La ministra para la Transición Ecológica pedirá al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una evaluación de la seguridad actual de la central nuclear valenciana tras los cuatro incidentes registrados en lo que va de año.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal alcanza el 100% del cumplimiento, al Banco de España el 99,2%, por su parte a la CNMC arroja un 90% y a la CNMV alcanza el 82,1%.
La anomalía registrada en el interruptor de generación, ubicado fuera del edificio, parece estar asociada a un cortocircuito en uno de los polos, aunque desde la central remarcan que la causa aún está por confirmar.
La renuncia de Josep María Serena i Sender responde a motivos "personales y familiares", según comentan desde su entorno, sin precisar más información ni facilitar ningún comunicado al respecto de la decisión.
Contar con estos informes permitirá a las empresas que operan las plantas nucleares analizar las mejoras tecnológicas que tienen previsto implementar en sus centrales.
A juicio de la compañía, el departamento que preside Teresa Ribera ha rechazado la solicitud de autorización "sin seguir el procedimiento legalmente establecido".
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha señalado que el suceso ocurrido ayer en la central no ha tenido impacto y lo califica de nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).
En opinión de la empresa, el proyecto cumple con todos los requisitos para la concesión, por lo que las cuestiones técnicas planteadas por el CSN "carecen tanto de carácter técnico como de apoyo legal".
La empresa sostiene que este documento, de carácter técnico, demuestra que el proyecto cumple con todos los requisitos de la autorización de construcción de esta planta de concentrado de uranio.
El resultado de la votación ha sido de cuatro votos favorables a la Propuesta de Dictamen Técnico hecho por la Dirección Técnica de Protección Radiológica y uno en contra, del consejero Javier Dies.
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La decisión adoptada se apoya en la escasa "fiabilidad" y en las "elevadas incertidumbres" de los análisis de seguridad de la instalación radiactiva, pero la última palabra la tiene el Ministerio de Transición Ecológica.
En ningún caso la localización y retirada de los equipos citados ha supuesto riesgo alguno para los trabajadores, población o medio ambiente.
El fuego, que ha tenido una duración de unos 15 minutos, no ha afectado a los sistemas de seguridad.
Los ciberdelincuentes consiguieron encriptar parte de los sistemas y, como medida preventiva, ASCA bloqueó las comunicaciones y avisó a sus clientes, siguiendo los protocolos de seguridad.
El desplazamiento contempla una quincena de envíos hasta marzo de 2023 con residuos radiactivos sólidos en lingotes metálicos dentro de bidones, así como "grandes componentes".
El Consejo de Seguridad Nuclear, según se establece en sus procedimientos, ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.
En el momento del fallo, la planta estaba al 15% de carga en turbina, explica el CSN en un comunicado en el que detalla que el titular de la instalación ha iniciado la bajada de carga hasta llegar al modo 3.
La detención se debió a una sobrevelocidad de una protección del equipo. Finalmente lo arreglaron "con resultado satisfactorio". Por otro lado, no ha tenido impacto ni para empleados, ni para el medioambiente.
El fallo de tres válvulas ha originado una alta presión en la descarga de las turbobombas de agua de alimentación principal, lo que ha causado su parada y a su vez la de la turbina y el reactor.
El presidente del órgano nuclear detalló que unas misivas remitidas al Consejo por parte de la Junta y el entorno de la multinacional contenían "insinuaciones impropias", apuntando a tentativas de presión.
El órgano advierte de que no se han adoptado medidas que garanticen los principios de publicidad y concurrencia en los nombramientos directivos, además de poca transparencia en sus retribuciones.
El presidente del Consejo denunció presiones de la minera australiana para acelerar la autorización de la explotación de uranio en Salamanca.
El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, José María Serena, comparecerá en el Congreso el próximo día 8 para explicar las presiones sufridas por el organismo que preside.
La eléctrica se enfrenta a la política fiscal de Ribera; redujo la potencia de todas sus centrales en febrero coincidiendo con las quejas por las cargas impositivas que soportan las centrales.
El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) inicia el estudio de la propuesta de dictamen técnico (PDT) que determinará el futuro de la explotación.
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