Hace más de dos años que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dejó de publicar mes a mes el informe que desgrana el déficit de tarifa, indicador que mide el desfase entre ingresos y gastos del sistema eléctrico. Se trata de un ejercicio de transparencia que el regulador había desarrollado desde finales de 2017 a instancias del Gobierno de Mariano Rajoy y que el organismo de control y supervisión cortó sin previo aviso en abril de 2019, cuando comenzó a difundir únicamente el dato anual.
La cuestión no es baladí, menos si se tiene en cuenta la convulsión que está viviendo el mercado regulado de electricidad, sacudido por el nuevo recibo de la luz, la escalada de precios del CO2 y los máximos históricos a los que España está pagando el megavatio hora en el pool eléctrico. La vuelta de España a la senda del déficit de la tarifa eléctrica después de un lustro registrando superávit, supone un nuevo obstáculo en el río revuelto del sector eléctrico. Dado que el supervisor solo actualiza las cuentas del sistema una vez al año, se trata de un riesgo difícil de monitorizar.
En octubre de 2020 el Ministerio para la Transición Ecológica ya alertó de "un escenario de incipiente riesgo de nuevo déficit de tarifa eléctrica", en el marco de la configuración del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). De hecho, las previsiones del Ejecutivo anticipaban un déficit de hasta 1.500 millones al cierre de 2020, una cifra que los datos aún provisionales de la CNMC rebajan a 200 millones euros. En lo que va de año, el departamento que dirige Teresa Ribera ha impulsado varias medidas que impactarán en la balanza del sistema eléctrico, pero el regulador no dará cuenta de ello hasta la próxima primavera.
Dada la diferente estacionalidad entre los ingresos y gastos del sistema, así como que los ingresos por peajes de acceso correspondientes a las lecturas de electricidad de un mes no se reciben completamente hasta tres meses más tarde, este es el plazo que tarda el regulador en aprobar las liquidaciones mensuales de las actividades reguladas del sistema eléctrico. Entre los últimos cambios que podrían zarandear la balanza se encuentra la intención del Gobierno de extraer de la factura de la luz 7.000 millones de ayudas anuales a las renovables, o la recientemente anunciada bajada del IVA de la luz del 21% al 10% hasta final del año.
La ley nunca ha llegado a obligar a Competencia a desgranar mes a mes las liquidaciones. De hecho, este ejercicio de transparencia supone un paréntesis en la historia del supervisor. Antes de iniciar esta práctica la CNMC solo publicaba mensualmente la resolución por la que la Sala de Supervisión Regulatoria aprobaba cada liquidación provisional, calificando su importe de "confidencial". Este ha sido el proceder del supervisor en los últimos dos años. Fuentes próximas al organismo consultadas por La Información justifican este cambio con una acuciante falta de personal, situación que ha denunciado repetidamente la actual presidenta de la CNMC, Cani Fernández.
¿Qué es el déficit tarifario?
- El déficit corresponde a la brecha entre el coste real asociado a la tarifa eléctrica (como el transporte o la distribución de la luz) y el total recaudado por el sistema a través de tres fuentes de ingresos: los peajes de acceso a la red, los impuestos y los cargos (importes destinados a cubrir otros costes regulados como la financiación de la entrada de energías renovables).
Desde el año 2000 hasta el 2013 los ingresos del sistema eléctrico se quedaron cortos para cubrir su coste. La curva del déficit llegó a su cresta en 2012, cuando superó la barrera de los 30.000 millones. La cifra fue el punto de inflexión que llevó al Ejecutivo de Rajoy a acometer, un año después, una reforma energética cuyas medidas quedaron recogidas en a Ley Eléctrica de 2013 que prohibió explícitamente los desfases entre ingresos y gastos, de modo que, de incurrir en ellos, los reguladores estaban obligados a subir los ingresos, elevando peajes, cargos e impuestos.
Después de más de una década en números rojos, España volvió a registrar superávit en 2014, situación que se repitió hasta el ejercicio 2018. Los casi 1.700 millones de beneficio que el sistema acumuló en este periodo no fueron suficientes para saldar la deuda acumulada que, al cierre de 2019, se situó en 16.600 millones de euros. En paralelo, el ahorro fue minorando año tras año hasta que, en 2019, el sistema volvió a registrar pérdidas por un importe de 527,7 millones.
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