Vodafone provisiona 11 millones de euros para afrontar los pagos más probables en los pleitos iniciados por distribuidores terceros ante los cierres de sus tiendas en España. La compañía británica apunta que estos procedimientos fueron abiertos después de una "reestructuración y mejora" del canal de ventas en el país. Esto representa un porcentaje muy pequeño del total que reclaman estos vendedores. El grupo anunció el pasado verano, antes del acuerdo de venta de la filial al fondo de capital riesgo británico Zegona, el cierre de un 15% de establecimientos franquiciados en este proceso de optimización.
Como queda reflejado en el folleto de la ampliación de capital de los futuros dueños de Vodafone España, aproximada 70 distribuidores han iniciado demandas separadas contra la empresa como resultado de la finalización de los acuerdos comerciales "tras reestructuraciones y mejoras del canal de ventas". El importe total reclamado es de aproximadamente 100 millones de euros. Estas reclamaciones "no son inusuales" en la industria de telecomunicaciones y normalmente se cierran con cantidades "significativamente inferiores" a las solicitadas.
Debido a esas diferencias en la práctica, de esa cifra potencial se han provisionado un total de 11 millones de euros por parte del grupo. Desde la compañía aseguran que esas cifras incluyen las clausuras de los últimos cuatro años, no sólo los ejecutados en la última hornada. Los equipos jurídicos y financieros del grupo han unificado los procedimientos en esa nueva 'reserva' de dinero en sus cuentas. Una parte de los mismos tienen que ver con distribuidores externos vinculados con malas prácticas comerciales a los que se les rescinde el contrato y otra con esa reestructuración del canal para ganar en eficiencia
El cierre del 15% de las franquicias del pasado verano -en torno a 90- no es la única medida relevante abordada en el canal físico. También ha habido otras rescisiones de contratos de distribuidores externos. Hay que recordar también que la operadora británica también se desprendió de sus 34 tiendas propias en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ejecutado en el ejercicio 2020 y que supuso la salida de 442 trabajadores de la plantilla española.
El cierre de tiendas físicas ha sido una constante en el sector de las telecomunicaciones en España durante los últimos años debido a la necesidad de hacer más eficiente el proceso de venta -ante el fuerte crecimiento del 'bajo coste'- y a la subida del canal online. Otras operadoras también han ido llevando a cabo estos ajustes durante los últimos años. Orange también lo ha ejecutado. En sus últimas cuentas, como avanzó La Información, contemplaba un gasto de unos 8,5 millones de euros para abordar esta reducción de los establecimientos. A esto sumaba 1,6 millones para lo que la empresa calificaba como "acciones para redistribuir la cartera de clientes" entre diferentes canales y marcas.
Todas estas medidas contempladas por Vodafone son previas a la 'era Zegona'. El fondo aún no ha tomado posesión, pues necesita la autorización por parte del Gobierno a través del 'escudo antiopas'. La firma dirigida por Eamonn O´Hare ha puesto sobre la mesa un plan de reducción de costes para tratar de mejorar las rentabilidades y los márgenes. Una de esas medidas se refieren a los costes de adquisición de cliente. Esperan reducirlos de los 339 euros actuales tomando "diversas acciones, incluso alejando la distribución de las tiendas minoristas tradicionales e incluso cerrando las de bajo rendimiento- hacia las interacciones con clientes en el entorno digital".
Otras provisiones: ONO y la sede
Además de la provisión vinculada a las tiendas, Vodafone mantiene desde hace varios años una relacionada con la pugna judicial con los exdirectivos de ONO. Según apunta Zegona en el folleto de ampliación, de los tres consejeros dos mantienen sus demandas individuales contra la empresa para reclamar el pago del bonus. Ajusta la 'reserva' de 33,3 millones de euros con respecto a estas reclamaciones pendientes. Por su parte, la operadora presentó una demanda contra los administradores: el Supremo falló a su favor y los ejecutivos fueron condenados a pagar una indemnización equivalente al IVA entre abril y agosto de 2014 de las que ONO no se pudo deducir.
Más allá de esas provisiones 'históricas', en el documento también se reflejan otros movimientos económicos en las cuentas. Uno tiene que ver con la reorganización de la sede en Madrid. En junio, antes de la llegada de Zegona, comunicó a los empleados un plan para optimizar el uso del espacio del centro de operaciones. Esto ha supuesto un deterioro financiero de casi 19 millones de euros correspondiente a la "vida útil" de determinados activos arrendados y de 3,8 millones relacionado con activos propios.
Por último también se señala en la memoria de la empresa adjunta la última victoria fiscal lograda en los tribunales españoles por motivos fiscales. Los pasados 18 y 31 de octubre se dictaron sentencias favorables en el Tribunal Supremo a la operadora en relación con las reclamaciones para los años 2012 y 2014, que daban derecho al derecho de reembolso (junto con los intereses de demora vinculados) por un importe total de 81 millones de euros. Se trata de los casos vinculados al Impuesto de Actividades Económicas.
