CATALUÑA. EL CONSEJO DE ESTADO DICE QUE “HAY FUNDAMENTOS JURÍDICOS” PARA INTERPONER EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

La Comisión Permanente del Consejo de Estado aprobó este jueves por “unanimidad” un dictamen en el que se le dice al Gobierno que “existen fundamentos jurídicos para interponer recurso de inconstitucionalidad”.

Así lo trasladaron a Servimedia fuentes de esta institución después de que concluyera la reunión de la Comisión que ha estudiado la solicitud del Gobierno. Los dictámenes de esta institución no son vinculantes, sino consultivos, pero refuerzan la iniciativa legal a emprender acciones por parte del Ejecutivo.
Ayer miércoles, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solicitó un dictamen urgente al Consejo de Estado una vez que el Parlamento de Cataluña aprobó por la tarde la reforma del Reglamento de la Cámara que posibilita la tramitación de la ley del referéndum y de la ley de ruptura con la que se pretende lograr la secesión de esta autonomía del resto de España.
El Ejecutivo hizo esa consulta, según indicaron desde Moncloa, para que el Consejo de Estado dictamine si es legal o no esta nueva acción del Parlamento catalán, que pretende aprobar las ‘leyes de desconexión’ sin que se debatan y facilitar así lo que se ha denominado como ‘ruptura exprés’.
Esta respuesta del Ejecutivo se enmarca dentro de la estrategia anunciada por el Gobierno central frente al pulso independentista que impulsa el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que pretende celebrar un referéndum de autodeterminación el próximo 1 de octubre. El Gabinete de Rajoy ya ha avisado de que cualquier acción preparatoria de esta consulta tendrá la correspondiente respuesta.
En concreto, el presidente del Gobierno pidió un dictamen urgente sobre el artículo 135 del Reglamento del Parlamento catalán, que contempla la aprobación de leyes por el procedimiento de lectura única a petición del grupo promotor.
Desde Moncloa esperaba que la respuesta del Consejo de Estado fuera rápida y así ha sido, pues no ha tardado ni 24 horas. Se trata, dicen desde el Ejecutivo, de evitar las consecuencias que tendría que entrase en vigor esta reforma que facilita la ‘ruptura exprés’.