuclear encalla en el Ministerio de Ribera

La empresa pública presentó el borrador del VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) en marzo pero la tramitación y la aprobación del mismo llevará entre año y medio y dos años.

El CSN aprueba instalar en Almaraz (Cáceres) un almacén temporal individual de residuos nucleares de casi 2.700m2
El CSN aprobó instalar en Almaraz (Cáceres) un almacén temporal individual de residuos nucleares de casi 2.700m2.
EUROPA PRESS

El plan de Enresa para hacer frente al apagón nuclear pactado por el Gobierno con las eléctricas no acaba de despegar. El Ministerio de Transición Ecológica está analizando y puliendo el borrador del plan de residuos-el VII- que debe sustituir al vigente, aprobado en el año 2006. Enresa, la empresa pública encargada de gestionar el desmantelamiento de las centrales entre 2027 y 2035, presentó el borrador del VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) en marzo, pero está varado.

Según el ministerio, el documento está en un periodo de consulta pública que acaba el 12 de agosto. Luego, la dirección General de Política Energética elaborará un "documento de alcance"  medioambiental. El proceso no acaba ahí. El paso siguiente es la vuelta del plan a Enresa para que la empresa pública elabore un Estudio Ambiental Estratégico. Enresa precisa que solo este último paso ocupará entre 1,5 y dos años. Además, el PGRR tiene que pasar el filtro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Fuentes al tanto del proceso apuntan a que el departamento de Ribera está reconsiderando las propuestas centrales de Enresa, entre ellas, construir un almacén de residuos temporal centralizado (ATC)  para 2028 y elegir una instalación geológica permanente en el horizonte de 2073. En 2018, el Ministerio de Transición Ecológica paralizó la construcción de un almacén centralizado en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca) que había sido aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 con mucha polémica y con un presupuesto de más de 1.000 millones. 

El proyecto de Villar de Cañas sigue paralizado. "No se ha movido un metro cúbico de tierra", precisan fuentes del CSN. El Gobierno  tiene que mover ficha para decidir  si se mantiene la estrategia de única instalación centralizada, o se opta por varios emplazamientos,una posibilidad que también recoge la documentación que acompaña al VII PGRR. Enresa presentó el plan en marzo, con el estado de alarma por la pandemia declarado. 

Gráfico nucleares.
Gráfico nucleares.
Santiago Carcar

Fuentes del departamento que dirige Ribera señalan que esa circunstancia ha influido en la tramitación del plan. Enresa asegura por su parte que no tiene constancia de que Transición Ecológica haya puesto peros a sus propuestas de almacenamiento o a la estrategia de gestión del combustible gastado en las centrales, para el que no se contempla el reprocesado sino el almacenamiento de los residuos generados por las plantas. 

Enresa, que renovó su dirección hace dos años, ha cumplido con el trabajo. Se comprometió a elaborar un nuevo Plan de Residuos antes de julio de 2019 y lo hizo, aunque la presentación del plan se retrasó por la falta de Gobierno. La empresa pública está habituada a ajustarse a las circunstancias. En 2014 elaboró otro PGRR para sustituir al del año 2006 -todavía en vigor-, pero el documento ni siquiera vio la luz.

El plan de residuos vigente es un problema. No sirve y ya costó una seria advertencia por parte de Bruselas. En España, los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. Pero corren riesgo de saturación. Las piscinas están ocupadas en un 84% de media, según los datos del Foro Nuclear correspondientes a 2018 . Sin un lugar concreto donde almacenar los residuos, el problema crece.

El borrador de PGRR elaborado por el equipo de Enresa que dirige el exconsejero de Industria de Extremadura, José Luis Navarro, es clave para encauzar el cierre de las centrales nucleares pactado. Según lo acordado por las eléctricas y el Gobierno, el cierre de instalaciones será escalonado. Se desarrollará entre 2027 y 2035, lo que supone una horquilla temporal amplia: seguirán funcionando más de 40 años, pero menos de 50.

Para hacer frente a lo que se viene encima, el nuevo plan prevé, entre otros puntos, aumentar un 20% la tasa que pagan las eléctricas para gestionar los residuos -de 6,69 euros/Mw a 8,08 euros MW- y resucitar el ATC para abaratar el coste de gestión de los desechos. En todo caso, la aprobación del VII Plan de Residuos permitiría encauzar una situación que, según los datos de Foro Nuclear ha costado 1.778 millones entre 2010 y 2018 y que costará otros 1.486 millones entre 2019 y 2022.

Los retrasos en la tramitación del Plan engrosan la factura. El 1 de julio de 2017 finalizó el acuerdo de España con la compañía francesa Areva (ahora Orano) para almacenar en Francia los residuos radiactivos de la central Vandellós I, clausurada en 1989. Y cada cada día transcurrido sin que España repatríe la basura nuclear conlleva una penalización de 73.000 euros. 

Es un suma y sigue sin fecha clara. El plan de Enresa debe someterse también a una auditoría ambiental. Es lo que marca la Ley de Evaluación Ambiental de 2013. La norma obliga a someter a una adecuada evaluación todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente. El cumplimiento de todas las obligaciones puede retrasar hasta el año 2022 el fin del proceso. Mucho tiempo.

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