La sesión judicial del caso Guateque ha estado protagonizada hoy por las conclusiones de las dos acusaciones particulares y también por las de varios letrados de procesados que han reconocido los hechos. Todos se han adherido, con algunos matices, al informe expuesto ayer por el fiscal que acusó a los 30 procesados de haber utilizado "tácticas mafiosas" dentro del "fenómeno de corrupción urbanística" para lucrarse con el adelanto de licencias urbanísticas. Antes había rebajado las penas para cuatro de los acusados por confesión y reparación de daños.
El abogado del Consistorio matritense ha argumentado esta mañana que el silencio administrativo para adquirir una licencia de establecimiento se puede conseguir "teóricamente" pero "en la práctica y materialmente es prácticamente imposible" porque tienen que reunir una serie de requisitos y circunstancias ambientales para conseguirlas.
"Si no hay evaluación ambiental provocaría la nulidad de pleno derecho de dicha concesión. La evaluación ambiental está en la raíz, a juicio de esta parte, en el origen penal de la prevaricación", ha precisado el letrado municipal, que ha argumentado las condiciones que a su entender se dan para imputar a los presuntos cabecillas de la trama corrupta del Guateque diferentes delitos, como el de falsedad documental, "unas conductas que están penadas penalmente".
"En este caso ya nos hemos deslizado unos terrenos en lo que los hechos confirman que estamos en el terreno penal", ha proseguido el letrado que entiende de que "no hay duda de que hay delito y el principio acusatorio no excluye de condenarles no por el artículo 419 del Código Penal, sino por el 420".
Además, ha indicado que la evaluación ambiental a la hora de permitir licencias "no admite discrecionalidad". "Y si no hay discrecionalidad y motivación, se trata de un trámite esencia que desarticula el procedimiento, que es cuando se pretende proteger la prevaricación".
"El funcionario anula lo que determina la ley por su voluntad. Por eso estimamos que la prevaricación concluye y nos adherimos a lo que indica el Ministerio Fiscal en cuanto a valoración de las pruebas y el caso por caso que se indicó", ha dicho.
El abogado del Ayuntamiento ha manifestado además que cuando estalló el caso Guateque la Administración local de entonces se planteó el cambio de normativa, línea que sigue la Corporación actual, para impedir que corruptelas como estas vuelvan a pasar y para "dinamizar y agilizar la concesión de licencias". Así, ha aludido a la creación de entidades colaboradoras y al control que ejerce el Consistorio.
"El Ayuntamiento en la medida que ha estado en su mano ha prestado colaboración con la Justicia y ha puesto todos los medios para perseguir el delito e inicialmente para que no se produjera", ha concluido.
"CONSEGUIDORES NECESARIOS Y FUNCIONARIOS CORRUPTOS"
A continuación, ha sido el turno de exposición de conclusiones del letrado del PSOE. También se ha adherido al "exhaustivo y sólido como una roca" análisis de las conclusiones del fiscal, lo que les obliga a adoptar una "posición subsidiaria" con lo que pide en Ayuntamiento y el Ministerio Fiscal.
No obstante, ha indicado que tras el juicio los hechos constatan que "había cadena de extorsión a empresarios para obtener lo que tenían derecho a obtener pero no querían someterse a la dilación en los plazos, o bien para intentar obtener a lo que no podían por derecho pero que les ofrecían a cambio de dinero".
"Hay una cadena de eslabones de corrupción, que funcionaba desde estudios técnicos privados a conseguidores intermediarios y a funcionarios corruptos. La sentencia de la Sala será un puzzle integrado por unos hechos, pruebas y tipificación penal y el Fiscal y el Ayuntamiento han dado unas precisiones correctas", ha explicado.
Este representante de la acusación también ha apuntado que el supuesto cabecilla de todo este entramado, el exjefe de división de Impacto Ambiental del Consistorio Victoriano Cevallos. "Se ha pretendido en esta Sala imaginativamente decir que era un señor muy gracioso, que cuando hablaba de cantidades no era en serio. Esa excusa es muy imaginativa por parte de la defensa de Cevallos", ha manifestado.
En la sesión de este miércoles también han intervenido las defensas de varios acusados. Entre ellas la representante de la exfuncionaria Sara López, que durante el juicio se declaró culpable y admitió un cobro de 2.500 euros por favorecer una licencia. Así, ha pedido a la magistrada que tenga el cuenta el atenuante de reparación de los hechos y ha solicitado una pena inferior a la del fiscal por arrepentimiento y confesión, "que se produce con anterioridad al inicio del procedimiento".
"Se ha producido una colaboración con la Justicia, lo que ha posibilitado la condena de otros acusados, como Antonio Sanz Escribano. Ha ahorrado pruebas sobre el tráfico de influencias", ha subrayado el abogado, que también ha alegado dilaciones indebidas en la instrucción del caso, "con retrasos injustificados que merecen el atenuante muy justificado", añadiendo que el juez Santiago Torres fue sancionado por un retraso injustificado en la instrucción de este procedimiento.
En la misma línea se han manifestado los abogados de los empresarios inmobiliarios Salvador José Campo García y Julián Félix, quienes en el juicio admitieron su culpabilidad y reconocieron haber pagado "6.000 ó 7.000 euros" al empresario Carmelo García -también acusado- para solucionar los problemas que existían con las licencias de obra de varios edificios. Por último, el letrado del exfuncionario Juan Antonio Montesinos también alegado un atenuante de dilaciones indebidas "muy cualificadas, sin deslealtad al Ministerio Fiscal".
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