Contratos que pasaban inadvertidos por sus bajas cuantías y la cooperación de jefes de policía y algunos alcaldes han sido los puntos claves para desarrollar un entramado que, supuestamente, falseaba datos de tráfico y de accidentes con el fin de aumentar el número de radares en las vías bajo mandato de ayuntamientos. Los cargos públicos y los responsables de los diferentes cuerpos de la Policía Local de cada ayuntamiento se llevarían comisiones a cambio de la instalación de estos aparatos, según se desprende de la investigación.
¿Cómo podían pasar desapercibidos los contratos? Fuentes cercanas a la compañía confirman que las cuantías de los acuerdos rondaban de media los 5.000 euros, por lo que en ciertos ayuntamientos no recibían la suficiente atención. En el último año, cuando la ahora investigada ya formaba parte de Sacyr, Aplicaciones Gespol facturó alrededor de 1,5 millones de euros, según confirman a La Información fuentes de la empresa. La compañía ha asegurado que abrirá una investigación interna al respecto para depurar las posibles responsabilidades.
Los años 2012 y 2013 son los que están en el centro del foco de atención de la UDEF, unidad de la Policía Nacional encargada del caso. Durante esta época, Gespol formaba parte de Bilbomática S.A., una empresa con sede en el País Vasco que dedica su actividad principal al desarrollo de sofware informático. En junio de 2016, Bilbomática acordó la escisión de la rama de prestación de servicios a Cuerpos de Seguridad, que fue vendida en octubre de ese mismo año a Valoriza, filial del Grupo Sacyr por 250.000 euros.
De acuerdo con las cuentas de Bilbomática S.A. del año 2016, los activos segregados de la actividad interrumpida superaban los 4.300.000 euros, mientras que el saldo final del ejercicio se quedaba a las puertas de los 2.400.000 euros. "La diferencia entre los activos y pasivos, esto es 1.998.254 euros, se corresponde con la toma de participación en Aplicaciones Gespol S.L. cuya participación fue enajenada en octubre de 2016", reza la memoria de las cuentas de Bilbomática.
La macrooperación policial continúa abierta y, por el momento, ya se ha cobrado el puesto de varios jefes de la Policía Local de los ayuntamientos investigados. Es el caso de José Manuel López, jefe de este cuerpo en Oviedo, el de Pinto, el de Fuenlabrada y el de Plasencia, en Cáceres, que ya ha sido puesto en libertad con cargos. También está siendo investigado el jefe de Policía Local de Vélez-Málaga, otro de los municipios que estaría, supuestamente, implicado en la trama.
Lo que está claro es que esta trama no entiende de colores políticos. El primer alcalde en caer ha sido el de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, el primero de los ediles de Ciudadanos que se ha visto involucrado en un caso de corrupción. El partido de Albert Rivera ya ha anunciado la suspensión de militancia de Ruipérez, un asesor en la Diputación de León, Sadat Maraña, y el portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento leonés de San Andrés de Rabanedo.
Pero los ayuntamientos en manos del partido de Albert Rivera no son los únicos bajo el foco de la UDEF. La operación también salpica a consistorios gobernados por el Partido Popular y el PSOE -que también ha anunciado que expulsará a los implicados- en los que se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La operación, que aún no ha concluido, ha saldado la jornada de hoy con 39 detenciones entre políticos de distinto signo, jefes de Policía Local y directivos de la empresa adjudicataria, que depende de Sacyr. Del total de arrestados, 18 pasarán a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Badalona - del que parte la investigación-, y otros cinco a uno de Astorga, en León, que ha decidido abrir una pieza separada.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios