Martes, 15.10.2019 - 00:04 h
Intentó que se pagara 'àlgo' por la entidad

Saracho ofreció a Santander días antes de caer el Popular un blindaje a los litigios

Planteó a Echenique abonar un precio de derribo por el Popular a cambio de resarcir al accionista
si la factura legal que estimó el banco era excesiva.

Emilio Saracho
Saracho ofreció a Santander días antes de caer el Popular un blindaje a los litigios. / Efe

Emilio Saracho lanzó una oferta de última hora al Banco Santander para que el grupo cántabro pagase 'algo' por el Banco Popular, que finalmente acabó en manos de Ana Botín al precio simbólico de un euro. Días antes de la caída, el banquero propuso a Rodrigo Echenique, uno de los hombres fuertes de los Botín, abonar un precio de derribo a cambio de conceder a los accionistas del banco unos derechos de cobro (warrants) que les resarciesen si la factura legal por la ampliación de capital del año 2016 resultaba menor a lo que estimó Santander.

El que fuera el último presidente del Popular antes de su resolución ha revelado esta proposición durante su segunda jornada de interrogatorio ante el magistrado José Luis Calama, instructor del procedimiento penal que investiga la caída del banco en la Audiencia Nacional, según informan a La Información fuentes jurídicas presentes en la sesión. De acuerdo a su relato ante el juez, Echenique le dijo a Saracho que estudiarían la oferta pero que entendían que se trataba de algo complejo. Tras mandar al Santander la documentación relativa a los warrants, el Popular no recibió respuesta, si bien es cierto que fue intervenido y vendido por el Frob a la entidad cántabra pocos días después.

El Banco Santander aprobó el 22 de mayo de 2017 (dos semanas antes de la caída) la compra del Popular por 0 euros solo bajo un escenario de resolución -con un margen de negociación de hasta 200 millones- que implicase la amortización de las acciones y de los títulos de deuda AT1 y AT2-. Así consta en la presentación realizada ese día ante el consejo de administración por José Luis de Mora y Víctor Matarranz, que habían estimado un déficit de provisiones en Popular de 11.100 millones de euros, de los cuales 1.100 millones se correspondían con el riesgo legal que representaban posibles reclamaciones por la ampliación de capital del ejercicio 2016.​

Presentación de Santander del 22 de mayo de 2017, fecha en la que el consejo del banco aprobó la compra de Popular en resolución
Presentación de Santander del 22 de mayo de 2017

Con tal 'agujero', el valor que dio Santander a Popular era negativo y así se lo hizo saber José Antonio Álvarez, CEO del grupo cántabro, a los representantes de la entidad en una carta remitida a Miguel Angel Moral Grací el 16 de mayo de 2017. "A la vista de la información revisada, no nos resulta posible emitir una valoración que sitúe las acciones de Banco Popular en el entorno de su precio actual de cotización, y que por tanto pensemos pueda resultar suficientemente atractiva para sus accionistas".

Pues bien, los warrants que ofreció a última hora Saracho a Echenique tenían el objetivo de hacer atractiva a sus accionistas una oferta mínima del Santander. Todo dependería de si el déficit de provisiones que había calculado el grupo cántabro resultaba ser excesivo. De acuerdo a un documento "estrictamente privado y confidencial"  que publicó 'Vozpopuli' y al que también tiene acceso este medio, el plan de Saracho se denominaba "Integración de dos entidades cotizadas con entrega de acciones y warrants para acomodar diferencias de valoración".

Operación inédita

Este tipo de operación, nunca visto antes, fue diseñado en abril de 2017 por el despacho de abogados Uría Menéndez, que precisamente es el bufete de cabecera del Banco Santander, aunque según declaró Emilio Saracho ante el Congreso de los Diputados en julio de 2018, le aseguraron que podían prestarle asesoramiento y que no habría un potencial conflicto de intereses.

Sea como fuere y de acuerdo al borrador del plan, los warrants ofrecían a los accionistas del Popular la posibilidad de recuperar un máximo de entre 2.600 y 3.900 millones de euros -en función de los litigios- si las provisiones que Santander calculó necesarias para el banco finalmente resultaban menores a los 11.100 millones calculados. No obstante, es posible que en el momento en que recibe la oferta, el banco cántabro ya tuviera más o menos diseñado el bono de fidelización que lanzó en julio de 2017 para rebajar el riesgo legal de dicha ampliación de capital.

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