CEDAW suspende a España en violencia de género y en el tratamiento que reciben las mujeres y niñas refugiadas

En concreto, pide al Estado español que responda antes del 29 de julio con un informe gubernamental de las medidas adoptadas.

Respecto a la violencia de género, el comité pide al Estado español que revise la legislación vigente en materia de violencia de género, incorporando otras formas de violencia como la sexual; y mejore la formación de los agentes que intervienen en los procesos de las víctimas, con el fin de mejorar su atención y evitar "desafortunadas" situaciones de victimización secundaria o revictimización.

En este sentido, considera que establecer un Pacto de Estado contra la violencia de género "no garantiza que vaya traducirse en un cambio claro de la legislación".

Además, advierte del "compromiso incumplido" por España de dar respuesta a la atención de las mujeres que sufren violencias sexuales o feminicidios que se producen de manera "cotidiana y sistemática" fuera del entorno femenino.

Así, indica que "siguen sin atender la atención que se merecen" las víctimas por mutilación genital femenina, matrimonio forzoso, la violencia obstétrica, la violencia cometida por cuidadores contra mujeres mayores o con diversidad funcional o la violencia contra mujeres migrantes trabajadoras del servicio doméstico, entre otras.

Por otro lado, CEDAW considera "especialmente terrible" comprobar cómo la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) "no garantiza" los mínimos que han de aplicarse en los procesos de entrevista con las mujeres solicitantes de asilo, "muchas de las cuales son posibles víctimas de trata".

Además, asegura que "no se reconocen" las "necesidades específicas" de mujeres y niñas en lo que se refiere al derecho a presentar una solicitud de asilo independiente y a ser entrevistada por separado por parte de alguien con formación, sin que estén los familiares presentes; a recibir información, asesoramiento y traducción por parte de una mujer; a contar con motivación de las denegaciones de asilo que permita recurrirlas; y a tener condiciones de seguridad personal, dignidad y seguridad social y económica.

CEDAW afirma que, según un informe realizado por el Defensor del Pueblo en 2016, la OAR "discrepa de forma sistemática" con ACNUR en la aceptación de solicitudes de asilo. La OAR, según el comité, "cuestiona la credibilidad" de las alegaciones que se presentan, así como la información del país de origen cuando la base de la solicitud está "relacionada con mujeres víctimas de violencia de género o con orientación sexual e identidad de género".