Primer asalto de la negociación del despido colectivo en Indra y el cerco sindical se estrecha para la dirección. Las organizaciones mayoritarias denuncian la ausencia total de datos dentro de la memoria presentada por la empresa que justifiquen las causas económicas y organizativas para esta importante reducción de personal en la filial de soluciones de tecnologías de la información. La compañía se mantiene firme y no reduce ni un ápice su propuesta inicial de 1.036 despidos, ni las condiciones, que se basan en la regulación laboral actual con una indemnización de 20 días por año trabajado con el máximo de una anualidad. El acuerdo con los representantes de los trabajadores, aún muy lejano, es clave para sacar adelante este duro recorte laboral.
Hace una semana, la compañía presidida por Fernando Abril-Martorell presentó por escrito su propuesta formal de despido colectivo a los sindicatos. Durante los últimos días, los equipos jurídicos de las principales organizaciones han estudiado a fondo la documentación. Desde CCOO, el sindicato mayoritario del comité intercentros, aseguran que no se ha podido hacer el trabajo de contraste sobre lo aportado por la dirección, porque no existe información sobre los contratos que se han suspendido o que se han modificado a la baja con grandes clientes o sobre los criterios elegidos para diseñar el plan de reducción de plantilla. "Con la información aportada, no hay causas para el despido", aseguran.
Por eso desde el sindicato han reclamado más documentación con la que probar esa caída real de los ingresos de la división, o la pérdida de contratos con clientes en este sector. Para esto último proponen que se aporte la información detallada sobre los acuerdos mercantiles modificados y cancelados, incluyendo todos los datos necesarios "para poder justificar su inclusión". Insisten en contar con el listado de todas las personas de las que quieren prescindir, pues los criterios tan abiertos planteados hacen que una parte significativa de los 13.000 empleados puedan estar afectados.
También solicitan pruebas sobre la existencia de "numerosas" personas sin trabajo asignado por la obsolescencia de sus conocimientos o con salarios un 20% superior a la retribución fija y la media del rol. Por último, en el lado de la estrategia organizativa de la empresa plantean que se exhiba el número de personas subcontratadas en la filial. Buscan, al menos, tener la oportunidad de rebatir los argumentos de la empresa con datos antes de entrar en la negociación.
La presión sindical se incrementa. Todas las organizaciones, con CCOO, reclaman de nuevo la retirada, al entender que es "injusto y desproporcionado". "Es inadmisible que Indra, con una participación del Estado y teniendo una parte muy importante de su negocio proveniente de fondos públicos, utilice ese dinero para despedir", lamentan. En este sentido, piden que los más de 30 millones de euros que necesitarán para indemnizar a los despedidos -20 días por año trabajado con un máximo de una anualidad- se destinen precisamente al reciclaje formativo de la plantilla ante la nueva ola de digitalización y el despliegue de los fondos europeos en este mercado.
Esta posición es similar a la que ha hecho pública Unidas Podemos en los últimos días al respecto. Tal y como adelantó La Información, el partido de Pablo Iglesias ha reclamado al Estado, dueño del 18% de las acciones a través de la SEPI, que redoble su participación y conseguir que sea competitiva en el mercado. Insisten en que "no tiene sentido" que una empresa tecnológica que puede ser clave para la nueva reindustrialización del país tome una medida que supone "descapitalizarla". Desde el PSOE aún no ha habido ningún movimiento. Los sindicatos son conscientes de que si no hay acuerdo para este ERE se hará más complicado de digerir por el Gobierno de España.
La posición de la empresa
Mientras tanto, la compañía juega sus cartas y, por ahora, se mantiene firme en su propuesta. En esta primera reunión no han reducido el número de afectados, ni han introducido otras medidas como prejubilaciones o mejoras en las condiciones de los despidos. Insisten en que estos recortes están motivados por "la caída de los resultados, el descenso de la demanda y los cambios estructurales del negocio de la compañía". Señalan la existencia de perfiles que "impactan en los niveles de eficiencia, productividad y competitividad" de la tecnológica, ya sea por su cualificación o nivel retributivo o por los cambios en los perfiles de los clientes.
Para justificar la medida, la empresa utiliza las cifras de los nueve primeros meses, donde la división de Soluciones de Tecnologías de la Información tuvo un caída de ingresos de un 4,2%, con un resultado de explotación de pérdidas de 52 millones de euros. Si se analizan los números del tercer trimestre, la fotografía mejora en la filial: un Edit positivo de 9 millones de euros. Y también para la rentabilidad de todo el grupo: un beneficio neto de 44 millones (+41%) pese a una caída de casi el 10% en los ingresos entre julio y septiembre.
Con todo, esto no ha hecho más que empezar. Ambas partes se tendrán que batir el cobre en las próximas semanas para negociar. El día 4 de noviembre es la siguiente reunión. La fecha de finalización inicial es el 17 de ese mes, pero puede ser ampliable en caso de que haya acuerdo de la mesa. Tras la negativa a la retirada, los sindicatos mayoritarios seguirán presionando y buscarán el respaldo del Gobierno. Mientras tanto, el nuevo despido para la división de Defensa y Transporte está a punto de arrancar la negociación.
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