El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto al frente de los planes de transición ecológica de la economía para "vender" sus ventajas. Según la presentación que llevaron a cabo Sánchez y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el paquete de medidas de energía y clima para la próxima década creará 300.000 empleos en diez años, supondrá inversiones de 200.000 millones de euros (47.000 de ellos de la Administración y de la UE), elevará el PIB en hasta 25.000 millones y reducirá la dependencia energética del 74% al 59%, con un ahorro sólo en importaciones de 75.379 millones.
El optimismo sobre los efectos de la transición ecológica choca con las críticas que ha recibido la ministra Ribera por los anuncios lanzados desde el mes de junio pasado sobre el proceso que ahora asume Sánchez en primera persona. Aunque el Ministerio de Transición ecológica ha modulado y suavizado sus posiciones en cuestiones como el apagón nuclear (ha admitido prolongar la vida de las centrales más allá de los 40 años) o el veto al diésel -la norma ya no habla de prohibición- las críticas a los planes del Gobierno se suceden.
Con todo, Sánchez ha confirmado que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático recogerá 2040 como fecha límite para permitir la matriculación y venta de coches que utilicen combustibles que emitan CO2 (diésel y gasolina e híbridos), ya que el objetivo será llegar a 2050 con un parque de turismo y vehículos comerciales ligeros sin emisiones.
En la presentación del paquete de medidas de energía y clima, con el que el Ejecutivo quiere sentar las bases para la modernización de la economía española, y posicionar al país "como líder en las energías y tecnologías limpias" que dominarán la próxima década, Sánchez afirmó que no se está "proponiendo nada caprichoso, sino necesario".
El presidente del Gobierno aseguró que este objetivo de un parque de vehículos sin emisiones constituye "una enorme oportunidad" para la industria automovilística, que debe "liderar este cambio". "Es una industria importantísima para nuestro país", dijo. Así, afirmó que es necesario "adoptar un marco claro" para que sea la industria del automóvil en España, "la que está ubicada en nuestro país y nuestros trabajadores, la que se beneficie de esta ola de cambio".
Desde que se conoció el borrador de anteproyecto de la Ley, en el que venía ya recogida esa fecha límite de 2040, tanto el sector del automóvil como las petroleras han rechazado esa prohibición al considerarla "excesiva" y que "socavaba los principios de libertad y progreso".
Asimismo, el sector petrolero ha pedido que se respete la neutralidad tecnológica para abordar la transición energética, ya que el vehículo eléctrico no es una "solución única" para alcanzar los objetivos de descarbonización.
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