Telefónica arranca un ahorro millonario, pero por debajo del máximo reclamado inicialmente. El arbitraje entre la brasileña Oi y la operadora junto a sus dos socios (Carlos Slim y TIM) para recalcular el precio de compra de la primera acaba con una reducción de unos 45 millones de euros, una cuarta parte de los más de 200 que plantearon como tope. De esta forma se cierra el capítulo de la adquisición de estos activos móviles. Desde que los incorporara en su balance, el grupo presidido por José María Álvarez-Pallete ha tenido que deshacerse de más de 3,8 millones de líneas de clientes inactivas.
Hace ahora justo un año, Telefónica, Claro y TIM decidieron llevar a arbitraje el caso. Los tres operadores del país solicitaban a Oi una rebaja total de hasta 3.186 millones de reales (620 millones de euros al cambio de la fecha) tras evaluar los activos recibidos. De esa cantidad, un total 1.075 millones de reales (204 millones de euros) correspondían a la española (además de una indemnización). Las tres presentaron un informe de valoración de una entidad independiente. Con esos mimbres acudieron a un arbitraje en octubre de 2022.
Esta semana ha sido notificado formalmente el resultado del procedimiento. En total, según ha informado la operadora española al regulador brasileño, el precio establecido tras el dictamen es de 5.128 millones de reales (unos 940 millones de euros). Al cambio actual supone un ahorro de unos 45 millones de euros respecto a lo comprometido inicialmente. Es en torno a un 25% del máximo solicitado. Hay que tener en cuenta que en abril del año pasado se hizo el pago del grueso de la cifra pactada inicialmente dejando retenidos 93 millones de euros. De esos ha retirado prácticamente la mitad, que es lo que se ahorra.
Como consecuencia de esta firma de la paz judicial, "todas las disputas entre Telefónica y el vendedor en relación con la adquisición serán resueltas y terminadas", aseguran. Se cierra así una pugna que se ha alargado durante más de un año en una compra que ha permitido a los tres compradores consolidar su presencia en el país al adquirir tanto los clientes como los activos de redes -principalmente espectro radioeléctrico- a partes más o menos iguales.
Esta cantidad ha sido acordado por ambas partes en el marco del arbitraje. Oi había buscado en los últimos meses un acuerdo rápido para así evitar que se alargara el procedimiento. El consejero delegado del grupo brasileño, Rodrigo Abreu, aseguró el pasado mes de junio que estaban dispuestos a alcanzar un pacto incluso fuera del procedimiento judicial para también lograr liquidez inmediata del resto de pagos que quedaban pendientes.
Una de las claves de este procedimiento hay que encontrarla en las cifras que ha ido publicando la división brasileña de Telefónica en las diferentes presentaciones de resultados. Se ha tenido que llevar a cabo una limpieza de líneas móviles que estaban inactivas entre las que se transfirieron desde Oi. En total, según el último reporte, han sido 3 millones (2,1 de prepago y 797.000 de pospago) durante el tercer trimestre del año pasado; 339.000 entre octubre y diciembre de ese ejercicio, y 457.000 entre enero y marzo de 2023.
Incluso con ese apagado de cuentas el crecimiento ha sido muy relevante desde la incorporación de los activos al balance. Hay que recordar que en total incorporaba 12,5 millones de clientes. El segundo trimestre del año 2022, el primero con los cambios de perímetro, se saldó con un crecimiento en ingresos móviles del 15% y del 17% en accesos móviles de pospago totales. En el mismo periodo de 2023, con la estabilización lógica y una comparativa más justa, la subida en facturación sigue siendo del 10% (unos 2.300 millones de euros al cambio) y con casi un 5% más de accesos hasta rozar los 60 millones.
La sombra del regulador
Además del arbitraje, la compra de Oi fue especialmente compleja desde el lado regulatorio. Y lo fue porque se trataba de un acuerdo 'ad hoc' de los tres principales operadores para comprar esos activos móviles del cuarto. Esto implicaba una mayor concentración del mercado de las telecomunicaciones en Brasil, dejando al resto de rivales muy lejos. El organismo de defensa de la competencia autorizó la transacción pero con una votación muy reñida. Se produjo un empate a tres votos entre los consejeros, que fue resuelto por el voto de calidad del presidente.
Entre las medidas que solicitaron para compensar la concentración se encontraba la venta de activos físicos y también parte de las frecuencias radioeléctricas. La operadora española inició el proceso el pasado verano para deshacerse de hasta la mitad de las estaciones de radio base que tenía Oi. Sin embargo, en marzo pasado decidió frenar la operación al no aparecer interés en los activos -fijó finales de febrero como fecha tope para recibir ofertas-. Lo confirmó la división de la española en una carta enviada al regulador.
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