Las cartas ya están sobre la mesa. Indra, participada por el Estado en un 18%, ha planteado el despido de 1.036 empleados en la filial de servicios tecnológicos. Lo ha hecho en la primera oferta que ha presentado a la mesa de negociación que arranca esta semana. Las organizaciones sindicales preparan su particular artillería para hacer frente a este ajuste de empleo, que llega cinco años después del que se firmó en 2015 y que afectó a más de 1.700 puestos. La baza política se utilizará en caso de que no haya acuerdo en esas conversaciones. Acudirán al Gobierno para presionar y tumbar la propuesta recibida, que, en principio, no incluye prejubilaciones voluntarias y sólo despidos con 20 días por año trabajado con un máximo de una anualidad.
El presidente de la compañía, Fernando Abril-Martorell, ya lo advirtió en la junta general de accionistas de junio y en una carta enviada a los representantes de los trabajadores a principios de este mes. Su intención era ejecutar una rebaja de costes después de la retirada del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en marzo con el estallido de la pandemia del coronavirus. El siguiente paso fue iniciar un proceso de negociación de un despido colectivo, aunque desde la compañía siempre se sostuvo que se trataba de medidas de "transformación" de la plantilla. Ahora llegan los primeros números, que han hecho saltar todas las alarmas entre los sindicatos.
Estas organizaciones creen que no está, en absoluto, justificado por la situación actual de mercado. Y pelearán para rebajar las pretensiones de la compañía e, incluso, tumbarlo por completo. Entre las armas que utilizarán está el Gobierno. Hay que tener en cuenta que hoy la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), dependiente del Ministerio de Hacienda, controla el 18,7% de las acciones. Es el socio de referencia, tras Corporación Financiera Alba (10,5%) y Fidelity (9,8%). Buscan presionar ante el Gobierno de Pedro Sánchez, según explican fuentes sindicales, aludiendo a ese carácter 'semipúblico' y a esa pelea que ha mantenido el Ejecutivo por reducir al máximo la destrucción de empleo, especialmente con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Si finalmente se firma, se trataría del primer ERE de esta magnitud en la Sepi tras el estallido de la pandemia.
El primer antecedente hay que encontrarlo en el pasado mes de marzo. La dirección de Indra puso sobre la mesa una propuesta de ERTE para hasta 10.000 empleados, con recortes de salarios de hasta el 25%. El objetivo era paliar el golpe de la pandemia del coronavirus. Desde el Gobierno no se vio con buenos ojos la decisión. La presión de los sindicatos llevó a que la compañía diera marcha atrás y retirara su oferta "con la confianza de que en el momento en que sea necesario apoyen las decisiones que deberá tomar". Hubo contrapropuestas por parte de los trabajadores que no fueron suficientes.
Unos meses más tarde, el Gobierno también presionó a Indra en otro asunto delicado: el nombramiento de una nueva consejera. Se frustró 'in extremis' la llegada de Rosa María García Piñero. ¿La razón? Lo explicaba la propia Indra en un hecho relevante: "Ha comunicado su decisión de no aceptar dicho nombramiento, al haber tenido conocimiento de la intención de votar en contra por parte de la Sepi". Y sí, la sociedad pública había decidido vetar esta decisión, pues García Piñero ocupaba el puesto de responsable de sostenibilidad de la Fundación de Alcoa. El Ejecutivo ha vivido en este tiempo un duro enfrentamiento con la multinacional estadounidense por su decisión de cerrar sus plantas en Galicia y Asturias.
En el consejo de administración de Indra están, en representación de la Sepi, el exministro de Industria en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, y el que fuera diputado socialista y presidente de la Comisión de Industria, Antonio Cuevas. Ambos fueron nombrados a finales del mes de enero del año 2019, seis meses después de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno por la moción de censura contra Mariano Rajoy.
¿Cómo se justifica?
La propuesta de máximos de la empresa es "durísima", según declararon las organizaciones. CCOO insiste en que en España "no hay ni un solo ERE en el que se hayan planteado medidas de estas dimensiones". Los despidos se extenderán por todas las áreas de Indra Soluciones de Tecnologías de la Información y se basan en causas "económicas, productivas y organizativas". Así, ataca a cinco frentes. Por un lado las decenas de 'desasignados', es decir, empleados que llevan "elevados periodos" sin asignación a proyectos facturables a clientes, y los de 'baja empleabilidad'. ¿A qué se refieren con este concepto? Los que están adscritos a tecnologías obsoletas o con conocimientos de demandas decrecientes en el mercado. Por otro, señalan a los empleados con un "desviación salarial" superior al 20% entre su retribución fija y la media del mercado y a las posiciones de dirección y gerencia.
Por último, se centra en un sector que resulta decisivo para el negocio de esta división: el financiero. Grandes entidades subcontratan a Indra para la ejecución de una parte de sus operaciones tecnológicas para procesos como los recobros o la gestión de activos y para la atención al cliente en las sucursales. Este segmento ha sufrido un "progresivo descenso de demanda" en un mercado en consolidación por parte de las entidades, que también han ido desarrollando soluciones de manera interna. La inmensa mayoría de los grandes bancos españoles tienen como proveedor a la empresa semipública.
Esta reestructuración laboral en Indra será una prueba de fuego para otro recorte aún más delicado. Es el que tendrá lugar en Indra Sistemas, la filial que engloba el negocio de Defensa y Transporte. El pasado viernes la dirección de la multinacional comunicó el inicio del proceso. En dos semanas se iniciarán las negociaciones en una división que cuenta con una plantilla de unos 6.000 empleados y que 'vive' principalmente de contratos públicos, ya sea nacionales como internacionales. Desde los sindicatos auguran también una batalla, al entender que no se sostiene después de haberse cerrado un importante número de contratos, como el del sistema de defensa del FCAS, o el Eurofighter.
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